CARACAS.- El coordinador de la ONG Provea, Marino Alvarado, alertó que la Policía Nacional Anticorrupción podría ser usada para «perseguir y detener» a la disidencia en Venezuela, así como a los opositores políticos o personas o grupos que le sean incómodos al régimen de Nicolás Maduro.
De acuerdo con Alvarado, estos blancos podrían ser considerados como «delincuentes comunes vinculados a hechos de corrupción» y no como presos políticos o de conciencia.
A pesar de que la Policía Nacional Anticorrupción fue creada a finales de 2014, ha sido en las últimas semanas que tomó notoriedad al ejecutar una serie de detenciones y operativos vinculados a varios hechos de corrupción descubiertos en diversas empresas estatales, entre ellas la petrolera PDVSA, así como la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y las empresas básicas instaladas en esta región al sur de Venezuela.
Para Alvarado, la creación de este cuerpo policial ha carecido de transparencia. Alerta que esta institución depende del Ejecutivo, quien se encarga de la aprobación de su personal. Asimismo, subraya que los integrantes de la policía ni su sede están identificadas, lo que a su juicio se puede prestar para «graves violaciones de derechos humanos».
Saúl Blanco, de la ONG Espacio Público, consideró por su parte, que esta policía podría convertirse en el «brazo político» de la dictadura, pues al depender directamente del Ejecutivo, no tiene autonomía.
«Y al final, ¿Cómo quedarían los actos de corrupción del Ejecutivo? ¿Esta Policía Anticorrupcion va a investigarlo o no? ¿Existen riesgos de la vulnerabilidad de la independencia de la investigación de esta policía? Esas son preguntas que hay que hacerse”, dijo.
Vulnera derechos
Alvarado explicó que las detenciones efectuadas por la Policía Nacional Contra la Corrupción han vulnerado derechos porque no han cumplido con el debido proceso. Detalló que algunas de las detenciones se efectuaron sin que fuera presentada una orden judicial. Además, algunos detenidos fueron presentados ante tribunal después de 48 horas de haber sido aprejendidos y no tuvieron acceso a un defensor privado.
Dijo Alvarado que estas son características de las detenciones motivadas a razones políticas.