Bolivia tuvo el jueves una jornada marcada por una nueva marcha -la última fue en noviembre de 2021– organizada por el régimen de Arce Catacora y David Choquehuanca, el Movimiento al Socialismo (MAS) y Evo Morales en La Paz, sede del Gobierno.
Se trató de una movilización convocada para demostrar poder en las calles y el apoyo de diversas organizaciones sociales al régimen de Arce. Las marchas confluyeron desde distintos puntos de la ciudad reuniendo miles de personas en la plaza San Francisco.
Evo Morales y David Choquehuanca ofrecieron sus discursos, cada uno por su lado. Los dos primeros quieren el espacio de Arce, y ante la serie de desencuentros que existe entre los tres al menos desde la derrota que sufrió el MAS en las elecciones departamentales y municipales en marzo de 2021, necesitan un baño de popularidad. Sin embargo, además de que redundaron en el contenido y mensaje central, el importante, y el que se debe destacar es el del propio Arce, porque, a fin de cuentas, es quien ostenta el poder.
En un discurso de apenas 12 minutos, Arce Catacora afirmó que “desde 2019, el pueblo ha aprendido que a la derecha sólo le interesa llenarse sus bolsillos, sólo tiene cantos de sirena, no tiene realidades, no tiene un programa, no tiene un perfil de país, porque no le interesa eso”.
Además, agregó: «Jamás vamos a permitir, sobre nuestro cadáver, un golpe de Estado. La derecha siempre buscará excusas para debilitarnos y desgastarnos. Con la complicidad de varios actores en la sociedad, hoy el censo está politizado, y sólo pretenden beneficiar a unos cuantos. El censo se hará, pero se hará de manera técnica y profesional”.
Y finalmente concluyó así: “Nadie se salva, todos nos necesitamos. Convocamos a los empresarios patriotas, militares, policías, universidades y a todos, para defender la democracia, la estabilidad económica y los recursos naturales. Necesitamos volver a ser comunidad, vencer el egoísmo, el individualismo, el racismo”.
Lo que se puede destacar tanto del discurso y mensaje de Arce, como de la marcha convocada forzosamente en su apoyo, es el trasfondo: toda esta organización sucede apenas 20 días después del 6 agosto, fecha en la que se recuerda la proclamación de la independencia de Bolivia, y donde se ofrecieron discursos con el mismo objetivo, aunque, eso sí, deslucidos, omitiendo la crisis y apenas para unas cuantas personas en el Hemiciclo Parlamentario, además de las que pueden haberlo visto por radio y televisión.
Claramente, Arce necesita más apoyo por parte del propio partido de su Gobierno. Esto es así primero porque, por ejemplo, en una encuesta internacional reciente desarrollada por Ipsos, se observa una caída de la aprobación del mandatario en el último año.
De acuerdo con este estudio, Arce contaba con una aprobación del 38% el 21 junio del 2021, pero el 22 de agosto de este año bajó al 30%, mientras su desaprobación alcanza al 54%. Al mismo tiempo, solamente un 11% de los encuestados cree que Bolivia vive en “democracia plena”; el 51%, en democracia deficiente; y el 21%, bajo un régimen híbrido.
Tal vez ese sea uno de los motivos por los que, curiosamente, y a diferencia de lo que Arce Catacora ha venido haciendo en cada discurso ofrecido al menos desde que fue arrestada y encarcelada ilegalmente el 13 de marzo de 2021, Jeanine Áñez no fue mencionada en esta oportunidad. El relato del golpe de Estado de Áñez parece estar desgastado, y la gente empieza a exigir resultados a Luis Arce.
En este sentido, aunque se esmeran mucho por tratar de demostrar lo contrario por medio de la propaganda del régimen, Bolivia atraviesa por una profunda crisis económica. Es cierto que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es bajo comparado con el de los países vecinos, que, en muchos casos, alcanza el doble dígito y con tendencia al alza, y ni qué decir de Argentina, que podría registrar uno de tres dígitos en cuestión de unos pocos meses. Pero el nivel de reservas netas del Banco Central para sostener el tipo de cambio fijo desde 2011 sigue cayendo: las reservas en divisas ascienden apenas a los €1.183 millones al 12 de agosto, que no cubren ni dos meses de importaciones.
