Voces desde Nicaragua reportan que el país centroamericano está sumergido en un círculo vicioso, en el que impera la impunidad, el perdón y olvido de hechos que registran a partir de 1990, tras la derrota del sandinismo, con la aprobación de leyes de amnistías que han impedido la investigación de crímenes, desapariciones forzadas, torturas y robos.
Esas leyes, cuyo aparente fin era darle una supuesta solución a crisis políticas, han impedido el acceso de los nicaragüenses a la justicia, al mismo tiempo que promueve la impunidad y la repetición de crímenes.
La biblioteca del expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), revela que durante la historia de Nicaragua, desde 1829, se han aprobado en el país 52 amnistías. Ocho de ellas fueron concedidas durante el primer régimen sandinista, en el periodo de 1983-1990.
Una nueva amnistía fue aprobada en junio de 2019, durante el segundo régimen de Daniel Ortega, tras el estallido social de abril de 2018.
Entonces, el sandinismo fue señalado de haber matado a más de 325 nicaragüenses en el contexto de las protestas de abril. Son asesinatos que fueron documentados por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, quienes calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad. Pero ningún representante de los poderes del Estado, miembro de la Policía, Ejército o paramilitar ha sido enjuiciado.
Entretanto, las familias continúan demandando justicia en medio del dolor.
Impunidad
Tras la derrota electoral del sandinismo el 25 de febrero de 1990, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue aprobada.
Solo 18 días más tarde de la pérdida del poder fue promulgada, por el entonces vicepresidente sandinista, el escritor Sergio Ramírez, la conocida como la Ley 81, en la que, en su primer artículo, estableció “se concede amplia e incondicional amnistía”.
La legislación promulgada por Ramírez en 1990 perdonaba a los empleados públicos que cometían delitos de acuerdo con el Código Penal vigente en 1990, que incluía la malversación de caudales públicos, cuyo perdón y olvido fue decretado con anticipación a la comisión del delito y permitió que funcionarios realizaran durante el periodo de transición de gobierno, el traspaso de propiedades confiscadas en los años 80.
De esta manera, “casas, edificios, haciendas, terrenos, dineros, del Estado y/o del pueblo de Nicaragua — materialmente todo lo que podían abarcar — a sus propias manos y a particulares”, revelan los documentos de la biblioteca de Bolaños.
Quince días después de asumir el poder Violeta Barrios de Chamorro, el 25 de abril de 1990, fue aprobada otra Ley de Amnistía, que derogó la aprobada por el sandinismo durante el periodo de transición.
“El Gobierno de doña Violeta decidió conceder una amnistía amplia e incondicional para todos los delitos políticos y comunes conexos cometidos hasta la fecha de la publicación de la Ley, pero no precisaba desde cuándo se comenzaba a contar el tiempo de cometido de los delitos, con lo que salvaba a cuantos tuvieran cuentas pendientes en lo descrito en esta Ley”, revela el documento de la biblioteca.
“Es decir que con una mano borró y con la otra escribió lo mismo, pero más generoso. En su ley, doña Violeta quitó al doctor Sergio Ramírez la paternidad de la ley del perdón y olvido de todos los delitos penales del sandinismo, para ponerse ella”, explica el análisis del exmandatario que se ha dedicado a documentar la historia de Nicaragua desde que abandonó la presidencia.
Durante ese proceso de «perdón y olvido» se produjo un conflicto que llevó a una ruptura entre el vicepresidente Virgilio Godoy con la presidenta Chamorro, debido que Godoy estaba en contra de la amnistía que aprobaba el nuevo gobierno, las prebendas, cañonazos y dejar al frente del Ejército a Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega y uno de los nueve comandantes del FSLN.
El sandinismo quedó con mucho poder tras la derrota del FSLN. Poco a poco fueron asesinados los principales jefes de la fuerza contraria al sandinismo, la contra, crímenes que continúan impunes.
Para el exembajador de Nicaragua en España y exmiembro del directorio de la contra, Bosco Matamoros, el vicio más reciente en la institucionalidad y la justicia en el país se remonta desde 1990.
