MADRID.- La Fundación Reformismo21 organizó un foro virtual sobre «Venezuela y los Derechos Humanos» en donde un grupo de expertos abordó el tema de cómo los organismos internacionales han dejado el peso fundamental de resolver una crisis a una población indefensa que vive a diario la persecución y las violaciones de sus derechos fundamentales, sin que hasta la fecha hayan dado una respuesta contundente.
Entre estos derechos está el de elegir, el cual fue cercenado, el pasado 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el triunfo de Nicolás Maduro, cuando en realidad fue de Edmundo González Urrutia.
El moderador del foro virtual, director del Seminario internacional de la Fundación Reformismo 21, Ramón Gil-Cásares, dijo que los derechos humanos en Venezuela merecen la máxima atención y preocupación de todos los demócratas de Iberoamérica, de Europa y de Norteamérica.
Recordó como observadores como la OEA, la ONU y el Centro Carter, destacaron la falta de transparencia y las irregularidades en ese conteo de votos en donde nunca mostraron las actas.
“Al pueblo venezolano le robaron sus legítimos representantes… y tras las protestas hubo un uso excesivo de la fuerza pública contra manifestantes pacíficos que fueron detenidos de manera arbitraria escalando una severa represión con 2,400 personas arrestadas tras los reclamos postelectorales», dijo quien ocupó el cargo de embajador de España ante los Estados Unidos entre abril de 2012 y marzo de 2017.
Uno de los ponentes fue el abogado Asdrúbal Aguiar, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Secretario General del Grupo IDEA, profesor titular en la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas) y la Universidad del Salvador (Buenos Aires).
Se refirió a las agravadas violaciones sistemáticas y generalizadas luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio “que expresa de manera protuberante el severo deterioro institucional y el debilitamiento de la experiencia de la democracia que se acusa en Iberoamérica”.
Refirió que lo recientemente dicho por la Organización de las Naciones Unidas, a propósito de las elecciones del 28 de julio, “debería bastar para atizar las correcciones que demanda el orden público internacional y no llegan”.
Lo miembros de la misión independiente concluyen observando que “durante este período, el Gobierno continuó invocando la existencia de conspiraciones que buscaban, según las autoridades, desestabilizar o derrocarlo, incluyendo intentos de magnicidio lo que fue utilizado para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”.
Aguiar manifestó “que existan, sin consecuencias, informes suficientes sobre la tragedia humana que acontece en Venezuela, donde las misiones independientes de la ONU han constatado la existencia y reiteración de típicos crímenes de lesa humanidad: patrones sistemáticos de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, en un contexto de proscripción de las libertades de prensa y de opinión; lo que, asimismo, confirma el informe de la comisión de expertos designado por la Secretaria General de la OEA y permite concluir que existe un cuadro de impunidad tolerado”.
De modo que, dijo el experto, de no mirarse desde lo alto y revisarse en su conjunto el laberinto de acertijos que significa Venezuela y su situación en el cuadro de prosternación democrática “entonces se impulsa la tesis del desencanto en un momento de global debilidad del Estado moderno y de sobrevenida preeminencia de la Aldea Global. Debo repetir que, ante la ausencia de un diagnóstico acertado y la comprensión de su clara etiología, seguiremos los venezolanos transitando infatigablemente por caminos sin salida”, dejándose en mano de los propios ciudadanos indefensos la solución de estos problemas.
Parece “que se nos ha olvidado que una sociedad en donde no estén garantizados los derechos ni la separación de poderes, carece totalmente de constitución”, enfatizó el jurista.
Holocausto jurídico
“Venezuela se ha convertido en un verdadero holocausto jurídico en materia de derechos humanos”, dijo Orlando Viera Blanco, abogado y magister en Ciencias Políticas, presidente de la ONG VenAmérica y quien ha sido asesor de la OEA en Justicia Penal Internacional
No le parece ninguna exageración su planteamiento porque “las estadísticas de devastación en materia de derechos humanos en Venezuela no tienen precedentes”.
Señaló que ciertamente desde la Corte Penal Internacional se siguen las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, pero de una manera ralentizada y en este contexto dijo que fue aceptada una recusación en contra del Fiscal Karim Khan, por conflictos de intereses. “Sobre los retardos procesales que esto pueda producir no deseo hacer mayor énfasis porque definitivamente quien paga son las víctimas”, acotó.
El posible conflicto radica en el vínculo familiar entre Khan y Venkateswari Alagendra, cuñada del fiscal y abogada defensora de Maduro ante la CPI porque esto pudiera generar dudas sobre su parcialidad.
Para sentenciar la importancia del drama venezolano en derechos humanos, enfatizó que desde 2017 al menos 15,000 personas han sido sometidas a juicio de manera arbitraria y sin contar con el debido proceso.
Dijo que Venezuela se había convertido en un “cuartel torturador, con la ayuda del régimen cubano, un Estado terrorista que forma parte de lo que decía el proceso de desmantelamiento absoluto no solamente del Estado sino de todo el sistema de justicia utilizando toda una cadena de mando».
Se producen detenciones arbitrarias para generar el terror y el miedo que ha llevado a un país o un proceso de somalización (para designar la destrucción violenta en un Estado del orden jurídico) en Latinoamérica con más de ocho millones de desplazados.
Se trata de un desmantelamiento completo del sistema de justicia con un derecho a elegir, también escamoteado, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para lavarle la cara al CNE que no podía mostrar las actas «porque decían otra cosa». Es una «devastación inédita en Latinoamérica», agregó.
Un fracaso rotundo
Santiago Cantón, abogado y Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2001-2012) y el primer relator de Libertad de Expresión en el sistema interamericano, hizo un recuento de cómo se manejó la relación con el chavismo en materia de derechos humanos y cómo fue escalando la represión.
Recordó la época de cuando Venezuela le daba petróleo a varios países de América Latina con lo cual también se logró el silencio enorme dentro de la OEA para que nadie se quejara de Venezuela ni hablaran del cuadro represivo que se estaba gestando en el país.
Fue en 2017 cuando se comenzó a hablar de crímenes de lesa humanidad porque ya existían razones suficientes. Pero es en la actualidad cuando ya está plenamente determinado la presencia de esos delitos.
“Esperábamos que en los últimos meses la Fiscalía ya hubiera acusado alguna de las personas que se consideran que son responsables, por supuesto comenzando por Maduro. Eso lamentablemente hasta la fecha no ha llegado”.
Considera que “ha habido un fracaso rotundo en la comunidad internacional y eso no lo podemos ocultar, entre ellas la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Civil”
Destacó que las misiones de investigación están haciendo un trabajo extraordinario, “pero no estamos obteniendo los resultados que uno quiere”, tampoco de la Corte Penal Internacional.
Enumeró las cinco violaciones claves “que acompañan a los dictadores de manera permanente: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y limitaciones a la libertad de expresión” todas ellas en la mesa de la CPI en el caso Venezuela, dijo quien en 2017 formó parte del panel de expertos de la OEA para evaluar crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano.
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