Editorial, La Gaceta de la Iberosfera
En los últimos años, en La Gaceta de la Iberosfera hemos añadido a la expresión «imperio de la ley», el adjetivo «justa». Sabemos que es una redundancia porque toda ley que sea injusta es, en su propia raíz, ilegítima y por lo tanto no es ley, sino otra cosa. Sin embargo, hemos optado por añadir el adjetivo «justa» porque en el siglo del relativismo y de las emociones y sentimientos que tratan de apoderarse de nuestro ordenamiento jurídico, estimamos necesario remarcar que la ley que no sea promulgada desde la razón y dirigida al bien común sólo puede ser considerada como una expresión de la arbitrariedad de un poder político totalitario (da igual lo democrático que diga ser en su forma), y ante la que puede y debe ejercitarse el derecho a la resistencia activa en forma de desobediencia.
Hasta ahora, todos los Gobiernos que ha tenido España se han atrevido a promulgar leyes injustas. Unos más que otros, sin duda, pero en algún momento, todos ellos, sin excepción, han regulado algún aspecto de nuestra convivencia obviando el interés general o el bien común por razones ideológicas o, a mayor infamia, para el lucro de los partidos políticos.
Cualquier ley alejada del Derecho Natural y redactada sobre la base del derecho positivo tiene un componente obvio de injusticia. Un ejemplo de esto lo pueden encontrar en las leyes que permiten segar la vida de un ser humano, ya sea durante su fase de desarrollo o al final de su existencia, sin tener en cuenta que el derecho a la vida es universal, anterior e independiente de cualquier ordenamiento escrito. Por eso, una ley que regule el derecho a matar sólo puede ser injusta.
Otra de las condiciones para que una ley sea ley, es que sea absoluta, o lo que es lo mismo, que se sujete a la razón de tal forma que el entendimiento se acerque al conocimiento de la realidad.
Por todo lo anterior, sólo podemos constatar con incredulidad que, ayer, una mayoría parlamentaria aprobó por primera vez en su historia una mal llamada Ley Trans que no sólo no busca el bien común (que de esas hay muchas), sino que se enfrenta a la realidad, es decir, a la verdad. Y la verdad, en este caso científica, ni siquiera moral o ética, es que sólo hay dos sexos biológicos y cada ser humano nace, vive y muere con uno de ellos sin que haya sentimiento, percepción o ilusión alguna, y mucho menos una ley, que sea capaz de alterar esa realidad.
Entre todos los peligros para el conjunto de la sociedad derivados de la promulgación de una ley que por injusta no merece tal nombre, el más dañino, porque abre la puerta a una dimensión desconocida, es que, en breve, cuando la llamada Ley Trans entre en vigor, escribir una verdad científica será delito y todos los que se nieguen a comulgar con ruedas de molino, forajidos. Y adiós al imperio de la ley (justa).