Y es que los crímenes cometidos durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, que combatió a la guerrilla del FSLN apoyada por Cuba, tampoco tuvieron acceso a la justicia.
El sandinismo hizo su justicia por su propia mano, fusiló y ejecutó a personas vinculadas al Gobierno de Somoza, otros fueron encarcelados, sometidos a crueles torturas y condenados a través de los llamados Tribunales Populares Antisomocistas.
“No se buscó como implementar una transición política ni crear las bases de un sistema judicial que respondiera a los crímenes que se cometieron en el país durante la guerra, por una parte, a los crímenes que se cometieron durante la dictadura y que por lo tanto se fue consolidando en el país ese silencio, ese modo de cerrar los ojos ante la realidad que se había enfrentado”, subrayó Matamoros.
“El vicio comienza en 1990 con el gobierno de Violeta Chamorro porque ahí se sacrificó la democratización y la justicia a cambio de la estabilidad del país, y (Arnoldo) Alemán (1997-2002) no se atrevió a impulsar esa democratización. Bolaños tampoco, se fue en retoricas, en la transparencia, pero no creo instituciones. Eso es un fracaso de la clase política nicaragüense y de la clase dirigente nicaragüense”, puntualizó.
Para la periodista Gemma Serrano, exiliada tras la crisis de abril de 2018, el sistema en Nicaragua es corrupto.
“No es de ahorita, vienen desde los tiempos de doña Violeta, no hubo democracia, lo que hubo fue una negociación, un pacto. Solo se habla del pacto de Alemán con Ortega [1999], pero aquel fue un pacto donde se dejó (intacta) a las fuerzas armadas y parte de las estructuras al Frente Sandinista, como el poder judicial”, sostiene.
“En vez de depurar para cambiar el sistema, desmontar el engranaje que había construido el sandinismo, se repartieron los cargos”, acotó.
Repetición
Hoy el tema de crímenes y la impunidad vuelve a cobrar relevancia a las puertas de las elecciones en Nicaragua. El sandinismo oficialista pretende mantenerse en el poder e instaurar una dinastía, el sandinismo disidente que gobernó con Ortega durante la primera dictadura, señalado de responsabilidad de crímenes en los 80 junto a Ortega, persigue alcanzar el poder, pero esta vez los llamados líderes históricos ponen delante los rostros de sus herederos para vender la imagen de cambio.
La impunidad es un tema del que poco habla la oposición, algunos precandidatos presidenciales de los diferentes grupos hablan de “concesiones”, aterrizaje suave, salida “digna” del régimen, otros encubren las acciones del Ejército señalado de participar en la represión.
Falta de instrumentos
Matamoros explica que sería obtuso pretender en este momento intentar hacer justicia cuando no existen los instrumentos independientes en Nicaragua. El sistema judicial está viciado.
“Los gobiernos de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños cerraron los ojos. La diferencia es que hubo una guerra en los 80 y terminó en los 90, la cuestión es que (en 2018) hubo agresión del Estado contra la nación, que dejó entre 300 a 500 muertos y que la clase política al día de hoy no tiene una respuesta, en términos filosóficos, por una parte; y en términos políticos, no tiene una capacidad para darle una solución a esos crímenes, es decir para hacer justicia porque en Nicaragua no puede pretender en este momento llevar a cabo juicios”, acotó.
Para Matamoros, primero hay que enfocarse en el objetivo de lograr la alternabilidad en el poder para poder hablar en una segunda etapa del tema de la justicia. Eso comienza con un nuevo parlamento, las reformas que se hagan al estado, y la cooperación de expertos internacionales, yo miro esto en un proceso a 10 años”.
“Somos una sociedad trivializada, cada una de las tribus trata de proteger sus intereses y se olvida de la nación. En el mundo perfecto se hubiera hecho justicia de inmediato pero lo que caracteriza a la política nicaragüense no es el idealismo sino un realismo cínico porque cada tribu trata de sacar ventaja”, aseguró.
Los familiares de los asesinados durante las protestas y de los presos políticos se mantienen firmes en su demanda por justicia, esta vez quieren que sea diferente, llevar a los responsables ante la justicia.
