«Luego de ser deportado, la Agencia de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Francisco Cuxum Alvarado», publicó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
Sobre Cuxum, detenido en septiembre pasado en Boston por reingreso ilegal a EEUU, pesaba desde 2018 una orden internacional de captura por la violación sistemática, entre 1981 y 1985, de una treintena de mujeres de la etnia maya Achi», incluyendo menores de edad, en el municipio de Rabinal, departamento Baja Verapaz (norte).
Cuxum, de 64 años de edad, además fue declarado en 1998 como uno de los sospechosos de la masacre de 177 personas, incluyendo 107 niños, en el Cerro Pacoxom, el 13 de marzo de 1982.
«Hoy se ha puesto sobre aviso a los violadores de derechos humanos, no hay refugio seguro para ustedes en los Estados Unidos», dijo el agente especial Jason Molina, al frente en Boston de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Aduanas de EEUU.
La fundación Verdad y Justicia reportó que el Juzgado de Mayor Riesgo «B» programó para el próximo viernes 31 de enero la audiencia para la primera declaración de Cuxum por delitos contra la humanidad y violencia sexual en el caso Mujeres Achi».
El 21 de junio de 2019, la jueza Claudette Domínguez, del juzgado de Mayor Riesgo «A», dejó en libertad a seis exPatrulleros de Autodefensa Civil (PAC), entre ellos Cuxum, por supuestos errores en la acusación presentada en 2012 por 35 mujeres de Rabinal, víctimas de las violaciones.
El Ministerio Público pidió separar del caso a la jueza Domínguez, acusándola de prevaricato y denegación de justicia.Las PAC, creadas en 1981 durante la presidencia del general Romeo Lucas García, fueron patrullas de civiles armadas por el Ejército para controlar poblaciones, y cometieron sistemáticos abusos, especialmente durante el gobierno del General Efraín Ríos Montt.
Un informe de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en 1994 registró que las PAC estuvieron implicadas en 1731 casos de abusos contra los derechos humanos, incluyéndolos en la participación de 342 matanzas.
Según la Comisión para el Establecimiento Histórico, apoyada por Naciones Unidas, unas 200.000 personas murieron y otras 45.000 fueron desaparecidas durante la guerra civil en Guatemala, la gran mayoría de ellas indígenas mayas.
Fuente: SputNikNews