CARACAS.- La defensa del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, entregó el escrito del líder opositor al Ministerio Público tras reunirse este miércoles 4 de septiembre con el fiscal del régimen, Tarek Willliam Saab.
El abogado José Vicente Haro dijo que en el documento se señalan las razones por las que González Urrutia no acudió a la citación. El defensor dijo que las consideraciones políticas serán presentadas por la Plataforma Unitaria y los actores de la oposición.
Por su parte, el fiscal Tarek William Saab informó de la recepción del escrito y sostuvo que el abogado y su representado «reconocieron las competencias constitucionales y legales del Ministerio Público como titular de la acción penal para emprender y desarrollar las investigaciones a que haya lugar. El día de mañana daremos a conocer toda la verdad», dijo el fiscal del chavismo.
Más temprano, Haro denunció que la Fiscalía General se había negado a recibir el documento bajo el argumento de fallas técnicas en su sistema de datos.
Haro afirmó que González Urrutia está dispuesto a declarar, pero no compareció a las citaciones como consecuencia del “grado de indefensión en el que se encuentra, donde se le han precalificado delitos, donde se le están atribuyendo hechos que no revisten carácter penal como si fueran delito”. En el documento también se hace un llamado a la Fiscalía para que retome el “debido cumplimiento de la Constitución” y a que “no pretenda judicializar, pretenda criminalizar actos o consideraciones de carácter político”.
El abogado defensor resaltó que a González Urrutia se le ha violado su derecho a “la presunción de inocencia”.
Orden contra Edmundo González Urrutia
El lunes un juez que lleva casos relacionados con el terrorismo emitió una orden de detención contra el presidente electo por petición de la Fiscalía General.
González Urrutia fue citado por la fiscalía en tres ocasiones, la última el 30 de agosto, para que declarara en una investigación por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demostraban que obtuvo más votos que Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.
Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo de mayoría oficialista, que aseguró que el mandatario obtuvo 6.4 millones de votos frente a los 5.3 millones que recibió González. En cambio, la oposición sostiene que las actas en su poder -copias recolectadas por sus testigos en las mesas de votación y divulgadas mediante una plataforma digital- arrojan que su candidato alcanzó 7.3 millones de votos y Maduro 3.3 millones.
Los resultados anunciados por el CNE fueron ampliamente cuestionados por la oposición y la comunidad internacional por falta de transparencia. Ante las críticas, Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -integrado por magistrados que formaron parte de su régimen- que hiciera un peritaje al proceso electoral. A pesar de las críticas contra este organismo por su falta de imparcialidad, el tribunal certificó la victoria de Maduro y afirmó en su resolución que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos.
Según la petición de la fiscalía, González Urrutia es requerido por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.
González Urrutia que no ha aparecido públicamente desde el 29 de julio, junto a la líder opositora María Corina Machado, denunciaron que son perseguidos por las autoridades. El presidente electo señaló al fiscal general Tarek William Saab de ser un “acusador político” que “condena por anticipado”.