Cuando Colombia atraviesa por uno de los peores momentos de su vida republicana reaparece un nefasto personaje: Álvaro Leyva Durán, quien entrega a la revista Semana una gris declaración, en la que, entre líneas, emerge su apoyo a la constituyente que pretende Petro. Nadie decente le pidió su opinión, entre otras razones, por sus antecedentes, los cuales al parecer le sirvieron para hacer parte del gabinete de Petro, del cual salió al ser suspendido por la Procuraduría General de la Nación. Entonces, no ostenta autoridad moral alguna para ningún asunto de índole nacional.
Seguramente quiere ser director o vocero autorizado de ese reprochable “golpe de Estado”. Desde sus redes sociales, ya ha dejado en evidencia su respaldo y sugerencias a la iniciativa.
La supuesta paz acordada en La Habana, por los continuos incumplimientos de los miembros de ese ilegal grupo, fracasó por completo y hoy más que ayer las Farc están inmersas en su actividad subversiva. La interpretación que de un párrafo de ese documento realiza el exministro no es otra cosa que una invención para volver a desconocer la Constitución de 1991.
La declaración de Leyva resulta audaz, cuando menos, al resucitar un viejo argumento inconstitucional con miras a apoyar la citada constituyente. Es importante decirlo, tal resultaría muy perjudicial para la democracia colombiana y la estabilidad de nuestro país.
De manera que la maniobra de Leyva, probablemente concertada con Petro, resulta desatinada. Este personaje, reconocido por su trayectoria política y su capacidad de navegar en las aguas turbulentas tanto del poder como de la subversión, parece haber olvidado que la Constitución actual, aunque imperfecta, como todo en este mundo, es el resultado de un proceso democrático profundo y participativo.
El debate sobre la Constituyente en momentos en que el país afronta múltiples desafíos económicos y sociales no es más que un subterfugio de distracción, la excusa para desviar la atención de los colombianos de problemas reales que deberían ser la prioridad del gobierno.
Los argumentos de Leyva carecen de fundamento sólido. Colombia necesita soluciones efectivas y no una reescritura de la Carta Magna que nos llevaría a un escenario de inestabilidad política donde intereses particulares tratarían de prevalecer por sobre el bien común.
La convocatoria a una asamblea constituyente no es garantía de solución para los problemas del país. Ya está visto. En cambio, es inconveniente y riesgosa, pues a no dudarlo incrementaría la polarización existente en el país, máxime cuando la voluntad del primer mandatario es imponer sus ideas que no un consenso nacional.
Además, elegir los constituyentes de la manera como lo insinúa Petro es por completo una vía de hecho y además de alta peligrosidad si es soportada en el apoyo de ELN y las FARC.
La historia reciente de otras naciones latinoamericanas han mostrado que este tipo de procesos, aún si no son llevados con responsabilidad y visión de Estado, pueden derivar, incluso, en una confrontación que desemboque en una eventual guerra civil.
El presidente debe enfocarse en gobernar con las herramientas que ya tiene a su disposición y trabajar con las instituciones existentes. Los artículos 374 y siguientes de la Constitución Política le dejan saber cómo hacer una reforma constitucional.
Es momento de que Leyva y otros líderes políticos dejen de lado las agendas personales y se centren en lo que realmente importa: el bienestar y el progreso de todos los colombianos. En lugar de promover cambios constitucionales radicales, se debe fortalecer nuestra democracia, trabajar en la inclusión social y económica, y enfrentar con seriedad y responsabilidad los desafíos que tenemos por delante.
Es imperativo que actúen con sensatez y prioricen el interés general sobre cualquier otra consideración. Colombia merece un liderazgo que mire hacia el futuro con esperanza y responsabilidad, no que se pierda en argumentos caducos y divisivos.
En conclusión, la propuesta de Leyva de darle vigencia a un acuerdo fracasado, el de La Habana, no solo es imprudente, es una verdadera amenaza para la estabilidad de la nación. Es un riesgo innecesario que podría tener consecuencias imprevisibles para la democracia colombiana.
Estamos por completo identificados con la postura del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez y su defensa de las Fuerzas Militares y de Policía, así como el rol constitucional que deben cumplir.
Según el líder del Centro Democrático, estas “no pueden quedarse quietas por la orden de un Gobierno, mientras que ese Gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presione con armas una Constituyente”. En una columna pasada califiqué esta constituyente como subversiva y a todas luces inconveniente, como resulta más que evidente para todos.
En momentos en que el país se ve asolado por una inseguridad rampante no podemos sino recordar que quien combatió a la subversión pacificó los territorios. En cambio, quien pregona la paz ” total ” nos tiene inmersos en una ola de sangre.
El papa Juan Pablo II expresó: “La paz exige cuatro condiciones esenciales: Verdad, justicia, amor y libertad”, condiciones hoy ausentes, por lo que si en realidad este gobierno y sus voceros desean conseguir la paz deben enfocar su labor a ese contexto que no a divagar sobre una perversa constituyente.