Chile instalará un nuevo proceso constitucional en 2023. La decisión ya está tomada. Los partidos políticos lograron un acuerdo para crear un órgano mixto compuesto por miembros electos y expertos designados por el Congreso para redactar otra propuesta de Carta Magna.
Con este acuerdo constitucional, las distintas fuerzas políticas intentan sepultar el rechazo en el plebiscito de salida del proyecto de 178 páginas que contenían 388 artículos y 54 normas transitorias elaborado por el hemiciclo anterior. Sin embargo, el anuncio implicará un gasto público millonario que exprimirá las cuentas corrientes de Chile cuyos saldos van en picada.
Los fondos estatales tendrán que prepararse para destinar otros posibles 68 mil millones de pesos chilenos, un monto equivalente a 79 millones de dólares, para cubrir la elección, instalación, funcionamiento y campañas del nuevo “Consejo Constitucional” cuando la cuenta corriente de la balanza de pagos de la nación perdió 9428 millones de dólares en ingresos en el último trimestre, una cifra que ronda el 9,9% del Producto Interno Bruto.
Acuerdo con efectos
Es para preocuparse. El saldo de la cuenta corriente mide contablemente el intercambio de bienes y servicios y otras transacciones entre un país y el resto del mundo, cuando mayor son las exportaciones y otros ingresos recibidos mayor será el saldo, cuanto mayor son las importaciones y otros pagos al exterior la caída es inmediata. Además, la clasificación crediticia por las agencias internacional también van en caída ante el debilitamiento fiscal.
Así se enrumba Chile a otra constituyente pero “todos los datos, partiendo por el informe política monetaria del Banco Central indican que el próximo año va a ser particularmente complejo en materia de crecimiento y el país ya está en un proceso recesivo del cual parece que será muy difícil salir. Si se suman las dificultades para el control de la inflación y un nuevo un proceso constituyente que, básicamente agrega incertidumbre jurídica se generará un cóctel muy explosivo” pronostica el dirigente del partido Unión Demócrata Independiente, Giovanni Calderón, en entrevista con PanAm Post.
La visión de Calderón se basa en que “no está claro todavía si las medidas que se han venido implementando durante todo este año por parte del Banco Central lograrán contender los indicadores. Por primera vez, la tasa de interés que venía escalando rápidamente no aumentará pero cuando se tiene una economía que está decreciendo el primer afectado es el empleo y con una inflación que todavía no da signos de alcanzar niveles siquiera parecidos a los que estaban acostumbrado Chile de 5% anual, el escenario se vuelve aún más complejo”.
Percepciones a la baja
El dirigente de la UDI admite que Chile depende de una economía donde los recursos naturales -cobre y litio- son vitales. Sin embargo, las expectativas mineras son pésimas ya. Una encuesta del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) y la consultora Vantaz Group arroja que 78,5% de los ejecutivos y proveedores el país considera desfavorable la situación económica actual y 76,2% califica de negativo el escenario social, de acuerdo con el informe Señales de la Minería. Solo un 34,6% cree que el precio del cobre aumentará en dos años y un 40% que el valor del carbonato de litio despegará en el mismo período.
Estas percepciones en debacle representan un desafío para el gobierno del presidente, Gabriel Boric, quien carece de apoyo político sólido y batalla permanentemente por la caída de su aprobación a mínimos históricos -por debajo del 30%- para sostenerse en La Moneda.
Un proceso sin certezas
El cuestionamiento al acuerdo constitucional abunda en redes sociales y al interior de las toldas porque implica -en teoría y práctica- la continuidad de un proceso que la ciudadanía entendió como cerrado luego del resultado de plebiscito de salida del 4 septiembre donde la opción del «Rechazo» se impuso con 61,87 % de los votos, mientras que el «Apruebo» consiguió 38,13 %.
Esta vez, “al no haber plebiscito de entrada se entiende que la continuación del proceso anterior cuando el artículo 142 de la de la Constitución vigente establece explícitamente que al ser rechazada la propuesta de la comisión sigue vigente la Constitución actual” precisa Calderón.
Ese mandato se hizo a un lado para asumir que la votación de 2020 que aprobó la redacción de una nueva normativa permanecerá eternamente vigente cuando no hay sustento lógico, jurídico ni político para pensar que la ciudadanía mantendrá de una manera determinada la misma opinión en el tiempo.
“Hay un problema de legitimidad y el curso de los días y el tiempo lo comenzará a hacer más presente porque la ciudadanía ve con extrañeza lo acordado. Las prioridades son otras, como la seguridad o la atención a la migración”.
Boric sin fuerza
¿Qué pasará con el gobierno de Boric si el rechazo vuelve a imponerse? “Es tremendamente incierto el panorama” responde Calderón pero destaca que podría transformarse en un referéndum revocatorio porque una segunda derrota consecutiva para este gobierno que está en una condición de fragilidad muy grande sería letal.
Boric necesita ganar esta revancha constitucional. Sin embargo, los obstáculos para conseguirlo están a la vista: el acuerdo requiere de apoyo en la Cámara de Diputado e incluso en Senado para concretarse.
Ambas instancias serán clave considerando que ahora debe aprobarse una reforma constitucional que habilite el nuevo proceso constituyente y esa tramitación necesita un quorum de 4/7 para materializarse.
Nadie puede cantar victoria por el acuerdo constitucional en Chile. En el parlamento se necesitarán 89 votos de los 155 diputados que lo componen y si estos se logran, el proyecto pasaría al Senado donde el un quorum de 4/7 equivale a 29 senadores y la derecha tiene 25.
La tensión recién comienza. Hay congresistas que tienden a tener opiniones discrepantes con sus bancadas. El caso de la diputada izquierdista, Pamela Jiles sirve de espejo. Si bien apoyó el retiro de los fondos previsionales ahora rechaza una nueva constituyente.
La materialización del acuerdo constitucional en Chile cuyo calendario estima elegir en abril a los convencionales para instalar el órgano en mayo, entregar el proyecto en octubre y someterlo en noviembre a votación obligatoria tiene primero que superar el andamiaje institucional para entrar vigencia. Ahí está la gran encrucijada de una iniciativa que transcurrirá con los indicadores económicos a la baja.