CARACAS.- La organización Amnistía Internacional (AI) exigió al régimen de Nicolás Maduro que libere de forma «inmediata e incondicional» a los activistas Rocío San Miguel y Javier Tarazona, directores de las ONG Control Ciudadano y Fundaredes, respectivamente, así como al periodista Carlos Julio Rojas, al tiempo que alertó un «patrón de represión contra los defensores de derechos humanos en Venezuela».
La ONG recordó que San Miguel «cumplió 100 días presa» y «no ha podido nombrar a su defensa técnica, lo que constituye una violación a su derecho a la defensa y al debido proceso». De igual forma, destacó que en la detención de la activista ocurrida el 9 de febrero de 2023 «hubo desaparición forzada al ser su paradero desconocido hasta el 15 de febrero».
Sobre Rojas, quien es activista y periodista, AI sostuvo que «ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos durante su detención» y «no se le ha permitido contacto con sus familiares, ni la designación de abogados de confianza». Añadió AI que también existe preocupación por el estado de salud del periodista, que fue apresado el pasado 15 de abril, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Con respecto a Tarazona, la ONG remarcó que lo considera un «preso de conciencia». Recordó que Tarazona lleva ya 1.050 días detenido, desde el 2 de julio de 2021. Explicó que desde esa fecha ha habido «incomunicación prolongada, falta de acceso a un abogado de su elección y tortura». Además, ha habido «constantes retrasos en su juicio».
AI denunció que las detenciones de San Miguel, Tarazona y Rojas fueron «arbitrarias» y en ese sentido, instó a las «autoridades venezolanas» a «poner fin de inmediato a estas prácticas y garantizar la libertad inmediata e incondicional de estas personas».
De igual manera, AI exigió que se «ponga fin a la detención» de defensores de derechos humanos en Venezuela.
Sobre las «denuncias de tortura y malos tratos» en contra de San Miguel, Tarazona y Rojas, la ONG pidió que sean investigadas «de manera imparcial e independiente» y exhortó que «se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos» en el país sudamericano.