El académico Denis Silva García considera vital la creación de una “Comisión de la Verdad” que investigue los crímenes ocurridos en Nicaragua a partir de 1990.
“Es la única forma que las familias víctimas puedan sentir que se ha hecho justicia y que nunca más vuelva a ver amnistía para crímenes sin castigo y para evitar la repetición”.
La historia ha dejado claro que no se puede reconstruir un país en medio de la impunidad.
Fuente: Diario las Américas
Una nueva amnistía fue aprobada en junio de 2019, durante el segundo régimen de Daniel Ortega, tras el estallido social de abril de 2018.
Entonces, el sandinismo fue señalado de haber matado a más de 325 nicaragüenses en el contexto de las protestas de abril. Son asesinatos que fueron documentados por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, quienes calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad. Pero ningún representante de los poderes del Estado, miembro de la Policía, Ejército o paramilitar ha sido enjuiciado.
Entretanto, las familias continúan demandando justicia en medio del dolor.
Impunidad
Tras la derrota electoral del sandinismo el 25 de febrero de 1990, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue aprobada.
Solo 18 días más tarde de la pérdida del poder fue promulgada, por el entonces vicepresidente sandinista, el escritor Sergio Ramírez, la conocida como la Ley 81, en la que, en su primer artículo, estableció “se concede amplia e incondicional amnistía”.
La legislación promulgada por Ramírez en 1990 perdonaba a los empleados públicos que cometían delitos de acuerdo con el Código Penal vigente en 1990, que incluía la malversación de caudales públicos, cuyo perdón y olvido fue decretado con anticipación a la comisión del delito y permitió que funcionarios realizaran durante el periodo de transición de gobierno, el traspaso de propiedades confiscadas en los años 80.
De esta manera, “casas, edificios, haciendas, terrenos, dineros, del Estado y/o del pueblo de Nicaragua — materialmente todo lo que podían abarcar — a sus propias manos y a particulares”, revelan los documentos de la biblioteca de Bolaños.
Quince días después de asumir el poder Violeta Barrios de Chamorro, el 25 de abril de 1990, fue aprobada otra Ley de Amnistía, que derogó la aprobada por el sandinismo durante el periodo de transición.
“El Gobierno de doña Violeta decidió conceder una amnistía amplia e incondicional para todos los delitos políticos y comunes conexos cometidos hasta la fecha de la publicación de la Ley, pero no precisaba desde cuándo se comenzaba a contar el tiempo de cometido de los delitos, con lo que salvaba a cuantos tuvieran cuentas pendientes en lo descrito en esta Ley”, revela el documento de la biblioteca.
“Es decir que con una mano borró y con la otra escribió lo mismo, pero más generoso. En su ley, doña Violeta quitó al doctor Sergio Ramírez la paternidad de la ley del perdón y olvido de todos los delitos penales del sandinismo, para ponerse ella”, explica el análisis del exmandatario que se ha dedicado a documentar la historia de Nicaragua desde que abandonó la presidencia.
Durante ese proceso de «perdón y olvido» se produjo un conflicto que llevó a una ruptura entre el vicepresidente Virgilio Godoy con la presidenta Chamorro, debido que Godoy estaba en contra de la amnistía que aprobaba el nuevo gobierno, las prebendas, cañonazos y dejar al frente del Ejército a Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega y uno de los nueve comandantes del FSLN.
El sandinismo quedó con mucho poder tras la derrota del FSLN. Poco a poco fueron asesinados los principales jefes de la fuerza contraria al sandinismo, la contra, crímenes que continúan impunes.
Para el exembajador de Nicaragua en España y exmiembro del directorio de la contra, Bosco Matamoros, el vicio más reciente en la institucionalidad y la justicia en el país se remonta desde 1990.
Y es que los crímenes cometidos durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, que combatió a la guerrilla del FSLN apoyada por Cuba, tampoco tuvieron acceso a la justicia.
El sandinismo hizo su justicia por su propia mano, fusiló y ejecutó a personas vinculadas al Gobierno de Somoza, otros fueron encarcelados, sometidos a crueles torturas y condenados a través de los llamados Tribunales Populares Antisomocistas.
