El antagonismo entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, está en una etapa cumbre. Caracas y Buenos Aires escalan sus fricciones con la emisión casi simultánea de órdenes de arresto contra ambos mandatarios desde sus sistemas judiciales.
La medida contra Milei se sustenta en supuestos delitos de robo agravado, legitimación de capitales, entre otros, a dos años de la controversia por la retención en territorio argentino y entrega a Estados Unidos de un avión de carga de Emtrasur, una aerolínea subsidiaria de la empresa estatal Conviasa que según Washington, está vinculada a las Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.
La orden resulta absurda cuando la entrega a Estados Unidos de la aeronave lo dictaminó el Poder Judicial de Argentina, antes de la toma de posesión de Milei. En el caso de la orden contra Maduro que fue emitida por la Sala 1 de la Cámara Federal de Buenos Aires, la realidad es otra. Es grave y peor. De acuerdo con Tomás Farini, representante del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), así como también abogado querellante contra la dictadura chavista, la Constitución del país albiceleste permite la acusación por delitos de lesa humanidad contra Maduro.
Constitución con súper poderes
En una entrevista con El Tiempo, Farini señaló que la Carta Magna incorpora el concepto de jurisdicción universal, una excepción dentro del derecho argentino, el cual se fundamenta en el principio de territorialidad. Sin embargo, esta excepción permite que los delitos más graves, de relevancia para la comunidad internacional, no queden impunes. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de ejercer su jurisdicción penal sobre los responsables.
“El único requisito judicial es que exista razón para entender que se cometió un delito”, precisó. En ese sentido, Farini destaca que la acusación contra Maduro y su cúpula contiene testimonios de refugiados en Argentina que fueron sometidos a detenciones arbitrarias, torturas y persecución política.
Además, sostiene que la petición de arresto contra Maduro incluyó los resultados de los informes emitidos por organismos internacionales que también constatan los abusos de poder del régimen venezolano para mantenerse en Miraflores, entre ellos, el publicado por la exalta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde apuntó que en el último decenio, especialmente desde 2016, el chavismo y sus instituciones desplegaron una política orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política mediante las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), responsables de las ejecuciones extrajudiciales.
“Hay pruebas consolidadas de los actos propios de Nicolás maduro y de Diosdado Cabello”, indica Farini, quien recabó al menos 30 testimonios de víctimas de amenazas y detenciones en el Helicoide.
Dos capitales en pugna
Esta semana estaría lista la resolución que dispondría el arresto de Maduro y Cabello, pero ¿qué pasará con Milei luego de la orden de arresto impuesta por la Corte Suprema chavista en su contra? Nada. “Lo que hace Venezuela no tiene un sustento jurídico”, insiste Farini.
Ahora bien, con la Sala 1 de la Cámara Federal ordenando la detención inmediata de Maduro, sólo quedaría esperar la emisión de las alertas rojas para consignarlas ante la Interpol. Si Maduro sale de Venezuela, sólo podrá hacerlo hacia destinos con los que tenga vigentes acuerdo políticos e ideológicos como Rusia, Irán, China, Cuba o Nicaragua pero si en el trayecto enfrenta alguna emergencia que amerite un aterrizaje en otro lugar será detenido y trasladado a Buenos Aires.
“Esta orden de arresto de Maduro tiene una connotación especial porque es determinante al hablar de lesa humanidad en un momento que Venezuela significa después de la dictadura chavista: diáspora, tortura y muerte”.