CARACAS. – Un nuevo periodo de aislamiento internacional de Venezuela a partir del 10 de enero de 2025 favorecerá especialmente a los grupos que nutren las actividades de economía negra en el país, tales como desvío y venta ilícita de petróleo, narcotráfico, contrabando de oro y metales preciosos, así como actividades ilegales en puertos y aeropuertos.
A partir de la manipulación de los resultados de la elección presidencial del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro ha roto relaciones con ocho países, incluyendo el cierre de rutas aéreas comerciales con Panamá, República Dominicana y Chile.
Después de la suspensión de los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela; Panamá y República Dominicana habían servido como escala de los pasajeros venezolanos que se dirigen especialmente hacia los Estados Unidos o hacía otros países en el Sur del continente. Sin estas rutas comerciales se pierden aproximadamente 10.000 pasajes por semana, según los cálculos de la Asociación de Agencia de Viajes y Turismo (Avavit).
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado ha advertido del impacto de un nuevo periodo de aislamiento: “Estamos hablando de un régimen que hoy vive más del narcotráfico que del petróleo. Más del tráfico ilegal de minerales, oro, que de cualquier actividad lícita”
Según Machado, a medida que aumenten las sanciones que aíslen a Venezuela aumentará la dependencia del gobierno para operar con estructuras de economía negra, organizaciones del crimen organizado y bandas delictivas.
La clave: evitar rebeliones dentro de la FAN
Según el politólogo Alejandro Tarre “en los análisis sobre cómo la dictadura venezolana logra mantener el poder se subestima el rol del crimen organizado. El gobierno no tiene dinero para pagar salarios dignos a los militares. Para Maduro esto representa un problema, ya que su supervivencia depende de evitar rebeliones en las Fuerzas Armadas”
Tarre sostiene que “las actividades ilícitas pueden llenar el espacio que deja el Estado. En algunos casos, permiten a los soldados aumentar sus ingresos o, al menos, ganar lo suficiente para sobrevivir. En otros, llevan a la creación de enormes fortunas (…) Involucrar a los militares en la economía ilegal tiene una ventaja adicional: mantener el statu quo se convierte en una prioridad para una constelación más amplia de actores”.
A partir de la llegada al poder de Maduro en 2013, el gobierno venezolano comenzó un rápido proceso para entregar a los militares importantes concesiones económicas que se han concretado a través de la creación de hasta 20 empresas militares que controlan áreas esenciales de las actividades económicas formales e incluso de economía negra. El conglomerado económico militar va desde la fabricación de municiones hasta la elaboración de uniformes y embotellamiento de agua.
Un análisis conjunto de la organización Transparencia Internacional (capítulo Venezuela) y la consultora financiera Ecoanalítica concluyó que solo en 2021 (antes de la flexibilización de las sanciones sectoriales impuestas por EEUU) las actividades de economía negra en Venezuela movilizaron 9.444 millones de dólares.
Según estas estimaciones el contrabando de oro, que ocurre principalmente en el Arco Minero del Orinoco (estados Amazonas y Bolívar) y que involucra “a grupos militares, y sus allegados con el ELN y las FARC” generó 1.800 millones de dólares, aproximadamente 4.1% del PIB de Venezuela en 2021-
Por otra parte, el tráfico de estupefacientes, que involucra a sectores militares, con grupos irregulares generó 4.919 millones de dólares, el equivalente a 11.3% del PIB de Venezuela.
La extorsión en puertos fue calculada en 825 millones de dólares (1.9% del PIB), mientras el contrabando de combustible pudo generar, solo en 2021, 1.900 millones de dólares (4.4% del PIB).
En total, en el año en el cual las sanciones sectoriales más aislaron a Venezuela, la economía negra generó 21.7% del PIB del país.
La mayoría de los expertos consultados sostienen que un nuevo periodo de aislamiento favorecerá, no solo las actividades de economía negra investigadas por Transparencia y Ecoanalítica, sino también la llamada “economía sumergida”, es decir las actividades económicas no declaradas que escapan del control de la administración del estado y las estadísticas oficiales que proliferaron especialmente entre 2018 y 2023.