Según la inculpación, el acusado usó parte del dinero recibido para sobornar a al menos cinco funcionarios venezolanos que trabajaban en las joint ventures Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas, Sinovensa y Petromiranda, en su mayoría propiedad y controladas por PDVSA, para obtener lucrativos contratos a precios inflados a fin de vender bienes y servicios a estas empresas.
La justicia estadounidense busca confiscar 45 millones de dólares que están actualmente en las cuentas de D’Amato en Florida involucradas en los presuntos crímenes.
Estados Unidos impuso a Venezuela sanciones financieras que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril de 2019, y ofrece 15 millones de dólares de recompensa por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien inculpó por «narcoterrorismo».
En medio de sanciones y mala gestión, PDVSA vive sus peores momentos desde la nacionalización del sector energético hace más de cuatro décadas.
La producción de Venezuela, de 3,2 millones de barriles diarios de crudo hace 12 años, ha caído a 400.000 b/d en los últimos meses, retrocediendo a niveles de la década de 1930.
Pese a contar con las mayores reservas de crudo probadas del mundo, Venezuela ha debido recurrir a buques cargados de gasolina y derivados de Irán en los últimos meses para paliar una aguda escasez de combustible.
Pese a la presión de Estados Unidos y otros 50 países que no lo reconocen como presidente, Maduro se mantiene en el poder respaldado por las Fuerzas Armadas y aliados clave como China y Rusia, además de Irán, Cuba y Turquía.
Fuente: Diario las Américas