FEE,
He aquí algunas verdades fundamentales sobre economía que los políticos no le dirán.
En primer lugar, es la mala política monetaria la que provoca la subida de precios, no los empresarios o propietarios codiciosos.
En segundo lugar, cuando el gobierno crea inflación, los políticos intentan tontamente frenar su daño mediante controles de precios.
Por mucho que lo intenten, los políticos no pueden derogar las leyes de la economía. Al igual que la gravedad, la oferta y la demanda rigen las acciones humanas y el mercado, dictando los precios en función de la disponibilidad y el deseo.
Desde la antigua Roma hasta las propuestas actuales de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, los políticos parecen empeñados en desafiar estas verdades fundamentales.
Han pasado casi 3.000 años desde que el Código de Hammurabi fijara explícitamente por ley los costes de los bienes y servicios en Babilonia. Los historiadores señalan que la ley fracasó porque los comerciantes se llevaron sus negocios a otra parte.
Dos mil años más tarde, los romanos también intentaron establecer por ley los precios de los bienes y servicios cuando el emperador Diocleciano se enfrentó a una inflación masiva y aprobó su Edicto sobre Precios Máximos. La carne, los huevos y los cereales estaban sujetos a un precio fijado por el gobierno, y cualquiera que violara la ley se enfrentaba a la muerte. Los comerciantes respondieron como era de esperar: trasladaron sus mercancías a otros mercados, y la escasez se hizo habitual.
Es de esperar que en la historia haya ejemplos de experimentos con malas políticas. Sólo cabría esperar que cuatro milenios de repetidos fracasos disuadieran a los políticos modernos de hacer lo mismo. Sin embargo, aquí estamos.
La última iteración de este pensamiento retrógrado proviene de la plataforma económica de Kamala Harris.
Después de supervisar la debilitante inflación como parte de la administración Biden, Harris aboga ahora por políticas que exacerbarán el problema en lugar de resolverlo.
Mientras la inflación carcome los ahorros y los medios de subsistencia del pueblo estadounidense, Harris y sus aliados ignoran el problema central: la inflación inducida por el gobierno.
Entre las propuestas más preocupantes de Harris están sus llamamientos a un plan nacional de control de alquileres y la prohibición de algoritmos de precios que ayuden a los propietarios a fijar los alquileres en función de las condiciones del mercado. Estas propuestas recuerdan a los esfuerzos de control de precios a lo largo de la historia, y el resultado no será diferente.
Aunque es políticamente popular en los salones de las facultades y en las reuniones de los consejos de redacción, el control de los alquileres es notorio por crear escasez de viviendas, reducir la calidad de las viviendas disponibles y desalentar nuevos desarrollos. Cuanto más impulse Harris estas propuestas, peor será la crisis de la vivienda.
En lugares como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, donde las leyes de control de alquileres han existido durante décadas, en lugar de mejorar la asequibilidad, estas leyes han hecho que la vivienda sea más escasa y más cara para la gran mayoría que no puede obtener un proyecto de alquiler controlado (la escasez se desarrolla rápidamente cuando el gobierno fuerza los costes por debajo del valor de mercado). No debería sorprender que estas tres ciudades sigan figurando en la lista de los lugares más caros para alquilar en Estados Unidos.
Los propietarios, constreñidos por límites artificiales de alquiler, tienen pocos incentivos para mantener o mejorar sus propiedades, lo que conduce a un deterioro de la calidad de la vivienda. La construcción de nuevas viviendas, muy necesaria para satisfacer la demanda, se ve a menudo frenada por el temor de los promotores a no poder rentabilizar su inversión. Algunos incluso retiran pisos del mercado y los convierten en condominios para evitar el tope de precios.
El deseo de Harris de prohibir el software que utilizan los propietarios para analizar las condiciones del mercado es otro intento equivocado de interferir en los principios económicos básicos.
Los programas informáticos no son responsables de los alquileres elevados, sino de que las condiciones del mercado sean más evidentes para todos.
Si un propietario intenta poner un precio demasiado alto a sus unidades, el software sugiere una bajada de precios. Por eso en Dallas y Phoenix los precios de los alquileres son más bajos que en las ciudades más grandes de California, a pesar de que en Dallas y Phoenix hay más propietarios que utilizan algoritmos. El interés del software algorítmico radica en las curvas de oferta y demanda, no en los precios abusivos.
Prohibir estas herramientas no reducirá los alquileres; de hecho, hacerlo crearía más ineficiencia en el mercado del alquiler, distorsionando aún más los precios y empeorando la crisis inmobiliaria. Algo así como romper el termómetro porque hace demasiado frío o demasiado calor.
Hay otra propuesta de Harris que sería una sentencia de muerte para los inquilinos. Ella apoya un impuesto sobre las plusvalías latentes. Eso significa que si uno compra una casa para alquilarla y el valor sube, se vería obligado a pagar un impuesto sobre el aumento del valor contable, aunque no la vendiera. Muy pocos invertirían en bienes inmuebles si tuvieran que hacer frente a un impuesto tan punitivo.
Como muchos políticos antes que ella, las propuestas económicas de Harris no reconocen la causa fundamental de la inflación: la impresión de dinero por parte de los gobiernos. Cuando los gobiernos inundan la economía con un exceso de dinero (que es exactamente lo que hizo la Reserva Federal hace unos años), ésa es la receta para que suban los precios. En lugar de abordar este desequilibrio, Harris y sus aliados están redoblando las políticas que empeoran las cosas.
Si la historia nos ha enseñado algo, es que los controles de precios no son la respuesta a la inflación. Desde Babilonia hasta la antigua Roma, desde los Estados Unidos de los años setenta hasta el mercado inmobiliario actual, la lección es clara: cuando los gobiernos intentan fijar los precios, crean escasez, reducen la calidad, distorsionan el equilibrio natural de la oferta y la demanda y hacen sufrir a los consumidores. Si los controles de precios hubieran funcionado, Cuba y la antigua Unión Soviética habrían sido paraísos económicos en lugar de casos perdidos.
No se pueden derogar las leyes de la economía, no importa cuántas veces se intente.
Es hora de aprender de la historia, no de repetir sus errores.