Argentina está cerca de cerrar un acuerdo por la renegociación de 66.000 millones de dólares de su deuda externa, al tiempo que el gobierno de Alberto Fernández renunció a expropiar la firma agroexportadora Vicentín al confirmar el escaso apoyo social a la medida.
Pese a que el Ministerio de Economía señaló a EL MUNDO que aún no está en condiciones de confirmar nada, los medios locales dan por hecho que el acuerdo está a un paso de consumarse. Según el canal de noticias TN, el ministro de Economía, Martín Guzmán, informó este lunes de la resolución favorable a los diputados del oficialismo y «el acuerdo está cerrado».
La agencia especializada Bloomberg señaló que ambas partes hicieron «progresos durante el fin de semana» y los acreedores recibirán 54,8 centavos por cada dólar invertido en bonos argentinos, un punto intermedio entre la última propuesta de Buenos Aires y las exigencias de los tenedores de bonos.
La noticia, destacó Infobae, «consolidó el fuerte rebote de las acciones argentinas en Wall Street, en medio de un optimismo por la posibilidad de dar un cierre positivo a la negociación» y llevó a la baja el riesgo país, que retrocedió a 2.119 puntos. Aunque sigue siendo una cifra astronómica, es la más baja desde el 4 de marzo.
La oferta que los acreedores están a punto de aceptar es la quinta desde el inicio de las negociaciones en febrero. El plazo para la aceptación de la cuarta oferta vencía este martes, pero ambas partes están de acuerdo en extenderlo unos días para poder cerrar los detalles de la renegociación.
La buena noticia para la tercera economía de América Latina llega en horas en que el gobierno enterró su polémica decisión de expropiar la firma agroexportadora Vicentín, una de las principales del país en su área.
Tras alegar semanas atrás que expropiar la compañía garantizaba la «soberanía alimentaria», Fernández destacó este fin de semana que el juez interviniente en el concurso preventivo de la firma no permitió la intervención del Estado: «En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores».
Con el decreto que deroga su propio decreto de hace dos meses, Fernández se quita de encima un problema que él mismo se había creado al decidir intervenir y expropiar la compañía, que atraviesa importantes problemas económicos. Más de 60 ciudades de toda la Argentina fueron escenario de marchas en contra de la decisión del gobierno, que pronto se encontró con que no le era tan sencillo avanzar con la medida, que varios expertos definieron como inconstitucional.
Fuente: El Mundo