CARACAS.- Mientras el dictador Nicolás Maduro celebraba las cifras de dos dígitos de la «recuperación económica» de los primeros trimestres de 2022 frente a todo el gremio empresarial reunido en el Palacio de Miraflores. En la calle, los venezolanos pasaban una semana de tensión viendo cómo el dólar se disparaba día tras día y con ello los precios.
El tipo de cambio oficial en Venezuela aumentó un 12% de un día para otro esta semana y acumula un 35% de incremento solo en el mes de agosto, según reseña El País.
“El tipo de cambio en Venezuela está muy sobrevaluado. Hay crecimiento en los precios, pero el tipo de cambio se retiene, porque el Ejecutivo vende divisas baratas. Eso crea un dique que se iba a romper tarde o temprano. Y esto que está pasando es el deslizamiento a un tipo de cambio de equilibrio que debería reflejar lo que realmente ha perdido en poder de compra el bolívar”, explica Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera.
El economista Leonardo Vera recuerda que el tipo de cambio es un termómetro. “Tener una represión salarial y anclar el tipo de cambio cuando no tienes más municiones de divisas no es lo más acertado. Tenemos el encaje bancario más alto del mundo, lo que también ha ralentizado la recuperación, y además un mercado cambiario inadecuado, donde no hay muchos incentivos para que los privados inyecten dólares y el único oferente es el Banco Central de Venezuela”.
Lo que ha pasado esta semana ha mostrado que la incipiente recuperación tiene techo y que la estabilidad del cambio no ha logrado que la gente confíe nuevamente en el bolívar. “Un esquema así revienta en cualquier momento”, dijo.
Este coletazo cambiario viene de marzo. Después de 10 meses sin ningún ajuste, el régimen decidió incrementar en 1.700% el insignificante salario mínimo, que pasó de un dólar mensual a 28 dólares, en su equivalente en bolívares.
Para asumir los compromisos laborales de ese incremento no planificado en el gasto anual, el régimen dictó una norma administrativa desde la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que rebanó las cláusulas y beneficios de las contrataciones de la administración pública, donde trabajan unos tres millones de venezolanos. Esta medida encendió aún más la mecha de la conflictividad laboral en una Venezuela empobrecida.
Desde entonces se han producido protestas contra la norma, pero en agosto escaló el descontento. El régimen se vio obligado a ceder ante un escenario de protestas diarias y masivas en todo el país de maestros y profesores universitarios que exigieron recibir su bono vacacional completo y respetar los acuerdos gremiales. Así, tuvo que depositar 3.000 millones de bolívares a las nóminas públicas, lo que produjo una corrida por comprar dólares escasos.
Hasta hace muy pocos años, comerciar en dólares era ilegal en Venezuela, donde el régimen impuso restricciones a la venta de divisas por 15 años. En 2019 una apertura no decretada terminó de empujar una dolarización obligada por la debacle económica. A la crisis cambiaria de esta semana, el chavismo ha salido a la ofensiva. Maduro llamó al pueblo “al combate del dólar paralelo”, aunque el oficial también vivió el alza.
El fiscal Tarek William Saab amenazó con imputar a los comerciantes que vendieran a una tasa distinta a la del Banco Central de Venezuela. Una declaración que reeditó los temores de los años de los controles de precios y la fiscalización agresiva de comercios.
El Tribunal Supremo de Justicia, a donde los trabajadores acudieron para exigir la derogación de la llamada norma Onapre, esta semana desestimó sus demandas y multó a quienes introdujeron la solicitud de nulidad, un grupo de pensionados y jubilados de una institución pública.