Pero, además, como muestra de la desorientación e impotencia que Arce sufre para lidiar con la crisis económica si no es por medio del uso de la fuerza del aparato estatal contra sus adversarios políticos, la marcha se mostró numerosa, efectivamente, pero estuvo nutrida en gran medida por funcionarios públicos que fueron obligados a marchar abandonando sus puestos de trabajo, aportando una cuota obligatoria de al menos Bs. 80 (11,6 euros aproximadamente) y obligados a descontar la jornada de sus días de vacaciones.
Es difícil que Arce reciba mayor apoyo que el de esta jornada, porque luego de apenas un par de meses del escándalo de los líderes estudiantiles del MAS en las universidades públicas del país que todavía no se han recibido en al menos 40 años, y que ganan sueldos superiores incluso a los del presidente, durante la semana se tuvo conocimiento de que existen al menos 18 dirigentes sindicales de la nacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa otrora más importante del país, que cobran salarios que oscilan entre los Bs.6.000 (870 euros) y Bs. 40.000 (5,800 euros) sin trabajar.
Al respecto, no solo es bien sabido que los 500.000 empleados públicos que existen en el país son supernumerarios, tanto en el aparato público burocrático como en las empresas estatales, que son todas deficitarias, si acaso no están todas en bancarrota.
Se trata de un grupo social que ha crecido tanto, que, de acuerdo a cálculos recientes, habiendo crecido a un promedio de 10 por ciento anual desde 2005, en menos de 17 años ha alcanzado el tamaño de las poblaciones de los departamentos de Tarija y Oruro y que, por sí solos, bien podrían constituir la quinta ciudad más poblada de Bolivia, y que, si se añadiera a los miembros de sus núcleos familiares, superarían por algunos miles incluso a Santa Cruz, que cuenta con la mayor población del país.
Es decir: aunque no hubieran sido obligados a marchar y apoyar a Arce, se trata de gente que tiene una sola consigna: proteger su fuente de empleo. Empero, para una buena cantidad de estos funcionarios les será cada vez más difícil seguir aferrándose a sus empleos, pues la última deuda pública externa adquirida -con la cual se ha alcanzado máximos históricos– por cerca de 400 millones de euros con la Corporación Andina de Fomento (CAF), es para “apoyo presupuestario”.
Igualmente, también hace solamente unos días, uno de los varios grupos de choque del MAS, los Ponchos Rojos, cuestionaron el trabajo de Arce y condicionaron su apoyo a cambio de “mega obras” públicas que los favorezca en La Paz. De hecho, este grupo no asistió a la convocatoria para apoyar a Arce.
Finalmente, y por si fuera poco, el gran conflicto provocado por la postergación unilateral y sin fecha definitiva del censo 2022 por parte del régimen de Arce no ha terminado. Esto porque, entre otros aspectos, si se lleva adelante antes de las elecciones de 2025, amenazaría una hipotética reelección de Arce, porque revelaría varios fraudes. Por una parte el de una Bolivia 90% indígena que habría revelado el Censo 2012, o los niveles de pobreza, analfabetismo, el enorme desequilibrio en la asignación de recursos y escaños en el Legislativo, así como también el fraude cometido por Evo Morales, García Linera y sus ministros a finales de 2019.
En definitiva, los desafíos para el régimen de Arce son tantos y tan grandes, que muy probablemente son también inasumibles. Sin embargo, en lo que Arce sí tiene razón -nobleza obliga- es que en la oposición no existe proyecto político de país ni visión de país de largo plazo que le permita ocupar los espacios que el MAS en su conjunto deja libres por su propio fracaso.
Fuente: La Gaceta de la Iberosfera
Arce obliga a empleados públicos a apoyarle en las calles
