MIAMI.- Antes, durante y después de la elección presidencial del 28J en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro incurrió en persecución y otros graves delitos calificados como crímenes de lesa humanidad contra la oposición política del país, según la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos de la ONU.
En la conclusión del informe publicado este 15 de octubre, la Misión establece que existen motivos razonables para creer que se han producido privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duracion, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, asi como violencia sexual y basada en genero.
También, ha sido cometido el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos, conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma.
Las víctimas, según el informe, son percibidas como obstáculos o amenazas para la realizacion de la agenda política del régimen, por lo que las trataría como enemigos políticos.
La Misión expresa su “especial preocupación” por “un nuevo fenómeno”: obtuvo información sobre la detencion de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) durante o después de las protestas por el fraude electoral, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo. Una información que niega el fiscal afín al régimen, Tarek William Saab.
La conclusión ofrecida por la Misión Internacional en su informe se basa en un análisis de contexto, fáctico y jurídico de las violaciones graves de derechos humanos y delitos cometidos en el pais, entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. No obstante, su foco principal es el contexto de la presidencial que culminó con fraude electoral.
Crímenes para acallar a la oposición
“La Misión tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas durante el periodo que cubre este informe representan una continuacion de la misma línea de conducta que la Misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad cometidos en implementación de una política de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno del Presidente Maduro”, indica la conclusión del informe.
“Estas violaciones constituyen los delitos de encarcelación o privación grave de la libertad fisica en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura y la violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, así como otros actos inhumanos de caracter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
Con relación a las muertes ocurridas en el contexto de las protestas poselectorales, la Misión no cuenta por el momento, según el informe, con información suficiente para hacer una determinación definitiva sobre la autoria de dichos actos. Su determinación como crimen de lesa humanidad queda pendiente.
Contra la población civil
La Misión, sobre hechos documentados, señala que las victimas fueron objeto de discriminacion por motivos politicos.
En ellas se incluye a las personas que “tienen una ideología política diferente y opositora a la del Gobierno”. También, personas que no tienen convicciones políticas específicas o incluso que no tienen ninguna convicción política, pero que son percibidas como obstaculos o amenazas para la realización de la agenda política del régimen.
“En otras palabras, es la definicion del enemigo politico” por parte del perpetrador lo que lleva a su persecucion”, asevera.
La Misión Internacional Independiente recoge en el informe las detenciones masivas y documentadas que demuestran “la sistematicidad del ataque a la poblacion civil” y, además,»evidencian el caracter generalizado de ese mismo ataque», desde el día siguiente a la elección presidencial.
Considera que el régimen de Maduro activó la maquinaria de represión desde octubre de 2023 para desarticular y desmovilizar la oposición política organizada, lo que endureció al iniciarse las protestas ciudadanas contra los resultados del CNE que dieron el triunfo a Maduro. Los “crímenes” fueron cometidos “como parte de y con conocimiento del ataque”, señaló.
Quienes ejecutaron los crímenes, precisa el informe, “eran conscientes” de que la violencia ejercida contra opositores políticos o personas percibidas como tales no fue espontánea, “sino repetida y coordinada”.
Responsabilidades
El informe indica que las fuerzas de seguridad “estuvieron involucradas masivamente en la comisión de violaciones y delitos, principalmente detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, en ocasiones junto con grupos armados de civiles, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual y de genero”.
Menciona la mayor participación de los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como por la PNB y la GNB”, pero precisa que después del 28 de julio, “el papel de la GNB, la PNB y las policias estadales se amplificó, siendo responsables al menos del 60% de las detenciones”.
En ese contexto, la Misión menciona que las declaraciones de Maduro y “de otros altos representantes del Gobierno”, así como del fiscal general, “expresan la política estatal de silenciar las voces críticas o disidentes, anteriormente descrita”.
Pero, también menciona cómo ha sido documentado por la Misión en sus anteriores informes, a “jueces, juezas y fiscales han desempeñado un papel importante en la comision de las violaciones y crímenes contra las personas opositoras o percibidas como tales”.
La Misión identificó “un patron de violaciones graves al debido proceso”, en los casos documentados (138) e investigados (12) durante el periodo postelectoral.
Persecución, crimen de lesa humanidad
Al hacer especial referencia a la persecución, la Misión indica que se ha cometido el crimen de lesa humanidad fundada en motivos políticos, lo que se estableció en su informe de 2020.
Tras señalar que no cualquier violación de un derecho fundamental puede llegar a constituir un crimen de persecución y que “es necesario que las violaciones alcancen un umbral de gravedad equivalente al de los actos prohibidos que constituyen crimenes de lesa humanidad, la Misión considera que en Venezuela la persecución fundada en motivos políticos “está configurado por una serie de conductas, algunas de cuales constituyen en sí mismas crimenes de lesa humanidad”.
Indica que “todas estas violaciones hacen parte de la politica estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno, tomando en cuenta que las mismas tienen elementos similares: son cometidas a través del mismo modus operandi, por parte de los mismos perpetradores (instituciones estatales, fuerzas de seguridad del Estado y grupos de civiles armados que apoyan al Gobierno) y respecto de las mismas víctimas, es decir, personas opositoras o percibidas como tales y personas criticas del Gobierno”.