Por segunda vez en menos de una semana, el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio se pronuncia de fondo sobre el caso de Álex Saab.
Su cabeza, Miguel Ángel Martín, acaba de enviarle una carta a la ministra de Justicia de Cabo Verde, Janine Tatiana Santos Lélis, en la que le advierte que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo y que este fue retirado del cargo en 2018, luego de ser condenado por recibir sobornos de la multinacional Odebrecht.
Sobre Odebrecht, le recuerda que la condena fue por corrupción propia y legitimación de capitales, que le valió una condena de 18 años y 3 meses de prisión.
La anotación es clave porque en reiteradas ocasiones Cabo Verde ha manifestado su compromiso de colaborar en casos de corrupción y blanqueo de capitales.
En la carta también se advierte que además de estar destituido, Maduro está inhabilidato. Por eso, el reconocimiento de ‘agente especial’ que le hizo a Saab es nulo, así como el otorgamiento de la ciudadanía venezolana.
«Se desconoce la pretendida inmunidad diplomática del señor Álex Saab, quien no ejerce cargo diplomático según las leyes nacionales y las convenciones internacionales en materia consular», anota el magistrado.
Así las cosas, Martín lo describe como «un ciudadano colombiano que tiene contratos con Nicolás Maduro Moro y su familia».
Se desconoce la pretendida inmunidad diplomática del señor Álex Saab, quien no ejerce cargo diplomático según las leyes nacionales y las convenciones internacionales en materia consular
La condena contra Maduro
Junto a la carta que le remitió este lunes, el magistrado Martín anexó un resumen de la condena contra Maduro, en la cual consta que facilitó el flujo de dinero irregular en su país para que la multinacional pudiera desarrollar obras que al final -según la sentencia- terminaron costando más de lo estipulado o sencillamente no se finalizaron.
Martín le recuerda a la Ministra de Justicia de Cabo Verde que el fallecido Hugo Chávez, conjuntamente con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, introdujeron y aprobaron en 2007 modificaciones al Convenio Básico de Cooperación Técnica, suscrito en ese momento entre Venezuela y Brasil, que terminaron permitiéndole a Odebrecht intervenir en proyectos de infraestructura.
De hecho, le aclara que dicho convenio había sido suscrito en un principio para fomentar la investigación científica y que, por medio de sobornos, se realizaron las modificaciones.
«Que con ocasión a lo anterior le fueron adjudicados de manera directa a la sociedad mercantil Constructora Norberto Odebrecht S.A., múltiples obras de infraestructura no ejecutadas o construidas de manera inconclusas, lo cual significó el pago de millonarias cantidades de dinero en moneda internacional. Y en este sentido, que Nicolás Maduro Moros comprometió a favor de Odebrecht grandes recursos, parte de los cuales canceló sin que la población obtuviera los beneficios que implicaban la puesta en funcionamiento de tales obras», asegura el Tribunal Supremo en su escrito al poder judicial del país africano.
Y advierte que, a pesar de los retrasos y de lo que se considera eran evidentes inconsistencias, Maduro autorizó más desembolsos a favor de Odebrecht para financiar proyecto, lo cual terminó configurando los delitos por los que fue condenado y destituido del cargo.