SONIA SCHOTT,
Faltando dos semanas para los comicios presidenciales del 5 de noviembre, la retórica electoral está más virulenta que nunca, entonces ¿el fin justifica los medios? Y más aún ¿podría volver a ocurrir otro violento incidente como el del 6 de enero de 2021?
Solo basta echar un vistazo a lo ocurrido en 2020, cuando el voto popular fue tan reñido que ni el candidato republicano, Donald Trump, ni sus leales partidarios, pudieron aceptar la derrota.
“Inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2020, al menos 17 funcionarios electorales de condados en seis estados clave intentaron impedir la certificación de los votos totales y muchos de ellos citaron acusaciones infundadas de fraude electoral en un intento por justificar sus acciones” de acuerdo a Norman Eisen, Clare Boone y Samara Angel, del Instituto Brookings.
Los eventos llevaron al Congreso a aprobar la Ley de Reforma del Recuento Electoral de 2022 (ECRA) en sustitución de Ley de 1887, para regular el proceso de nombrar electores presidenciales y tabular sus votos, subsanando disposiciones confusas en la ley original que sirvieron de terreno fértil para el intento de anular las elecciones presidenciales de 2020.
Lo que ocurrió 14 días antes de que el demócrata, Joe Biden, comenzara sus cuatro años como presidente dejó una cicatriz en los valores democráticos del país.
El asalto al Capitolio y la continua negativa de Trump de aceptar su derrota en 2020, posición avalada por el senador JD Vance, su compañero de fórmula presidencial, ha formado parte recurrente de la actual campaña electoral.
La vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, dijo recientemente durante una entrevista con Fox News, que Trump no merecía ser presidente nuevamente en base a los eventos del 6 de enero.
Hasta ahora, más de 1.400 personas fueron acusadas de delitos federales relacionados con el asalto al Congreso y más de 900 condenadas.
Si bien, en junio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que acusar a los autores del asalto al Capitolio de obstrucción de un procedimiento oficial fue inapropiado y que el Departamento de Justicia se sobrepasó. En una opinión del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, el tribunal dictaminó que el gobierno debe demostrar «que el acusado perjudicó la disponibilidad o integridad para su uso en un procedimiento oficial de registros, documentos, objetos u otras cosas utilizadas en un procedimiento oficial».
Mientras, las encuestas continúan mostrando a los candidatos por la Casa Blanca casi empatados en las preferencias, incluso más cerca que cuando las elecciones de 2020.
¿Hemos aprendido la lección de gane quien gane, la transferencia de poder debe ser fluida y pacífica? Muchos votantes temen que se repitan eventos violentos si Trump es derrotado por Harris.
Trump ha desestimado repetidamente la gravedad de ese día afirmando que solo instó a sus partidarios a marchar al Capitolio de manera pacífica y democrática, aunque la semana pasada dijo que consideraría llamar a la Guardia Nacional o al ejército para lidiar con lo que llamó «el enemigo desde adentro», incluyendo a “los lunáticos de la izquierda radical”. También ha calificado a sus críticos como «despreciables y gente malvada» nombrando entre otros, a la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como alguien contra quien consideraría tomar medidas.
Esas amenazas, aunque sean la típica retórica electoral de Trump para energizar a las masas, puede hacer pensar que habla en serio y muchos decidan tomar medidas por sus propias manos.
Esto fue lo que ocurrió el 6 de enero y las consecuencias nunca deben olvidarse.
Actualmente hay innumerables amenazas subyacentes contra la democracia estadounidense. Se sabe, por ejemplo, que Rusia, Irán y otros adversarios, valiéndose de la guerra cibernética, buscan interferir en las elecciones e influir en los votantes.
Tomando en cuenta a los enemigos de Estados Unidos listos para crear o favorecer el caos, es prioridad garantizar un sistema electoral libre de dudas para no dar espacio a ningún partido político de alegar fraude electoral.
El uso de un lenguaje inflamatorio que ataca a las instituciones democráticas es contraproducente, pero parece inevitable que ambos bandos dejen de avivar el fuego en su oratoria cuando hay tanto en juego.