Hughes,
Era muy curiosa la libertad de Madrid. Un currante no puede entrar con el coche ni soñar con comprarse un piso. Lo de entrar quizás se pudiera arreglar —con la debida prudencia, porque instancias (judiciales) más altas podrán caer— tras la sentencia del TSJ que a instancias de Vox anula las Zonas de Bajas Emisiones. Si no jurisprudencia, la decisión sí sienta un precedente y un gran hito político.
En el cortísimo plazo, queda muy tocada, carne de dimisión, la figura del alcalde Almeida y con ella el mito de la gestión del PP, tan gratuito como todo el halo de leyendas que nos rodean.
Pero hay que ir a la sentencia para comprender un poco más su importancia y sentido. El TSJ considera que el informe de impacto económico de la ordenanza ignora y con ello discrimina a «los colectivos más vulnerables económicamente”. Las restricciones a la movilidad, como eufemísticamente se han llamado, se impusieron sin tener en cuenta que muchas personas estaban «impedidas o gravemente dificultadas en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos» que cumpliesen con las exigencias.
Todos conocemos el caso de alguien que ha tenido que plantearse dejar un trabajo en Madrid porque no le alcanzaba para comprarse un coche. La sentencia es clara: «No se hizo una valoración de este factor». Tampoco del perjuicio a las empresas pequeñas afectadas, «autónomos, microempresas o pymes». Del común de los madrileños se olvidaron en un inmenso trágala videovigilado.
El fallo será interpretado como un ataque al medio ambiente de la ultraderecha, rancio lawfare y bla, bla, bla (en la izquierda ya se dice mientras estas pobres líneas son perpetradas) pero la sentencia es clara: no va al fondo de la medida, ni la discute, sino a la forma de aplicarse, a su proporcionalidad. Porque hay que «ponderar en cada caso si las medidas restrictivas son necesarias y proporcionales”, sobre todo ante personas con ingresos reducidos o pequeños negocios incapaces de afrontar los gastos impuestos.
Siempre se trató de esto. No se puede salvar el planeta a costa de una parte de la población, y si se hace, al menos debe compensarse. De lo contrario, el planeta lo están salvando unos para que lo disfruten otros. O para que otros se apunten el tanto. O para que se forren.
La sentencia ayuda a entender el sentido de la acción política de Vox: devolver la proporción ante los delirios ideológicos, ya sean feministas, migratorios o medioambientales. No es la desmesura ni es el extremo, sino la proporción. O sea, una armonía del sentido común dirigida al humilde, al currante, al trabajador.
Vox ha desnudado la mentira de Almeida y la ya mítica capacidad de gestión del PP, autor de tan enorme chapuza, y podrá presentarse legítimamente ante los trabajadores del Madrid metropolitano como su defensor. Ha hecho más por ellos que toda la caterva de vividores, estafadores y demagogos de la izquierda en «nuestros barrios».