LIMA.- Amnistía Internacional (AI) emitió un informe alarmante sobre los episodios de violencia policial supuestamente generalizados que tuvieron lugar durante las recientes protestas antigubernamentales en Perú.
De acuerdo con el informe titulado ‘Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú’, AI pidió una investigación exhaustiva a las autoridades peruanas sobre estos hechos que resultaron en medio centenar de muertos.
Agnès Callamard, Secretaria General de AI, expresó su preocupación por el uso de armas de fuego contra los manifestantes, calificándolo de «flagrante desprecio por la vida humana». Callamard también denunció los constantes esfuerzos del Gobierno peruano por retratar a los manifestantes como «terroristas o delincuentes», e instó a las autoridades a investigar si altos cargos ordenaron o toleraron estas muertes.
El informe de AI analiza los casos de 52 personas que resultaron heridas o fallecieron durante las protestas en varias ciudades peruanas. Según la investigación, 20 de las 25 muertes registradas podrían clasificarse como ejecuciones extrajudiciales, ya que las fuerzas estatales dispararon munición real indiscriminadamente contra zonas vulnerables del cuerpo humano.
La ONG también denuncia lo que llama un «posible sesgo racial y socioeconómico» en el uso de la fuerza letal, ya que muchas de las personas fallecidas eran de entornos pobres, indígenas y campesinos. Además, destaca que estos incidentes no son aislados, sino que parecen indicar una respuesta estatal deliberada y coordinada.
El informe subraya que las autoridades peruanas alabaron públicamente las acciones de las fuerzas de seguridad y estigmatizaron a los manifestantes, en lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza. AI lamenta la falta de acción de la Fiscalía y expresa preocupación por la impunidad de estas graves violaciones de los derechos humanos.
La organización insta a la Fiscalía a llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales, solicitando asistencia técnica a mecanismos regionales o internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, pide a la presidenta peruana, Dina Boluarte, que condene lo ocurrido, prohíba el uso de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad en las protestas y tome medidas para abordar el «racismo estructural» que permea las instituciones estatales.
El informe no señala los hechos de violencia realizados por los promotores de las protestas.