PALOMA VALENCIA,
El pasado 20 de junio, más de 100 mil colombianos salimos a la calle para pedirle al Gobierno Petro que no destruya, que construya sobre lo construido.
Pero el gobierno no quiere ni oír, ni dialogar, ni ceder. El presidente puso un Twitter diciendo que las marchas eran poco nutridas. Tal vez no vio las fotos de sus mejores momentos, o no vio las de sus marchas.
Se han ido convirtiendo en un gobierno parado en unos tacones muy altos de soberbia. Además de sordo, el gobierno es antitécnico. Se reúnen con los sectores sociales, gremiales, incluso con los partidos, se toman la foto y prometen acuerdos, y luego el gobierno presenta los proyectos sin tener en cuenta lo hablado.
Ya son varios los casos. Académicos y expertos explican los problemas de los proyectos del gobierno, y aun así, no cambian una palabra. Tal vez por eso, en la última encuesta de Invamer, la desfavorabilidad del presidente llegó al 59,4%,16 puntos por encima de lo que estaba en noviembre.
Los sectores de centro que apoyaban al gobierno ya no están con ellos. Unos los sacaron y otros se hicieron sacar, por no hacer caso, dijo el presidente. Sus mejores ministros, que no daban tranquilidad a sectores radicales, los echaron: educación, agricultura y hacienda. El gobierno se radicalizó y aún radicales como la Corcho, salieron.
Los escándalos por corrupción no han faltado. Un directivo de Prosperidad Social —que fue de la campaña— entregaba contratos de manera irregular. El director del Fondo Nacional del Ahorro daba puestos a cambio de votos en el Congreso. La exministra de Deporte está investigada por mal manejo del presupuesto. Y entre ruido por la utilización de aviones de contratistas salió el MinTransporte.
El hijo del presidente, Nicolas Petro, está acusado de recibir dinero en efectivo para la campaña de extraditados y personas vinculadas con la corrupción, según versión de su exesposa. El hermano del presidente, Juan Fernando, junto Rueda, hoy alto comisionado para la Paz, visitaban cárceles para supuestamente prometer una sustantiva rebaja de penas si era elegido el presidente Petro. La mano derecha del presidente, Laura Sarabia, también manejaba dinero en efectivo que le fue hurtado, y en la búsqueda hubo ‘chuzadas’ a sus empleadas personales, polígrafo y hasta suicidio. Benedetti, alfil de campaña y embajador en Venezuela, afirmó que se recibieron más de 15 mil millones de pesos en la Costa Caribe, y que si habla de lo que él sabe, se van todos para la cárcel.
El gerente de la campaña presidencial y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está investigado por dineros en efectivo no reportados y por manejo de cuentas personales en la campaña. Los dineros girados a testigos electorales tampoco se contabilizaron. Los pagos de asesoría de algunos extranjeros, entre esos el acusado por corrupción Xavier Vendrell, tampoco aparecen reportados.
El Congreso escuchó el llamado de los colombianos. La ley de sometimiento y humanización de cárceles era la prueba del ‘Pacto de la Picota’. Rebaja de penas, eliminación de delitos y hasta posibilidad de que los delincuentes se quedaran con parte de la fortuna robada. Se hundieron. Lo que es más grave, ahora anuncian el deseo de volver a presentarla e insisten en darles amnistía e indulto a los narcotraficantes y secuestradores. La reforma laboral, que no generaba un solo empleo, sino que podría haber quitado más de 400 mil, se hundió. La legalización de la comercialización de cannabis, que abría la puerta para que grupos armados ilegales pudieran lavar dinero por este método, también.
El ‘Pacto Histórico’ violentó los derechos de la oposición. Nos negaron la posibilidad de determinar el orden del día de la sesión del Senado el pasado 20 de junio. Íbamos a hacer el debate contra el gobierno por financiación ilegal de campaña y ‘chuzadas’. Demandaremos y ojalá el terrible código electoral aprobado ese día con voto electrónico mixto se caiga.
Seguiremos en oposición democrática: sin violencia, con argumentos y con amor por Colombia.