Un informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia durante el último periodo denuncia que existe “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de la fuerza pública contra de las protestas que se opusieron a la asunción de Jeanine Áñez a la Presidencia, en noviembre pasado, y que dejaron al menos 35 muertos. También critica el hostigamiento a defensores de los derechos humanos y opositores, las amenazas públicas en contra de periodistas, la censura de la libertad de opinión con el pretexto de la pandemia, la desprotección de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables y los bloqueos de carreteras que impidieron la llegada de suministros a los hospitales.
El informe, que se titula “Para sanar la pandemia de impunidad”, pide que los candidatos en las elecciones bolivianas hagan posible el funcionamiento de un Grupo Internacional de Expertos Independientes –como acordó el Gabinete de Áñez con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– para establecer la verdad de lo sucedido y obtener justicia para las víctimas.
“Los hechos de Sacaba y Senkata no han sido esclarecidos por las autoridades competentes y permanecen en la impunidad”, es una de las conclusiones más relevantes del informe de Amnistía Internacional. En estos lugares, cercanos a las ciudades de Cochabamba y La Paz, respectivamente, murieron 20 personas por disparos de armas de fuego poco después del derrocamiento del presidente Evo Morales, cuando se manifestaban en contra de la sustitución de este por Áñez. Las familias de las víctimas de Sacaba acusaron a las Fuerzas Armadas de sus muertes; en cambio, la Fiscalía defendió a los militares, afirmando que el calibre de los proyectiles no correspondía con los que estos usan habitualmente. Las autoridades gubernamentales, por su parte, sugirieron que los campesinos se mataron entre sí.
En cuanto a lo sucedido en Senkata, la versión oficial es que las tropas evitaron un “atentado terrorista”, ya que los manifestantes pretendían dinamitar una planta de combustible ubicada en este lugar. Los vecinos que participaron en la protesta lo niegan y consideran que esta versión es una estratagema para liberar a las Fuerzas Armadas y al Gabinete de su responsabilidad. Aunque el Gobierno prometió que estos eventos se investigarían imparcialmente, hasta ahora tal investigación no se ha llevado a cabo.
El informe de Amnistía Internacional señala que “en diferentes momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades y ex autoridades del Gobierno, y sectores afines a ellos emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas”. También advierte que Waldo Albarracín, el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, y uno de los líderes de las protestas contra Morales, siga siendo hasta ahora “víctima de amenazas y hostigamientos” a causa de su posición política.
El documento plantea que “el Gobierno interino ha creado un clima de miedo y censura a través de sus pronunciamientos y ha puesto en la mira a aquellos periodistas y comunicadores sociales que son críticos de su gestión”. Y para ello se ha aprovechado de la emergencia sanitaria actual. Por último, lamenta “una creciente retórica de estigmatización, discriminación y racismo” en contra de los indígenas.
A comienzos de años, el Gobierno de Áñez aceptó la formación de un Grupo Internacional de Expertos Independientes, pero objetó ante la CIDH la composición del mismo. “Lo que estamos pidiendo es que vengan expertos que nos den la certeza de que vamos a tener un informe lo más apegado a la ley y lo más objetivo para demostrar a la ciudadanía qué fue lo que pasó”, argumentó entonces el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra. Según el oficialismo, muchos organismos internacionales son prejuiciosos sobre Bolivia, porque creen que el país sufrió un golpe de Estado el año pasado y, entonces, interpretan erróneamente la convulsionada y polarizada política de este país.