A través de diversos agentes, el régimen de Nicolás Maduro estaría obrando para hacer ver que el gobierno y la justicia de los Estados Unidos recurren al expediente de presentar a funcionarios de la administración venezolana como narcotraficantes, sin que para ello cuenten con las pruebas necesarias que sustenten sus acusaciones. Se trataría de personeros que resultan insospechados, pues, en apariencia, actuarían en favor de la causa opositora. Igualmente, estos actores pretenderían vender la tesis de que el chavismo y el madurismo son diferentes con el avieso objetivo de deslindar a algunos de estos funcionarios de las actividades criminales que la justicia de los EE. UU. ha venido dando a conocer en los últimos años.
Tal aseveración proviene de fuentes judiciales, las cuales han advertido cómo, por ejemplo, en el caso de Clíver Alcalá Cordones —causa que se libra en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York— se ha desplegado todo un aparato propagandístico en procura de dar a conocer una serie de supuestas falencias de los expedientes levantados desde el Departamento de Justicia. Se trataría, alertan, de una estrategia y campaña por parte del chavismo, dirigida a desprestigiar el sistema judicial estadounidense y, por tanto, las causas contra los funcionarios venezolanos inmersos de diversas causas criminales que cursan el los tribunales de la nación norteamericana.
Parte del método implementado, sería la sonoridad excesiva de aspectos de las distintas mociones presentadas en los tribunales por parte de la defensa de los actores involucrados en causas de narcotráfico y el silenciamiento de los alegatos y pruebas presentados por la fiscalía.
A continuación, presentamos las últimas diligencias del caso de Alcalá Cordones.
El pedido de desestimación del caso
El 28 de enero de 2022, César de Castro, Valerie Gotlib de la firma The Law Firm of César de Castro P.C., así como Adam S. Kaufmann, Cristián Francos, Tara J. Plochocki, Diane M. Camacho del despacho Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC, abogados de Clíver Antonio Alcalá Cordones, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York un memorando de ley en apoyo a la moción de su representado para desestimar la acusación en su contra.
Los abogados consideran que el tribunal debe desestimar la acusación contra el general Alcalá Cordones por inmunidad de funcionario extranjero y alerta de que en caso de denegarla para que la defensa se prepare adecuadamente y evite sorpresas en el juicio, se debe ordenar al gobierno que presente una lista detallada con los nombres de los co-conspiradores anónimos y los testigos.
Asimismo, de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Penal 5(f), creen que la corte debe ordenar a la fiscalía gobierno que presente todos los materiales relacionados con la planificación y los intentos de golpe de estado de su representado contra el régimen de Nicolás Maduro, así como identificar a todos los testigos que participaron en esta conspiración y han declarado que Clíver Alcalá Cordones no estuvo involucrado en la misma o han declarado que no tienen conocimiento de la participación de este cuando se les preguntó específicamente.
El memorando de la defensa en su declaración preliminar advierte que el caso contra su cliente surge de una serie de las alegaciones “asombrosamente amplias, vagas y radicales” por parte de la fiscalía acerca de una conspiración narcoterrorista de gran alcance que involucra a funcionarios en los niveles más altos del gobierno venezolano, líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al acusado, Cliver Antonio Alcalá Cordones, mayor general retirado del ejército venezolano.
Refieren que la conspiración global de narcoterrorismo descrita por el gobierno dura más de dos décadas y no se ofrece ningún detalle sobre los actos realizados por Alcalá Cordones en apoyo de esta conspiración expansiva. “No hay alegaciones de pagos ilícitos o lavado de fondos, ninguna evidencia que demuestre la propiedad de activos o cuentas extraterritoriales, y ni siquiera una acusación de que dio una orden o realizó un acto realizado en relación con un cargamento de narcóticos”. Igualmente califican de asombroso que se acuse a un miembro uniformado de un ejército extranjero por poseer armas en su propio país como un acto criminal en los Estados Unidos.
