Ignacio Ávalos,
Ciertamente no es éste un buen tiempo para la democracia. Su declive ha sido registrado en varios trabajos que se han dedicado a medirla en el mundo, a través de un índice compuesto por cinco categorías: “proceso electoral y pluralismo”, “libertades civiles”, “funcionamiento del gobierno”, “participación política” y “cultura política”. Sin entrar en los detalles, apenas diré que Venezuela se encuentra muy lejos de aprobar el examen a partir de dichos indicadores.
Un “comodín legal”
Siendo consciente de lo que ha sido la vida de los venezolanos durante el último cuarto de siglo, confieso que, de momento, el anuncio me dejó fuera de base, pero en seguida, tras pensarlo unos segundos, no me sorprendió. El picheo oficial se ha vuelto muy predecible para los bateadores de a pie.
Me refiero a la propuesta, por parte de la Asamblea Nacional, de un “Proyecto de Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares”, cuyos “rasgos comunes son, de acuerdo con su artículo 41, “el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad”
Según las opiniones de algunos estudiosos del tema, en dicha ley se ha frivolizado el fascismo como concepto, como ha venido ocurriendo a lo largo del mundo, al punto de que, por ejemplo, Putin ha justificado su conflicto con Ucrania, describiéndolo como un “combate antifascista”.
Se trata, así pues, de un instrumento lo suficientemente chicloso, ambiguo y extenso como para que quepa casi cualquier disidencia con cualquier gobierno.
Así las cosas, la iniciativa que deberán discutir y aprobar los parlamentarios de nuestra AN se asemeja a una ley restrictiva que trata de resguardarse, sin conseguirlo, bajo el paraguas discursivo de un gobierno que se define como revolucionario y de izquierda y cuyo propósito es (¿sigue siendo?) implantar el socialismo del siglo XXI.
Reiteración legal
La anterior tiene una gran semejanza con otras leyes vigentes. En efecto, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, promulgada en el año 2004, prohíbe y sanciona la difusión de mensajes que “inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia”, que “induzcan al homicidio” o que “inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”.
Nuestro repertorio jurídico incluye, asimismo, la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, con el fin de prohibir y castigar, hasta con 20 años de cárcel, a quien “públicamente incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia, real o presunta, a determinado grupo social, étnico, religioso o político”.
En medio de su imprecisión, tales instrumentos pueden aplicarse a discreción de acuerdo con la opinión de algunos abogados, quienes argumentan, por otro lado, que nuestra Constitución es categórica al proteger “el pluralismo político y las libertades de conciencia, pensamiento, manifestación, expresión y asociación y los derechos de participación”.
Se extravió la sensatez política
Es indudable el recrudecimiento de nuestra prolongada crisis política a partir del 29 de julio, cuando el gobierno contradijo el voto popular y recurrió al CNE y el TSJ a fin de que hiciera pública la reelección del presidente Nicolás Maduro. A partir de allí, el oficialismo se ha inventado razones que corren en paralelo con la realidad evidenciada por las máquinas de la votación, y, adicionalmente, ha adoptado diferentes medidas que pretenden penalizar cualquier gesto que desconozca tal decisión.
No tiene sentido seguir invocando la paz para ampliar los mecanismos de represión estatal y no puede ser que la remodelación y la ampliación de la cárcel de Tocuyito se llegue a percibir como el “emblema” de las soluciones con las que se piensa resolver los aprietos por los que se desliza hoy en día nuestra sociedad.
La vida que llevamos los venezolanos es pesada. No le conviene a nadie. Hay, pues, que zanjar el conflicto político y en las actuales circunstancias, la responsabilidad mayor recae en el oficialismo.
Debemos apelar al “sentido común” democrático, esto es, y perdóneseme la perogrullada, a la disposición para sentarse frente a frente en un ambiente de respeto y tolerancia, a sabiendas de que la crisis nos perjudica a todos y que nuestra vida social mejorará en la medida en que se desarrollen las capacidades para cooperar y alcanzar acuerdos que hagan posible y provechosa la vida en común.