HUGHES,
Puesta la amnistía en el tablero de la negociación, surgen voces sobre la constitucionalidad o no de la medida. Esa discusión jurídica nos despista de su dimensión mayor, que es la política.
Hablar de constitucionalidad o no en España importa ya poco. Será lo que el Constitucional diga, y el Constitucional está dominado por los partidos.
Pero la amnistía, además de ser una forma de que el nacionalismo compense a sus ‘mártires’ del engaño masivo y de brindarles una especie de triunfo simbólico, tiene una dimensión política mayor. Es un instrumento que se usa para el cambio de régimen, para el tránsito de la dictadura a la democracia, una cláusula general de olvido. Un «acto de mutuo olvido», según Carl Schmitt, que lo veía como la terminación de la guerra civil, la forma de «romper el círculo vicioso del mortífero tener razón».
¿Renuncia el parlamento español (los partidos) a tener razón frente al golpismo separatista?
Sería peor que eso. La amnistía borra el delito, el acto en sí, pero diciendo algo sobre el ordenamiento en el que se produce. En cierto modo, lo desacredita. Sería, por tanto, el remate definitivo a la Transición, al 78.
La amnistía tiene algo de reseteo, de puesta del contador a cero, de reinicio, de gran igualación de unos y otros…
En este caso no hay víctimas de uno y otro lado, pero la amnistía (puesta al servicio de la producción sistemática de victimismo del nacionalismo) las conseguiría, conseguiría convertir a los culpables en víctimas al considerar que su condena es injusta, inapropiada, olvidable, o simplemente resultado de un complejo conflicto político. Al limpiar el acto, al hacerlo digno de inocencia y olvido lo hace a costa del otro bando en un esquema de guerra civil. El que da amnistía la recibe también. Pero ¿de qué se culpa a la otra parte? Es como cuando Sánchez habla de «conflicto entre territorios». ¿De qué territorio rival habla?
Tras haber vendido futuro (deuda), pasado (leyes de memoria y leyenda negra), estado (autonomismo) y nación (entrega cultural), el régimen del 78, o los partidos que lo dominan, darían un paso más en su explotación de lo ajeno culpabilizando al Estado español de una culpa instrumental para poder rehabilitar a sus socios ante el nuevo pacto.
Para poder seguir bailando su consenso, el PSOE y sus amigos reparten nuevos carnés de democracia en un empate jurídico-político entre los separatistas y el Estado español del 78.
El Estado, percha de toda culpa, ¡expiador de sus enemigos!
Habrá que hacerse cargo de la deuda nacionalista o de su presupuesto, pero antes, nos hacemos cargo de su culpa. Se acepta para España una culpa moral inexistente que ofrecer como transacción para el enjuague de los partidos.
La amnistía es limpieza antes del nuevo consenso, a costa del Estado que ocupan y de la sociedad que fagocitan.
El efecto sobre el nacionalismo separatista sería perfecto: poder iniciar otro ciclo o bucle victimista. La escalada separatista irresponsable, sin consecuencias, se aprovecha de esa ya secular relación de Sísifo con la montaña que tienen con el Estado español. El borrado y olvido es una invitación a un nuevo inicio, porque además, al borrar el acto borran la culpa y dan la razón, igualando dos partes. La amnistía es un acto en pareja. Es un acto entre dos. Es ya bilateralidad. El amnistiado amnistía a su vez, y se da un abrazo igualado moralmente con la contraparte.
La amnistía ofrecida es reculpabilización del Estado. De España. Porque la nación no tiene personalidad jurídica y no pinta nada. Pero, escarnecida como está, debilitada, pagana como es, será la institución que dice representarla, el parlamento, la que hará y deshará. ¡En su nombre! La nación, burlada, esquilmada, atacada y vilipendiada, ¡tendrá que asumir eso! ¡Tendrá que poner la cama!
La amnistía es, por tanto, piedra para un nuevo consenso, habilitadora de los socios. Degrada el régimen anterior y viste de limpio a las partes para un nuevo pacto, que será obligatoriamente la elevación de un pos78 donde lo ‘amnistiado’ no pudiera vivirse de nuevo.
A esta amnistía catalana hay que sumar la Ley de memoria democrática que al reconocer torturas y dar condición de luchadores por la democracia a los terroristas hasta 1983, ofrece una especie de velada amnistía. Esa ley, junto al proceso oficial de paz vasca, la legalización de Bildu y la institucionalización de otro olvido progresivo, tiene un efecto similar.
Ese conjunto de operaciones serían movimientos que rematarían el 78 y, sobre una especie de solar de legitimidad, iniciarían uno nuevo. Operaciones para el cambio de régimen o la mutación progresiva. Para otro «de la ley a la ley», otro empalme de legitimidades.
El 78 estaría deslegitimado hasta su muerte porque los actos de sus boicoteadores principales habrían recibido un sentido, una justificación; y se les reconocería una situación de conflicto político o de guerra o de represión de derechos.
Sobre ese solar asentarían o fundamentarían lo nuevo o seminuevo. ¿De dónde extrae legitimidad quien no la tiene en absoluto? Del enemigo común, que sería el antifranquismo, prolongado luego en Vox o quien fuera, cualquiera que defendiera la nación española, su unidad, su cultura y la integridad territorial de su Estado. Y ese orden político se haría respetable, sancionable, defendible y ‘sagrado’, adquiriría sustancia religiosa para un nuevo orden social y una nueva legitimidad gracias a las víctimas, a la sangre de las víctimas, pero otras víctimas, que no serían las de ETA (sublimado el olvido en símbolo abstracto), sino otras para las que ni la paz ni el olvido parecen posibles: las de género. El nuevo régimen se asentaría en el antifranquismo, en los nuevos derechos identitarios (autodefinirse y automorirse) y en la defensa de las llamadas víctimas de violencia de género, elevadas a terrorismo ideológico que el ‘machismo’ conectaría con el franquismo, yacimiento eterno de legitimidad inversa.
Ojo a la genialidad sostenible, sin fin, de este mecanismo.
Porque el régimen nuevo ganaría su seriedad, legitimidad y sacralidad cada vez que un loco matara a su mujer, del mero conflicto entre sexos, o la extraería de las minas de silicio del franquismo, siendo el franquismo una materia ocupada por el Estado: intervenido el cadáver (estatalizada la momia de Franco), se secuestra también el franquismo como discusión histórico-política con leyes que convertirán en delito o estigma la mera objeción.
Estos dos motores de legitimidad podrían así eternizarse. Sostenibles, reciclables. Aire, viento, sol. La mima de silicio intervenida, hecha tabú, y las muertes por violencia conyugal, casi una constante humana de dificilísima reducción.