Ana Uzcátegui | La Prensa Táchira.- Han sido constantes las insinuaciones y amenazas del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello y del mandatario nacional, Nicolás Maduro, de que en Venezuela ocurra un adelanto de elecciones presidenciales en 2023. Para analistas políticos y electorales la medida además de inconstitucional, dejaría en «jaque mate» a la Plataforma Unitaria que aglutina a la mayoría de partidos de oposición, que apenas logró designar el 10 de noviembre a la comisión electoral que organizará las primarias, pero sin hasta ahora informar una fecha de realización de esos comicios, que requieren un tiempo de preparación de nueve meses.
«Los escuálidos andan de infarto, andan asustados porque y que están organizando primarias. ¿Y si las elecciones son antes de que hagan las primarias? Se quedan sin el chivo y sin el mecate», vociferó Cabello en un mitín político en Apure, el 21 de octubre. Sus declaraciones fueron repetidas en Guárico el 5 de noviembre: «Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) dice que las elecciones son en junio de 2023, nosotros nos vamos a elecciones», soltó.
Según indicó Nelida Sánchez, coordinadora de Contraloría Electoral de Súmate, no es primera vez que en el país se irrespeta el periodo constitucional de un cargo público. En diciembre de 2017 se realizaron elecciones de gobernadores y alcaldes que debieron estar pautadas para 2016. Y en mayo de 2018 se adelantaron las presidenciales por decisión de la extinta Asamblea Nacional Constituyente, basándose en sus poderes plenipotenciarios.
«En Venezuela cuando se realizó la enmienda constitucional en 2009 cambiaron los periodos constitucionales. El presidente que eran cinco años pasó a seis años y gobernadores y alcaldes de tres años pasaron a mandar cuatro años. De no respetarse esos periodos la población entraría en una situación de inseguridad jurídica. Porque si bien la Ley Orgánica de Procesos Electorales no dice con exactitud cuándo deben realizarse las elecciones, no menos cierto es que deben respetarse los lapsos conforme a lo establecido en la Constitución», alegó.
Sánchez además catalogó de «intromisión y usurpación de funciones», a las autoridades del PSUV que promueven un adelanto de presidenciales, porque la convocatoria de elecciones sólo puede realizarla el CNE. De acuerdo con los lapsos constitucionales las presidenciales deben convocarse en el último trimestre de 2024.
«Si el Gobierno convoca elecciones en 2023 tendrá que haber un consenso en la oposición para elegir un candidato presidencial, porque no dará tiempo de hacer primarias. La Plataforma Unitaria también estaría en tres y dos si presenta un candidato presidencial muy temprano, porque al no haber independencia de Poderes, no hay garantías que ese candidato no sea inhabilitado administrativamente por la Controlaría General de la República, o se le cree un expediente judicial. Incluso el adelanto de elecciones podría venir de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque ya hay antecedentes, ocurrió en las elecciones de Barinas 2021. Esta es una estrategia del Gobierno para mantener en zozobra a la oposición», opinó.