El pleno del Congreso peruano debatirá un proyecto de ley que propone eliminar la solicitud obligatoria de voto de confianza que debe presentar el Poder Ejecutivo para la instalación de sus gabinetes ministeriales. La discusión será clave para la estabilidad del presidente de la nación, el izquierdista Pedro Castillo, así como para la permanencia del parlamento.
La convocatoria ya está hecha. La sesión será presencial este jueves, 6 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio Legislativo. Así lo divulgó la instancia en su cuenta de Twitter, a través de una misiva emitida por el presidente del Congreso, José Williams, del partido Avanza País.
La derogación del voto de confianza es una iniciativa de la bancada del partido Fuerza Popular (tolda opositora liderada por Keiko Fujimori) y Perú Libre (organización aliada de Castillo a cargo de Vladimir Cerrón). Esta medida consiste en echar por tierra esta aprobación que buscan los primeros mandatarios ante el parlamento, 30 días después de haber juramentado a las cabezas de las 18 carteras que conforman el tren Ejecutivo. Para obtenerla, normalmente se requieren la mitad más uno del número legal de congresistas (66 votos).
Intereses detrás
La sorpresiva coincidencia de estas dos fuerzas políticas rivales es estratégica. De esa manera lo interpreta, Paulo Vilca, director del Observatorio Regional en 50+1, en contacto con PanAm Post. El experto asegura que “la propuesta busca el predominio del Congreso sobre el Ejecutivo”, porque “haría más largo el camino de una probable disolución del parlamento”. Es una jugada con anotaciones para todos los participantes. “Se presentó en un contexto en el que se debatía un probable intento de cierre del Congreso, por parte del actual gobierno”, destaca Vilca.
Frente a la incertidumbre, el hemiciclo intenta garantizar su funcionamiento, pues aunque es necesario negar o censurar el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno para que el presidente de la República decrete el cierre del Congreso, existen dudas sobre las maniobras judiciales a las que podría apelar Castillo para concretar la disolución. Es por ello que anteriormente solicitió un informe de Inteligencia con las consecuencias que provocaría al país tanto su vacancia como la disolución del parlamento.
Si el mandatario lo hiciera tendría que convocar a nuevas elecciones dentro de los cuatro meses posteriores a la disolución, la cual no puede ocurrir en el último año de su funcionamiento. Significa que Castillo estaría dentro del tiempo, pero sin las condiciones a favor para decretar la disolución, considerando que el parlamento ha aprobado a los cuatro cambios de gabinete en su primer año de gestión, pese a cuestionar a las figuras escogidas para conformarlos.
Un acuerdo probable
Para Paulo Vilca, director del Observatorio Regional en 50+1, “la propuesta de eliminar el voto de confianza está en línea con los intereses de la mayoría de los congresistas”. Por un lado, el Congreso ya no tendría la obligación de dar el voto de confianza a un Gabinete en cuya conformación no ha participado -no le corresponde por ser potestad única del presidente, quien tiene la discrecionalidad de elegir a quienes lo acompañen en su gobierno- evitándose enfrentamientos innecesarios con el Ejecutivo.
El debate comenzó en febrero y ahora es la oportunidad de concretarse. Además los votos parecen estar. La oposición a Castillo tiene en este momento 43 votos compuestos por la bancada de Avanza País, que tiene 10 integrantes, Fuerza Popular que suma 24 integrantes y Renovación Popular, que actualmente cuenta con 9 miembros. Faltarían los 6 votos de Somos Perú, los 5 de Podemos Perú y por último, 4 más de los llamados «No agrupados».
Tendrían que decantarse la fracción de Acción Popular que cuenta con 15 miembros, la Alianza Para el Progreso con 15 votos también y el partido de Castillo, Perú Libre cuyo número es el más abultado: 37 miembros.
Una maniobra en paralelo
A Castillo y los futuros presidentes de Perú les tocará gobernar, sin turbulencias porque si bien el Congreso decidirá sobre la eliminación del voto de confianza que les otorgará más libertad para sus designaciones, el ente también discute en paralelo dos iniciativas parlamentarias que proponen agilizar la declaración de la vacancia presidencial, rebajando de 87 a 78 el número de votos necesarios para destituir al presidente o ampliando en el reglamento las causales para suspender de sus funciones al primer mandatario nacional.
Los proyectos están ya en la Comisión de Constitución que está presidida por el diputado Hernando Guerra, del partido fujimorista Fuerza Popular. Diego Bazán, de la organización Avanza País, es quien lidera la propuesta que pretende modificar el inciso del artículo 89-A del reglamento del Congreso para reducir de dos tercios a tres quintos el número legal de miembros del Legislativo para votar el acuerdo que declara la vacancia en la Presidencia de la República.
Según publica el medio peruano La República, hay probabilidades de apoyo a la iniciativa de Bazán, que compite en el pleno con la del diputado Alejandro Muñante, del partido Renovación Popular, quien propone incorporar más causales al procedimiento de suspensión del ejercicio de la presidencia, que hasta ahora sólo puede plantearse por la incapacidad temporal declarada por el Congreso o ante un proceso judicial por traición a la patria, no convocar a elecciones, impedir la reunión de organismos electorales o cerrar el Congreso.