viernes, noviembre 22, 2024
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Álvaro Uribe es pesimista sobre el futuro de Colombia bajo las reformas de Petro

BOGOTÁ.- El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo varias advertencias sobre la situación política, económica y social del país. Señala que Colombia se dirige hacia un futuro sin subsidios sostenibles para los pobres, desempleo, reformas que podrían debilitar la economía del país, déficit energético, inseguridad y narcoterrorismo.

Uribe, a través de un video que subió a sus redes sociales, argumentó que las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, como la reforma laboral y la tributaria, generan incertidumbre y temor en los empresarios, lo que podría desmotivar la inversión privada que limita la creación de nuevos empleos y el crecimiento económico.

El expresidente también advierte que las reformas podrían afectar negativamente el recaudo de impuestos. Subraya que, si el gobierno no cuenta con suficientes recursos, será difícil mantener los subsidios para los sectores más vulnerables de la población.

Algunos sectores consideran que la reforma laboral reduce la flexibilidad del mercado, dificultando la contratación y el despido de trabajadores. Por otra parte, los empresarios temen que se aumenten los costos, lo que podría afectar la competitividad de las empresas y la generación de empleo.

Temor a la reforma tributaria
Se teme que la reforma tributaria aumente la carga impositiva para las empresas, lo que podría desincentivar la inversión y el crecimiento económico. Así como aumentar la complejidad del sistema tributario, dificultando el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas.

Por otra parte, existe una falta de confianza en el gobierno de Petro por parte de algunos sectores empresariales, lo que genera temor a que la reforma tributaria no se utilice de manera eficiente.

Clima de violencia e inseguridad
Uribe considera que las políticas del actual gobierno podrían fortalecer el narcotráfico y otros grupos criminales, lo que afectaría negativamente la seguridad y la economía del país. Un clima de violencia e inseguridad desanima la inversión y el desarrollo económico.

En general, Uribe sostiene que las reformas y las políticas del gobierno actual podrían debilitar la economía colombiana, lo que dificultará la sostenibilidad de los subsidios para los pobres y la generación de nuevos empleos.

El expresidente también critica la falta de apoyo del gobierno a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, que son las que generan la mayor cantidad de empleos en el país.

Uribe argumenta que los subsidios actuales no son sostenibles a largo plazo y que es necesario buscar alternativas más eficientes para ayudar a los sectores más vulnerables de la población.

Política energética de Colombia
Colombia depende en gran medida de los combustibles fósiles contaminantes, como el carbón y el petróleo, para su generación de energía. El gobierno no invierte lo suficiente en el desarrollo de energías renovables, como la energía solar y la eólica. La transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible está siendo lenta y dificultosa.

Uribe sostiene que la actual política energética del gobierno colombiano está poniendo en riesgo la seguridad energética del país. Señala que la capacidad instalada de generación de energía no está creciendo al ritmo necesario para satisfacer la demanda.

Es importante destacar que, en el año 2021, Colombia sancionó la Ley 2099/21 con el objetivo de promover la utilización de fuentes no convencionales de energía y de incentivar la eficiencia de los recursos energéticos de ese país.

La ley tiene por objeto modernizar la legislación vigente y dictar otras disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado a través de la utilización, desarrollo y promoción de fuentes no convencionales de energía, la reactivación económica del país y, en general dictar normas para el fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.

Hay que tomar en cuenta que el cambio climático y los fenómenos climáticos extremos, como las sequías, podrían afectar la generación de energía hidroeléctrica, una de las principales fuentes de energía en Colombia.

Un déficit energético podría provocar apagones y cortes de energía en diferentes zonas de Colombia. Además, puede generar aumento en los precios para los hogares y las empresas y un impacto negativo en la economía del país, al afectar la productividad y la competitividad de las empresas.

Entre las medidas que debe asumir el gobierno de Petro para evitar un déficit, según señalan los especialistas, es necesario aumentar la inversión en el sector, tanto en recursos convencionales como renovables, para consolidar la seguridad energética del país.

Asimismo, se debe acelerar la transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible, diversificando las fuentes de generación de energía e implementar medidas eficientes para reducir el consumo de energía.

Algunos sectores coinciden con Uribe en que la situación actual del sector energético es crítica y que se necesitan medidas urgentes para evitar un mayor deterioro.

Un informe emitido por la Asociación de Energías Renovables (SER) Colombia, que reúne al sector de las energías renovables en el país, destaca que, de los 80 proyectos de energía renovable no convencional, tanto eólicos como solares, programados para comenzar su operación entre 2023 y 2024, únicamente el 35% avanza sin contratiempos.

Mientras, persisten ciudades y localidades en Colombia sin acceso constante a la energía eléctrica. Datos del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (Ipse) revelan que miles de personas en localidades rurales tienen acceso limitado al servicio, lo que afecta su calidad de vida.

