BUENOS AIRES.- Miles de personas se congregaron este miércoles en las inmediaciones de la plaza del Congreso de Buenos Aires, la capital de Argentina, en el marco de la huelga general convocada para esta jornada y que supone un desafío para el presidente, Javier Milei, tan solo un mes y medio después de su llegada al Gobierno.
De esa manera, comienza el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para expresar su condena a las políticas de Milei a pesar de las críticas vertidas desde del Gobierno contra la huelga, la cual calificó de «antidemocrática y antirrepublicana».
Los manifestantes denunciaron que las fuerzas de seguridad bloquearon el paso a través del puente de Pueyrredón, donde fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió en que «no les dejarán pasar» y señaló que se está aplicando el «protocolo antipiquetes» para garantizar la libre circulación de aquellos que sí quieren acudir a sus puestos de trabajo a lo largo de la jornada.
Asimismo, señaló que Milei «está tranquilo» y dijo que confía en que «la mayoría de argentinos está hoy trabajando». «Me llegan imágenes de todo el país abierto y trabajando. Fui a una estación de servicio y encontré a todos trabajando. Y luego a una fábrica de ácidos amoníacos y todos trabajando. Es importante mostrar ese país. El país que trabaja y no quiere seguir con estos aprietes y extorsiones», aseveró.
Paro débil
Hasta primeras horas de la tarde el paro no se sentía con demasiada fuerza en las calles de la capital, donde en varios barrios los comercios operaban con normalidad.
El transporte público funcionará hasta las 7:00 pm para facilitar la movilidad de los manifestantes que se congregaron frente al Congreso. Columnas de integrantes de sindicatos, un sector del peronismo y fuerzas políticas de izquierda ocuparon la plaza ubicada frente al edificio legislativo mientras otras movilizaciones se replicaron en distintas ciudades, como Mendoza y Mar del Plata.
Héctor Daer, secretario general de la CGT, arremetió desde un escenario en contra del decreto presidencial que plantea modificaciones a la legislación laboral y sostuvo que “destruye derechos individuales de los trabajadores, derechos colectivos y quiere eliminar la posibilidad de acción gremial en momentos en que tenemos una gran desigualdad en la sociedad”.
“Lo que quieren es destruir el Estado, que es la única institución de gobierno que permite el equilibrio social y la distribución de la riqueza”, sostuvo el sindicalista.
Pablo Moyano, del gremio de los conductores de camiones, criticó al ministro de Economía Luis Caputo y sostuvo que «si lleva esas medidas de ajuste, de hambre, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas, pero para tirarlo al riachuelo”, en referencia al río contaminado que transcurre por el sur de la capital.
Miguel Parra, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, dijo que el decreto y un proyecto de ley que es analizado en la Cámara de Diputados “muestran claramente los objetivos del nuevo gobierno, que plantea una desregulación absoluta de la economía y un ajustazo en contra de los trabajadores y trabajadoras» en favor de los grandes grupos económicos.
El proyecto de ley al que se refirió Parra incluye reformas en los ámbitos político, fiscal, jubilatorio y administrativo y una reducción del gasto público para equilibrar las cuentas fiscales.
La docente Karina Villagra afirmó que si las medidas salen adelante «vamos a perder más derechos los que trabajamos… la militancia debe estar más fuerte que nunca».
Tras las palabras de los líderes sindicales los manifestantes comenzaron a desconcentrarse.
Milei sigue siendo popular
El proyecto legislativo, que busca la privatización de empresas estatales y el incremento de impuestos a las exportaciones de ciertos sectores, encara un futuro incierto ya que el oficialismo está en clara desventaja numérica en ambas cámaras legislativas.
Milei, que fue elegido en el balotaje de noviembre con 56% de apoyo, afronta esta huelga con 55.9% de valoración positiva y 36.6% negativa, según un sondeo de la consultora CB Consultora Opinión publicada en la prensa. El estudio incluyó entrevistas a 1.347 personas realizadas entre el 10 y el 13 de enero y tiene un margen de error de 2.5 puntos porcentuales.
Otro sondeo del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) señaló, en tanto, que el mandatario tiene 52% de imagen positiva -respecto del 61% con que contaba el día que asumió- y 43% de negativa. El estudio incluyó 1.253 casos.
El analista político Sergio Berensztein señaló que Milei encara un escenario complejo en el que “los salarios reales están cayendo debido a la inflación y hubo una enorme devaluación en cuanto él asumió” por lo que “hay razones claras para que la gente se queje”.
Pero acotó que el mandatario sigue siendo popular y “se siente muy cómodo enfrentándose a estos líderes sindicales» que son impopulares en la sociedad, según estudios de opinión.
Pérdidas
Durante la jornada de protesta los aeropuertos de Buenos Aires permanecían abiertos. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 267 vuelos y la reprogramación de otros 26 por la adhesión de los distintos gremios aeronáuticos al paro, lo que afecta a más de 17.000 pasajeros.
El portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que la huelga supondrá “una perdida de 2.5 millones de dólares que pagaremos todos los argentinos”.
Los bancos, la administración pública, las gasolineras, el personal de salud y la recolección de residuos funcionaban de forma limitada.
La CGT anunció el paro el 28 de diciembre, la primera vez que lo hizo contra un gobierno que llevaba menos de un mes en el poder desde el retorno de la democracia en 1983. Por otro lado, esta es la primera huelga en más de cuatro años del sindicalismo, que durante del gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) no llevó a cabo una medida similar.
Paro político
El gobierno de Milei lo considera un paro político y acusa a sus organizadores de ser unos “mafiosos” y resistirse al cambio que decidió la sociedad cuando votó al líder de La Libertad Avanza.
Adorni señaló que “no se puede dialogar con gente que intenta parar el país y (el paro) muestra un costado bastante antidemocrático”.
El decreto que es blanco de las críticas incluye la derogación o modificación de cientos de leyes con el fin de desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado.
En materia laboral, restringe el derecho a la huelga en actividades esenciales como los servicios hospitalarios, la educación y el transporte y abre el juego para nuevos mecanismos de indemnización que harán menos engorroso el despido de empleados.
A su vez habilita a los trabajadores a dirigir sus aportes en forma directa a los prestadores de salud privada en vez de hacerlo a través de los de los sindicatos, lo cual afecta una importante caja de recursos de los gremios.
El capítulo laboral de este decreto ha sido suspendido en instancias judiciales y se prevé que la Corte Suprema se pronuncie próximamente.
Todas las iniciativas oficialistas -que en gran parte son apoyadas por sectores empresariales- buscan, según asevera el mandatario, combatir la suba de precios y reducir así la pobreza que afecta a más de 40% de la población y sentar las bases para lograr la estabilidad y el crecimiento económico.
Si bien es el primer paro contra el gobierno de Milei, la movilización callejera será la tercera gran protesta desde que el líder de La Libertad Avanza asumió el 10 de diciembre.