Al tiempo que rechaza rotundamente las acusaciones en su contra, Clíver Alcalá —a través de sus abogados— conmina al tribunal a desestimar la acusación, por cuanto los alegatos de la misma caen de lleno dentro de las protecciones que ofrece la doctrina de la inmunidad oficial extranjera. Refieren que dicha doctrina restringe la jurisdicción de los tribunales para conocer de casos en los que la conducta en cuestión haya sido llevada a cabo por funcionarios extranjeros en apoyo de la política soberana exterior. “En este caso, la conducta imputada al General Alcalá Cordones fue realizada en el ejercicio de sus funciones oficiales, por lo que se encuentra inmune a este proceso”.
Se indica que el único acto detallado en la acusación atribuida a Alcalá Cordones es una reunión de 2008 con Hugo Carvajal —su oficial superior en rango y jefe de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela— y Diosdado Cabello pretendiendo con ello vincularlo a la supuesta conspiración criminal, cuando tal encuentro formaba parte de sus funciones oficiales.
Agregan que “su supuesta posesión de armas y su supuesta provisión de armas a las FARC eran parte de sus deberes oficiales. Este no es un caso en el que se acusa a un traficante ilícito de armas (…) más bien, cualquier suministro de armas fue un acto oficial en cumplimiento de la política oficial del gobierno y no puede ser procesado aquí”. Por otra parte, los abogados sostienen que las decisiones de política soberana de Venezuela en sus tratos con las FARC no están sujetas a revisión de la Corte.
Advierten que en las revisiones realizadas a los documentos, videos y grabaciones de la acusación y no se encuentra en ellos evidencia de la supuesta participación de Clíver Alcalá Cordones en la conspiración acusada.
Enemigo de Maduro
El documento de la defensa hace referencia a que la fiscalía presentó una segunda acusación de reemplazo contra Clíver Alcalá Cordones el 5 de marzo de 2020 señalándolo de participar en una conspiración de narcotráfico de narcotráfico y delitos relacionados.
Destacan que se jubiló de la carrera militar en la que “mantuvo firme e inquebrantable en su oposición al narcotráfico y otras formas de comercio ilícito, incluidas las operaciones de minería ilegal y el contrabando de gemas”; que sirvió al expresidente Hugo Chávez hasta su muerte en el cargo en marzo de 2013, momento en que Nicolás Maduro asumió la presidencia y en cuyo gobierno Alcalá Cordones no tenía ningún interés en participar.
Sostienen los abogados que Clíver Alcalá Cordones ha sido un enemigo público y notorio de Maduro y sus aliados gubernamentales durante muchos años, convirtiéndose, después de jubilarse, “en un crítico abierto y vocal” de este, habiendo participado actividades para derrocarlo, debiendo huir a Colombia.
Subrayan que, aunque Estados Unidos estaba al tanto de los continuos esfuerzos de Alcalá Cordones para expulsar a Maduro del poder, la acusación formal lo acusa de participar en una conspiración de narcoterrorismo con Maduro y varios miembros de alto rango de su régimen.
Derecho a inmunidad
La defensa de Clíver Alcalá Cordones sostiene que su cliente, según la doctrina de inmunidad oficial extranjera, posee inmunidad y, por tanto, la acusación debe ser desestimada. Este mismo argumento lo usan otros acusados vinculados al régimen de Venezuela, como por ejemplo, Álex Saab Morán.
Indican que en su condición de funcionario público en el momento que indican los hechos de la acusación y que a los oficiales militares se les suele considerar como agentes de un gobierno extranjero por lo que satisface el primer factor en el análisis de inmunidad.
Por otra parte, recuerdan que Alcalá Cordones actuó en todo momento en su capacidad oficial en nombre del estado soberano de Venezuela, y tal conducta no puede constituir la base para un enjuiciamiento sin hacer cumplir efectivamente las leyes penales de los Estados Unidos contra un estado soberano extranjero. Este argumento, por cierto, también es usado por los abogados de Álex Saab, y se ha repetido en otros casos de delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Preparar la defensa
Quieren los abogados de Clíver Alcalá que la fiscalía proporcione una lista de los nombres de los presuntos co-conspiradores no acusados para poder preparar su defensa.
Es así que instan al tribunal a que ordene al gobierno a presentar un proyecto de ley de detalles “que incluya una lista de cómplices anónimos/no acusados, para esclarecer las escasas acusaciones contra el general Alcalá Cordones en la acusación”.
