WASHINGTON.- Una propuesta legislativa en el Senado pretende convertir en política estadounidense el apoyo a una transición pacífica del poder en Venezuela a los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado; al mismo tiempo, exigir responsabilidades al chavismo por su «represión» a la disidencia luego de las elecciones del 28 de julio tras el robo de los comicios.
La Ley de Apoyo al Rechazo del Electorado Venezolano a la Dictadura y Aspiración a la Democracia (Verdad), presentada por los senadores demócratas Ben Cardin (Maryland) y Tim Kaine (Virginia), busca responsabilizar al «régimen opresor» de Nicolás Maduro por su «represión» contra el pueblo venezolano y sus «continuos esfuerzos para robar» los comicios.
«Estados Unidos debe liderar ahora imponiendo consecuencias claras a Maduro por sus acciones fraudulentas y detenciones arbitrarias y para trabajar juntos hacia una Venezuela próspera post-Maduro», declaró el senador Cardin, que preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta estadounidense.
Cardin aseguró que el apoyo del Congreso estadounidense al pueblo de Venezuela es «inquebrantable» e insistió en que demócratas y republicanos de las dos cámaras trabajarán en este proyecto de ley para «presionar por una Venezuela libre donde la democracia prospere, los derechos humanos sean defendidos y el pueblo venezolano pueda forjar su propio futuro».
Por su parte, el senador Kaine denunció que «el descarado desprecio» del chavismo por «el Estado de Derecho y los derechos humanos» provocó «la mayor crisis de desplazamiento en América Latina, exacerbando la migración en nuestro hemisferio».
«No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Maduro continúa desafiando la voluntad del pueblo venezolano, mientras sufren violencia desenfrenada y escasez de bienes básicos como alimentos y medicinas», señaló el demócrata, que preside el Subcomité del Hemisferio Occidental en el Senado.
Ayuda humanitaria
Por ello, la propuesta incluye un aumento de la ayuda humanitaria para el país sudamericano, para lo que se reutilizarían los «activos confiscados de casos penales estadonidenses contra ciudadanos venezolanos», y establece estrategias para «contrarrestar (…) la persecución política» por parte del régimen de Maduro.
Además, se emitirán sanciones a los funcionarios del régimen que «participan en la represión y el debilitamiento de la gobernabilidad democrática», así como a entidades «rusas, chinas, iraníes y cubanas que prestan apoyo de seguridad» a Maduro.
Unos 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya fueron sancionados el 12 de septiembre por «impedir un proceso electoral inclusivo y competitivo» y «violar los Derechos Humanos y civiles» de la población del país caribeño.
En cambio, aquellas personas que «promuevan una transición democrática» y abandonen la «complicidad» con el régimen en cuanto a los abusos de derechos, se verán exentas de este tipo de penas del Ejecutivo estadounidense.
Esta iniciativa legislativa permitirá «avanzar la democracia en Venezuela (…) y mejorará las condiciones económicas en el país», afirmó Kaine, y destacó que son «pasos hacia la estabilidad en la región».
Presión a Maduro
El 28 de julio pasado, Venezuela celebró elecciones presidenciales en las que la oposición asegura que salió ganadora con una mayoría abrumadora de Edmundo González Urrutia (70%) sobre Maduro (30%). La líder opositora María Corina Machado, junto a González Urrutia, anunció tras la jornada electoral que tenían en su poder las copias de al menos el 80% de las actas de escrutinio que prueban ese resultado y que publicaron en una página web.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que responde a los intereses de Maduro, declaró ganador a Maduro y lo proclamó presidente electo dos días después, sin que haya publicado las actas electorales, como si lo había hecho en anteriores elecciones.
Gran parte de la comunidad internacional expresó sus dudas sobre la legalidad de los resultados ofrecidos por el CNE y la oposición reclama la victoria de González Urrutia.
El pueblo venezolano salió a las calles a protestar el «fraude» los días posteriores al 28 de julio, pero fue fuertemente repelido por el régimen, que hizo uso de la fuerza a través de los cuerpo de seguridad. 27 personas murieron, unas 200 resultaron heridas y más de 2.000 fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas, unos 150 menores de edad, a quienes el régimen les imputó cargos por terrorismo.
A pesar de las condenas internacionales, tanto de países como de organismos como la OEA, la Unión Europea, entre otros, el ministro de la Defensa del régimen, Vladimir Padrino, insiste en mantener el apoyo al régimen.