El «Estado laico» es uno de los clamores principales de la izquierda desde siempre. Data de la Revolución Francesa, en el entendido de que el disfraz de la laicidad encubre un ataque contra la cristiandad, en pos de una religión secularizada estatal.
En la actualidad se puede evidenciar en España, donde Izquierda Unida promovió «bautizos civiles» e incluso entierros del mismo tipo. Es decir, vivir y morir en el culto al Estado. Aunque en teoría la izquierda -sobre todo la «progresista»- dice defender la separación de Iglesia y Estado, en la práctica pide cada vez más intervención del Estado en la Iglesia. Dichas ideas han llegado hasta naciones históricamente católicas como Ecuador. Así, por medio de la apostasía pretenden meter al Estado dentro de los asuntos religiosos.
La Gaceta de la Iberosfera se comunicó con uno de los abogados a cargo de la contraofensiva frente a esta tentativa en el país sudamericano, André Santos, quien es vocero del movimiento FIRMES, abogado máster en Relaciones Internacionales y especialista en derecho internacional.
¿Qué es lo que está sucediendo a nivel legal?
Se ha demandado un Habeas Data a la Iglesia Católica, exigiéndole que se eliminen todos los datos de registro histórico de bautismo. Se está abusando de una garantía como el habeas data que sirve esencialmente para proteger que nuestra información personal sea mercantilizada o darle un uso indebido sin nuestro consentimiento. Asimismo, esta garantía nos permite demandar la corrección de información que no sea verdadera en bases de datos de terceros.
Este derecho naturalmente tiene sus límites en casos en que el responsable de la información tenga un interés legítimo en mantener registros históricos y no afecte derechos o ponga en riesgo al titular de la información.
En este caso se debe preguntar: ¿En qué afecta a un individuo en estos tiempos que exista un registro de hace 30 años que indica que alguna vez fue bautizado ? En nada. No es un dato que genere un riesgo. Muy diferente fuera si se mantiene un dato de riesgo como la dirección domiciliaria, cuenta bancaria, placas de vehículos, nombres de los hijos, etc.
¿Cuál es la motivación política/ideológica detrás de todo esto?
Existe una motivación ideológica sin duda alguna. Han intentado este tipo de acciones en Argentina, España y otros países y han perdido. Quienes promueven la subversión y destrucción del orden civilizatorio por medio del aparato judicial siempre empiezan por algo aparentemente inofensivo. Es una táctica de gradualidad. Así fue con la gradual despenalización del aborto.
Detrás de estos intentos existe la intención de abrir un camino, un precedente en que el Estado realice una intromisión totalitaria que ordene a la Iglesia borrar sus legítimos registros históricos por la mera solicitud de cualquier interesado. Registros que no presentan ningún riesgo ni menoscaban el derecho de nadie. Ese es el primer paso.
En caso de que se acepte ese abuso, los pasos siguientes de muchos de estos grupos ideológicos (que en muchos casos ni siquiera son los demandantes sino los que dirigen, impulsan, financian y patrocinan veladamente estas causas) sería invocar de forma abusiva el principio de autodeterminación informativa para obligar a la Iglesia Católica a inscribir cambios de sexo o auto percepciones de género dentro de sus registros. Es decir, abusar de un habeas data correctivo irrespetando la libertad religiosa y de creencias.
Asimismo, dentro de esta lógica nada les impediría también exigir al Estado que obligue a la Iglesia borrar registros de matrimonios católicos. Si fuera así: ¿qué les impediría a algunos borrar su registro de matrimonio eclesiástico (que es indisoluble) para que dentro de unos años vuelvan a contraer matrimonio eclesiástico incurriendo en bigamia? Generando una violación directa a la esfera de libertad de la Iglesia.
Con este precedente peligroso se abre la puerta para que el Estado pueda intervenir de forma totalitaria, vulnerando la libertad religiosa a mera solicitud de la auto percepción y deseo de cualquier persona o entidad. ¿Que impediría posteriormente que el Estado por medio de sentencias judiciales declare que la Iglesia Católica (y también otras iglesias) comete actos de discriminación y vulnera derechos de igualdad por sus enseñanzas respecto a la sexualidad humana y familia, respecto al matrimonio entre hombre y mujer, y la doctrina moral que la Iglesia tiene todo el derecho de profesar y enseñar por su libertad religiosa?
¿Qué acciones han tomado para frenar esto y por qué?
Nosotros como Movimiento FIRMES estamos realizando intervenciones judiciales como terceros en estas causas en calidad de AMICUS CURIAE para oponernos jurídicamente a este claro intento totalitario de las ideologías extremistas y fanáticas del marxismo cultural.