MIAMI.- La nueva ley estatal de Florida sobre control de trabajadores indocumentados y traslados al estado entra en vigor el 1 de julio y no es poca la falta de información, además de preocupaciones sobre el impacto que pueda tener en la economía y la inmigración.
Los sectores de hotelería, gastronomía y construcción anticipan un impacto negativo. Si pierden los empleos, no serán muchos lo que, teniendo la documentación en regla, quieran ocupar los puestos.
Al sureste de Miami se cultiva buena parte de las verduras y frutas que el sur de Florida consume y la preocupación transita por las calles de Homestead, donde conviven miles de migrantes temporales con otros indocumentados.
Santiago, un hondureño que, según dice, lo mismo siembra fresas que recoge pimientos en las plantaciones, gana entre ocho y 10 dólares la hora porque no puede exigir el pago mínimo de 12 dólares porque no tiene ‘papeles’.
“Me preocupa la nueva ley”, comentó. La nueva ley del estado de Florida que pide verificar estatus legal de trabajadores. “Me advirtieron”, señaló, “que podría quedarme sin trabajo”.
En efecto, la nueva ley SB 1718: Immigration exige corroborar el estatus legal de trabajadores, a través de la red nacional E-Verify, cuando el empleador cuente con más de 25 trabajadores.
“Bastaría colocar los datos del empleado, nombre y apellidos o número de seguridad social que tenga, si lo tiene, para verificar si tiene autorización para trabajar”, cimentó a DIARIO LAS AMÉRICAS el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.
Los empleadores que no cumplan ese requisito serán sujetos a auditorías y enfrentarán multas de 1.000 dólares por día, si se determina que han violado la ley.
“Quien hizo la ley, hizo la trampa”, comentó Martina, una mexicana que tampoco tiene papeles y trabaja en un restaurante en Homestead.
“Mi marido trabaja en el campo y allí son más de 30 empleados. No le extrañaría que dividan la plantilla en dos (de alguna manera) para no pasarse de los 25”, argumentó.
Servicio médico
Además, la nueva norma pide a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, lo que podría llevar a migrantes indocumentados a no recibir servicio médico, según opositores a la norma.
No obstante, el abogado Martínez opinó que el paciente “puede negarse a proveer la información y que no pueden negarse el servicio médico” porque la ley, otra norma, exige proveer atención médica.
Transportación
La transportación de personas indocumentadas desde otro estado hasta Florida estará prohibida a partir del 1 de julio, con altas multas y/o prisión. O sea, no se podrá transportar a quienes no tengan papeles en reglas a o desde el estado, pero sí dentro de la jurisdicción estatal.
“La propuesta de ley planteó inicialmente que no se podría transportar personas indocumentadas dentro del estado, incluso dentro de una ciudad, pero eso cambió. Fue eliminado de la ley”, confirmó el abogado.
“Lo que no se sabe aún es cómo van a implementar la ley para saber si alguien trae a una persona indocumentada a Florida”, señaló.
De hecho, no será fácil saber si alguien transporta a una persona indocumentada, a no ser que el conductor del vehículo cometa una infracción de tráfico y la policía de carreteras lo pare.
“Aun así, la policía no acostumbra a pedir identificación a los pasajeros, solo al conductor”, comentó. “Veremos cómo lo hacen y si verdaderamente instruyen a las policías, sea estatal o municipal, a hacer cumplir este requisito”, subrayó.
Hace tres años, en 2019, el Congreso estatal de Florida adoptó la ley SB 168 Federal Immigration Enforcement, que prohíbe gobiernos municipales y condales adoptar políticas proinmigrantes que pudieran limitar el trabajo de las autoridades de inmigración.
Por ello, municipios y condados no pueden proveer ni ayuda ni consejería a migrantes indocumentados.
Además
Entre los apéndices de la nueva ley estatal de Florida destaca que las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes irregulares no tendrán valor en Florida.
La ley asigna 12 millones de dólares para trasladar a migrantes indocumentados a otros estados del país, en el marco de un programa iniciado el año pasado con el envío de dos grupos de venezolanos en aviones privados de Texas al noreste de Estados Unidos.