OMAR ESTACIO Z.,
Mientras usted lee la presente crónica, «Gustavia S» tanquero con capacidad de 300.000 toneladas DWT, navega rumbo a puerto venezolano para cargar y de allí, darse a la vela hasta China para entregar el preciado crudo.
El «Gustavia» es propiedad de la corporación «Marshall» pero como comercializadora en el citado envío, actúa el «Grupo Vitol».
Las intervenciones de esos dos colosos de tal industria, ha sido posible gracias al alivio, el 18 del mes pasado, de las sanciones impuestas desde noviembre de 2018, contra la administración de Maduro, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros -OFAC sus siglas en inglés- adscrita a la Tesorería Nacional de EEUU.
Antes del alivio, PDVSA para vender una porción considerable de su petróleo, tenía que involucrarse en típicas operaciones de blanqueo de capitales. En los delitos relacionados con el narcotráfico, los «lavadores» o legitimadores de dinero sucio, suelen devengar comisiones que rondan el 10% del total legitimado. Expertos en el combate contra la delincuencia organizada con quienes hemos conversado, desconocen con precisión las modalidades y porcentajes que Irán, la India y otros “lavadores” del Medio Oriente, han venido descontándole a PDVSA por el trasiego financiero y hasta físico, en altamar, del petróleo venezolano. No obstante, es estimado que las “coimas” a cargo de PDVSA eran mayores a las pagadas por los narcos. En cualquier caso, nuestra Tesorería Nacional no tendrá, a partir del 18 del mes pasado, que seguir sufriendo los expolios de los citados corsarios del siglo XXI.
Mientras la Contraloría General de la República, de rodillas ante el oficialista “Partido Socialista Unido de Venezuela”, mantiene vigente la inconstitucional, ilegal pero sobre todo, torticera, inhabilitación de María Corina Machado, candidata de la oposición a la Presidencia y con ello, transgrede de manera impúdica, el propósito y razón de los acuerdos de Barbados del 17 de octubre, el desgobierno encabezado por Nicolás Maduro le saca provecho económico a los documentos suscritos en dicha isla.
EEUU, por su parte, también se lleva su tajada. Aunque nuestra otrora Primera Industria, tiene mermada su capacidad de respuesta ante cualquier aumento en la demanda, lo cierto es que, con ocasión de una licencia de 2022, “Chevron”, la más poderosa petrolera de Norteamérica, ha venido ejecutando tareas de recuperación de nuestra infraestructura bituminosa. Esos «barrilitos» que en lo adelante redireccionarán desde Venezuela hacia EEUU, además de ayudar a aliviar las presiones alcistas de la gasolina, le servirán al Tío Sam, para reactivar varias refinerías de crudo pesado que operan en su territorio que comenzaron a languidecer desde el saqueo de nuestra patria iniciado por Chávez, a partir el 23 de enero de 1999.
Se supone que el 30 del presente noviembre, el equipo del señor Biden evaluará el «avance» del desgobierno de Nicolás Maduro, en materia de condiciones electorales y tomará medidas.
Por nuestra parte, lo único que hemos observado es el empeoramiento de dichas condiciones electorales: Las bravuconadas de Maduro, del “Hombre del Mazo Dando”, del sedicente, Hannibal Lecter de la RoboLución, que no es otro que el mismo, que representó al desgobierno gamberro en las jornadas de Barbados, todos, al coro del latiguillo «No te vistas que no vas» para referirse a la candidatura de la señora Machado; de la persecución judicial contra los integrantes de la Comisión de la Primaria opositora; de las amenazas, de no permitir veeduría de la Unión Europea en las próximas elecciones, so pretexto de la prórroga de la referida comunidad económica de las sanciones contra el grupete que usurpa el Poder en Venezuela.
A nadie -incluido el State Department- le hace falta esperar hasta el 30 de noviembre para advertir la deriva violatoria de los acuerdos de Barbados, de la pandilla encabezada por Nicolás Maduro. Pero he aquí que el miércoles pasado, es decir a días nada más de la expiración del citado ultimátum, la OFAC emitió un nueva licencia con verdadera vocación de futuro. Nos referimos a la autorización a las trasnacionales petroleras, Halliburton, Schlumberger Limitada, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International, por seis meses prorrogables por sucesivos períodos semestrales, para realizar las «transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal o la integridad de operaciones y activos en Venezuela; participación en reuniones de accionistas y directorios; realizar pagos en facturas de terceros».
Ha habido mucha diplomacia de micrófonos, de parte de las autoridades de EEUU, en relación con las supuestas represalias que se adoptarían, ante las violaciones de la «Ruta Electoral» perpetradas por el desgobierno paria de Venezuela.
Pero llegó la hora de las definiciones.
El próximo 30 de noviembre, ante el deterioro de las condiciones electorales, ¿se restablecerán de manera integral las sanciones preexistentes contra el desgobierno de Maduro o las supuestas represalias, dejarán abierta la posibilidad de seguir exportando petróleo venezolano a territorio de EEUU?
Total, que los supuestos acuerdos de Barbados -supuestos porque, el desgobierno forajido comienza por negarlos- serían otro caso más de papel mojado.