Ya nadie confía en que Argentina pueda evitar el default. El viernes hay un vencimiento de bonos por 503 millones de dólares y los acreedores saben que no cobrarán. Sin embargo, tanto el Gobierno como los tenedores de bonos se declaran dispuestos a seguir negociando más allá de esa fecha. Si los acreedores no recurren a los tribunales neoyorquinos y mantienen el diálogo con las autoridades argentinas, el default, el noveno en la historia del país, puede ser reversible.
El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, dice que la pandemia ha complicado la renegociación de la deuda argentina. Según él, no es lo mismo hablar mediante videoconferencia que hacerlo en persona. En cualquier caso, se acaba el tiempo y aún falta casi todo por acordar. Los contactos formales comenzaron en marzo, con el 8 de mayo como fecha límite. No hubo resultados. El horizonte se desplazó in extremis hasta el 22 de mayo. Pero el próximo viernes, al vencimiento de 503 millones de dólares, no habrá ni acuerdo ni pago. Parece inevitable el default, al menos desde el punto de vista técnico.
Los grandes grupos inversores se muestran tan deseosos de evitar un auténtico default como el gobierno de Alberto Fernández. Y eso mantiene las esperanzas, reflejadas el lunes en los mercados financieros: subieron los bonos argentinos y el riesgo-país siguió bajando. Los acreedores han creado tres grupos distintos (Bondholders, Ad Hoc y Exchange), según las características de la deuda en poder de cada uno, y han presentado sus propias propuestas. Aunque están todavía lejos de la oferta gubernamental, se vislumbra la posibilidad de un acuerdo en cuestión de semanas. Los mercados apuestan por un default breve y sin pelea en los tribunales.
Sobre una deuda global de 66.238 millones de dólares, el Gobierno argentino propone una quita de 3.600 millones sobre el principal, una reducción del interés promedio desde el 7% anual al 2,3% y un periodo de gracia de tres años en los que no se pagaría ni principal ni intereses. Ad hoc, el grupo encabezado por Black Rock, el acreedor más duro, y en el que participan otros gigantes como Fidelity, solo está dispuesto a aceptar una quita simbólica en el capital (inferior al 1%), a bajar el interés medio del 7% al 4,4% y se niega a aceptar un periodo de gracia superior a un año. El grupo Bondholders se declara dispuesto a asumir una quita en el principal del 2,3% y no rechaza frontalmente un periodo de gracia, pero exige intereses medios del 5% y una amortización cercana, a partir de 2027. En Exchange no quieren ningún periodo de gracia ni quita de capital, aunque proponen bajar el interés medio al 4,7%.
Las distintas ofertas pueden parecer irreconciliables. No deberían serlo, si se alcanza un compromiso sobre el valor de cada bono. La deuda argentina llegó a rozar una cotización apenas superior al 30% del nominal de cada bono, un precio que implicaría default duro e irrupción de los fondos buitre (aquellos cuyo negocio consiste básicamente en litigar). La cotización ha aumentado en las últimas semanas. El gobierno argentino valora los bonos en una media del 47%. Los acreedores, con pequeñas variaciones, apuntan entre el 55% y el 57%. Los analistas consideran verosímil un acuerdo en torno a un porcentaje cercano al 52%.
El periodo de gracia, al que Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán no quieren renunciar porque Argentina lleva tres años en recesión, registrará este año una contracción económica del 7% y necesita tiempo para acumular reservas en divisas, podría ser digerible para los acreedores si durante el mismo se contabilizaran intereses a pagar más adelante. Hay opciones de entendimiento, según Gobierno y acreedores. Pero no dará tiempo a alcanzarlas antes del 22 de mayo.