Reforma a la salud una condena
Para el expresidente Colombia la reforma del sistema de salud quiere condenar a los colombianos, “que ven disminuir sus ingresos, a gastar más de su bolsillo, para acceder a este servicio”.

Según Uribe, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son fundamentales para garantizar el acceso a la salud de millones de colombianos, especialmente de aquellos con menores ingresos. La reforma propone eliminar las EPS y reemplazarlas por un sistema público único, lo que, en opinión del exmandatario, podría generar desabastecimiento de medicamentos, largas filas de espera y una atención de menor calidad.

Sostiene que la reforma implicaría un aumento en los costos de la salud para los colombianos. Argumenta que el nuevo sistema público sería más costoso e ineficiente que el actual, y que esto se traduciría en mayores impuestos o en una reducción de la cobertura.

Considera que limitaría la libertad de elección de los colombianos al eliminar la posibilidad de elegir su EPS y su médico. Bajo el nuevo sistema, los ciudadanos tendrían que recibir atención en el centro de salud público asignado a su lugar de residencia.

Expresó su preocupación por la posibilidad de que la reforma aumente la corrupción en el sistema de salud. Advierte que un sistema público único sería más susceptible a la corrupción que el actual sistema mixto.

Defender fondos de pensiones
La reforma pensional presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, tiene como objetivo abordar las deficiencias en el sistema que administra los recursos para las personas pensionadas en Colombia, dándole prioridad al fondo de pensiones del Estado.

El exmandatario sostiene que el dinero que le quitan a los fondos de pensiones creará mayores angustias para los pensionados del futuro. Afirma que el papel económico de los fondos de pensiones en Colombia: “No solamente es un gran factor de protección de los trabajadores colombianos y de sus futuras pensiones, sino una gran ayuda a la estabilidad macroeconómica de Colombia” dijo recientemente a la prensa colombiana.

Recordó que tan pronto fueron creados en 1993, los fondos de pensiones aportaron a la estabilidad en materia financiera y agregó que, actualmente, “tienen aproximadamente 80 mil millones de dólares, de propiedad de los trabajadores colombianos”.

Uribe Vélez hizo hincapié en la importancia de mantener estos fondos y buscar alternativas para atender a los ancianos vulnerables del país, en lugar de acabar con este sistema de ahorro.

Niños y Niñas víctimas de reclutamiento forzado
Lamenta el expresidente Uribe que continúe el reclutamiento de niños para apoyar el narcoterrorismo que destruye a las familias y sepulta al Estado democrático. Situación que es muy grave en Colombia porque amenaza la sociedad.

Algunos niños son reclutados por la fuerza, mientras que otros se unen a los grupos armados de forma voluntaria. Los factores que pueden contribuir al reclutamiento de niños incluyen la pobreza, la falta de oportunidades educativas, la violencia familiar y la influencia de las redes criminales.

Estos niños son sometidos a una serie de abusos y violaciones de sus derechos humanos. Se les obliga a participar en actividades violentas, como el asesinato, el secuestro y el tráfico de drogas. También son utilizados como mano de obra barata para el cultivo y procesamiento de drogas.

Las familias de los niños reclutados sufren una gran angustia emocional y económica. Las comunidades se ven afectadas por la violencia y el miedo que genera el narcoterrorismo, que además desafían la autoridad del estado y ponen en peligro la seguridad nacional.

Para enfrentar esta situación es necesario tomar medidas urgentes para prevenir el reclutamiento de niños para el narcoterrorismo en Colombia. Invertir en programas sociales y educativos que brinden oportunidades a los niños y jóvenes. Fortalecer la presencia del estado en las zonas rurales donde operan los grupos narcoterroristas. Proteger a las familias y comunidades que son afectadas. Perseguir y llevar ante la justicia a los responsables del reclutamiento de niños.

De acuerdo a datos que maneja la Defensoría del Pueblo de Colombia, durante 2023, se reportó el reclutamiento de 184 niños. Las FARC fueron los principales perpetradores de esta violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Señalan que el 68,4 % de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas, lo que representa al grupo poblacional más golpeado por este delito.

La Defensoría del Pueblo advierte que no se muestra completamente la situación real en Colombia, por falta de información que proteja la confiabilidad de las víctimas y sus familias. Por lo que instan al gobierno colombiano considerar, en el marco de los diálogos de paz con los grupos armados, la importancia de implementar un protocolo de atención y soporte especializado que asegure los derechos de los menores de edad.

igómez@diariolasamericas.com

FUENTE: Cuentas de la red social X e Instagran del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, Infobae, Data Center Dynamics, Somos el Cambio, Revistas Javeriana, Voz de America

Fuente: Diario Las Américas

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