“No se buscó como implementar una transición política ni crear las bases de un sistema judicial que respondiera a los crímenes que se cometieron en el país durante la guerra, por una parte, a los crímenes que se cometieron durante la dictadura y que por lo tanto se fue consolidando en el país ese silencio, ese modo de cerrar los ojos ante la realidad que se había enfrentado”, subrayó Matamoros.
“El vicio comienza en 1990 con el gobierno de Violeta Chamorro porque ahí se sacrificó la democratización y la justicia a cambio de la estabilidad del país, y (Arnoldo) Alemán (1997-2002) no se atrevió a impulsar esa democratización. Bolaños tampoco, se fue en retoricas, en la transparencia, pero no creo instituciones. Eso es un fracaso de la clase política nicaragüense y de la clase dirigente nicaragüense”, puntualizó.
Para la periodista Gemma Serrano, exiliada tras la crisis de abril de 2018, el sistema en Nicaragua es corrupto.
“No es de ahorita, vienen desde los tiempos de doña Violeta, no hubo democracia, lo que hubo fue una negociación, un pacto. Solo se habla del pacto de Alemán con Ortega [1999], pero aquel fue un pacto donde se dejó (intacta) a las fuerzas armadas y parte de las estructuras al Frente Sandinista, como el poder judicial”, sostiene.
“En vez de depurar para cambiar el sistema, desmontar el engranaje que había construido el sandinismo, se repartieron los cargos”, acotó.
Repetición
Hoy el tema de crímenes y la impunidad vuelve a cobrar relevancia a las puertas de las elecciones en Nicaragua. El sandinismo oficialista pretende mantenerse en el poder e instaurar una dinastía, el sandinismo disidente que gobernó con Ortega durante la primera dictadura, señalado de responsabilidad de crímenes en los 80 junto a Ortega, persigue alcanzar el poder, pero esta vez los llamados líderes históricos ponen delante los rostros de sus herederos para vender la imagen de cambio.
La impunidad es un tema del que poco habla la oposición, algunos precandidatos presidenciales de los diferentes grupos hablan de “concesiones”, aterrizaje suave, salida “digna” del régimen, otros encubren las acciones del Ejército señalado de participar en la represión.
Falta de instrumentos
Matamoros explica que sería obtuso pretender en este momento intentar hacer justicia cuando no existen los instrumentos independientes en Nicaragua. El sistema judicial está viciado.
“Los gobiernos de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños cerraron los ojos. La diferencia es que hubo una guerra en los 80 y terminó en los 90, la cuestión es que (en 2018) hubo agresión del Estado contra la nación, que dejó entre 300 a 500 muertos y que la clase política al día de hoy no tiene una respuesta, en términos filosóficos, por una parte; y en términos políticos, no tiene una capacidad para darle una solución a esos crímenes, es decir para hacer justicia porque en Nicaragua no puede pretender en este momento llevar a cabo juicios”, acotó.
Para Matamoros, primero hay que enfocarse en el objetivo de lograr la alternabilidad en el poder para poder hablar en una segunda etapa del tema de la justicia. Eso comienza con un nuevo parlamento, las reformas que se hagan al estado, y la cooperación de expertos internacionales, yo miro esto en un proceso a 10 años”.
“Somos una sociedad trivializada, cada una de las tribus trata de proteger sus intereses y se olvida de la nación. En el mundo perfecto se hubiera hecho justicia de inmediato pero lo que caracteriza a la política nicaragüense no es el idealismo sino un realismo cínico porque cada tribu trata de sacar ventaja”, aseguró.
Los familiares de los asesinados durante las protestas y de los presos políticos se mantienen firmes en su demanda por justicia, esta vez quieren que sea diferente, llevar a los responsables ante la justicia.
El académico Denis Silva García considera vital la creación de una “Comisión de la Verdad” que investigue los crímenes ocurridos en Nicaragua a partir de 1990.
“Es la única forma que las familias víctimas puedan sentir que se ha hecho justicia y que nunca más vuelva a ver amnistía para crímenes sin castigo y para evitar la repetición”.
La historia ha dejado claro que no se puede reconstruir un país en medio de la impunidad.
Fuente: Diario las Américas