Identidad de los testigos
También quieren los abogados de Alcalá Cordones que la corte obligue al gobierno a revelar las pruebas materiales favorables al acusado e identificar a los testigos que hayan declarado que el general no estuvo involucrado en la conspiración acusada.
Otras solicitudes
No es la primera vez que los abogados de Clíver Alcalá Cordones piden al tribunal o a la fiscalía la información antes descrita. Este pedimento suele ser repetido en muchos casos, en los que la defensa quiere dictar pauta y hacer ver que la fiscalía no posee evidencias para probar, más allá de la duda razonable, al acusado. Se ha visto en juicio de alto nivel como el de Joaquín el Chapo Guzmán, como el de la misma Ghislaine Maxwell, convicta por delitos de tráfico sexual de menores.
El 11 de noviembre de 2021, César de Castro, Adam Kaufmann, Cristian Francos y Valerie A. Gotlib, pidieron a la fiscalía “(1) detalles sobre los cargos alegados en la Acusación en relación con el General Alcalá Cordones; y (2) materiales favorables a la defensa conforme a Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963) y Norma Federal de Procedimiento Penal 5(f). La Acusación en este caso alega una conspiración de veintiún años que se remonta a 1999 y, a pesar de su extensión, proporciona poco o ningún detalle sobre los actos que presuntamente cometió el General Alcalá Cordones”.
Subrayaron que “el voluminoso descubrimiento producido por el gobierno de conformidad con la Regla 16 ha brindado poca o ninguna ayuda para identificar la conducta específica en la que se alega que participó el General Alcalá. Solicitamos respetuosamente que el gobierno dirija la defensa al descubrimiento relevante ya producido y proporcione más detalles como se identificó anteriormente”.
Del mismo modo destacan ante el juez que el fiscal Michael Lockard le había referido a la defensa en 2018, que no acusarían a Clíver Alcalá de ciertos delitos en razón de que las pruebas eran “equivocadas”.
La defensa ha hecho circular un correo electrónico fechado en 2014, en el que Adam Kaufmann le refiere al fiscal Lockard que el testimonio de un testigo beneficiaría a su cliente.
Pidieron los documentos que demostrarían «la inocencia» de su defendido entre ellos los que hicieran referencia a Elliott Abrams, Mike Pompeo, Will Barr, Marshall Billingslea, Mauricio Claver Carone, Michael Fitzpatrick, Lester Toledo, Jorge Betancourt y Juan José (“JJ”) Rendón.
Asimismo, el 20 de enero de 2022, la defensa pidió al juez Alvin K. Hellerstein el aplazamiento de las mociones de Clíver Alcalá Cordones que vencían el 21 de enero de 2022 pues requerían más tiempo para finalizarlas en razón de que el gobierno había emitido una producción de descubrimiento adicional.
El 28 de enero de 2022, los abogados defensores de Clíver Alcalá Cordones le remitieron al juez Alvin K. Hellerstein un resumen con las diligencias practicadas ante la corte.
Así, le refirieron que pidieron desestimar la Acusación del General contra su cliente bajo la doctrina de la inmunidad oficial extranjera; que se solicitara al gobierno proporcionar a la defensa una lista de detalles, incluidos los nombres de los presuntos co-conspiradores no acusados, para permitir preparar la defensa y evitar sorpresas en el juicio; que la fiscalía revelara la información en su poder sobre la participación de Alcalá Cordones en actividades contra Nicolás Maduro, así como las identidades de los testigos que hayan negado afirmativamente y los que no hayan indicado la participación de su cliente en la supuesta conspiración; y permitir que su representado presente otras mociones y reparaciones.
En la misma fecha, 28 de enero de 2022, el fiscal Damian Williams le comunicó al juez Alvin K. Hellerstein, que la presentación anticipada de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada del Gobierno en este caso vencía originalmente el 1 de diciembre de 2021, pero ha sido aplazado por una solicitud de la misma fiscalía del 18 de noviembre de 2021, que la difirió hasta el 1 de febrero de 2022 y ahora, el Departamento de Justicia les ordenó buscar un nuevo aplazamiento hasta el 8 de febrero.
Dado que el demandado no se opone, pidieron conjuntamente se les concediera dicho aplazamiento.
Fuente: Maibort Petit