MADRID.- Mientras el régimen de Venezuela acentúa las detenciones arbitrarias y procesos contra opositores, la abogada principal de la Oficina Pública para la Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI), Paolina Massidda, instó a esta instancia penal internacional a «mejorar» la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país sudamericano.
Esto, para desempeñar un papel determinante en la prevención de estos hechos y la lucha contra la impunidad.
«Las víctimas tienen derecho a la justicia por todos los crímenes que sufren. Ha llegado el momento de hacer justicia y las víctimas ya no pueden esperar más para que su petición sea escuchada en un tribunal de justicia”.
Massidda participó en el Foro sobre Derechos Humanos en el que el panel de defensores pidió a la CPI «avanzar con la emisión de órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y otros personeros del régimen denunciados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde, al menos, 2014.
El evento realizado en la capital de España fue organizado por el World Jurist Association, Voces de la Memoria, Defiende Venezuela, Human Rights Foundation, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y el World Liberty Congress.
Seguir el ejemplo de Argentina
Durante el foro, el abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), destacó la decisión de la Justicia Federal de Argentina, de emitir órdenes de captura contra Maduro, su ministro de Interior, Diosdado Cabello; y un grupo de militares venezolanos, en septiembre pasado. Argentina fundamentó su decisión en el principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, el cual permite juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar el lugar donde se cometieron o la nacionalidad de las víctimas y los perpetradores, según informa una nota de prensa.
Elisa Trotta, secretaria general del FADD, dijo durante su intervención que el fiscal de la CPI, Karim Khan, debe seguir el ejemplo dado por la justicia argentina, que reafirma con su fallo que la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras.
«Luego de tres años de investigaciones sobre la situación de Venezuela, ya es hora de que la Corte Penal Internacional cumpla su deber y avance contra los responsables de estos crímenes”, dijo.
En el foro participó también Víctor Navarro, quien fue preso político sobreviviente del centro de reclusión y torturas El Helicoide, sede de la policía de inteligencia SEBIN, de Venezuela.
“Después de tantos años de dolor, de impunidad y de revictimización por parte del Estado venezolano, comenzamos a ver una luz en la justicia internacional. Es necesario que estos crímenes no queden impunes, que haya reparación y que podamos construir memoria para que en Venezuela no se repita nunca más el horror de los últimos 25 años”, dijo Navarro, con base al fallo de la justicia argentina.
Crímenes continúan en Venezuela
La académica de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen Ladrón de Guevara, quien ha ejercido la defensa de víctimas del terrorismo en España, señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya calificó como “terrorismo de Estado” los crímenes perpetrados por el régimen de Venezuela, especialmente después de las elecciones del 28 de julio que resultaron un fraude electoral por parte del CNE afín a Maduro.
Por las protestas ciudadanas de esos días se han reportado más de 2,000 personas detenidas, entre ellas 70 niños y adolescentes, casi todos imputados por terrorismo y muchos pasados a juicio.
El presidente del Instituto de Derechos Humanos de la World Jurist Association, abogado Juan Carlos Gutiérrez, afirmó que “las atrocidades más espantosas se siguen cometiendo hoy en día, en pleno siglo XXI. Y esas víctimas tienen derechos y tienen que ser protegidas por esa estructura internacional”.
También resaltó el trabajo de los abogados y de las ONG en el acompañamiento a las víctimas y la documentación de sus casos para lograr justicia, reparación y garantías de no repetición.
En fecha reciente, la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela, de Naciones Unidas, concluyó en su informe que la represión desatada por el régimen de Maduro, que cumplirá más de tres meses sin parar, no tiene precedentes y que se tratan a los opositores y disidentes como «enemigos políticos».