MADRID.- El exembajador de España en Caracas Raúl Morodo, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su hijo Alejo reconocieron ante la Audiencia Nacional la comisión de los delitos de fraude a la Hacienda Pública por haber ocultado ganancias de casi 4,5 millones de euros obtenidas de negocios realizados con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.
«¿Se declara culpable de estos delitos y se conforma a cumplir las penas señaladas?», le preguntó el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, al diplomático. «Sí, señor presidente», contestó Raúl Morodo.
En la misma línea se expresó su hijo Alejo, que aseguró que se conforma con los hechos y con las penas recogidas en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Cabe destacar que el Ministerio Público redujo hasta los 10 meses de prisión su petición para Raúl y a 2 años de cárcel para Alejo por los delitos cometidos contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo, pero finalmente rebajó su solicitud en virtud de dicho pacto, al aplicarles las atenuantes de confesión de los hechos y de reparación del daño, al haber ingresado ambos un total de 1.410.000 euros de la deuda contraída con la Hacienda española..
El juicio continuará respecto a la esposa de Alejo Morodo, Ana Catarina Varandas, para quien la Abogacía del Estado retiró la acusación, pero se enfrenta a una petición de ocho años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía y sigue también acusada por el autodenominado sindicato Manos Limpias, un colectivo con un largo historial de denuncias por corrupción, la mayoría archivadas.
La relación con PDVSA
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción destaca que habría sido entre los años 2007 y 2015 cuando Alejo Morodo habría centrado su «actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional», que le habrían generado «cuantiosas rentas».
Alejo Morodo se valió de «relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España» para así iniciar «una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014».
«Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades», sostiene el Ministerio Público.
Blanqueo de dinero, compleja trama
El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos; uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, un hecho que fue calificado como suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional del caso investigado.
El sistema empleado por el hijo del exembajador y en el que habrían participado los otros acusados consistió en «interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente» los «supuestos servicios» de asesoramiento legal y consultoría que habría prestado entre 2011 y 2014. De esta forma eludía tributar por IRPF y lo hacía por el Impuesto de Sociedades, para obtener más beneficioso. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que deben pagar al Estado los ciudadanos residentes en España.
El origen de los fondos que Alejo Morodo presuntamente ocultó a Hacienda reside en la relación contractual que contrajo con la empresa PDVSA hasta 2014, sirviéndose de las relaciones que su padre entabló con «altos cargos» de Venezuela en su época de embajador durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
El ente anticorrupción describe a lo largo de su escrito el sistema de cobro de fondos de PDVSA por las empresas «interpuestas» de Alejo Morodo y el cruce de transferencias entre estas y su padre, y también menciona la sociedad que ambos crearon en 2007,: Morodo Abogados.