BOGOTÁ.-La Asamblea Nacional Constituyente que propone el presidente Gustavo Petro acelera su paso en Colombia, en medio de serias sospechas de que llevará al país “hacia una hegemonía como la de Venezuela”, pero no cuenta con la firme oposición del bloque político que adversa al gobierno para impedir su avance, advirtió el abogado Fernando Vargas Quemba.
“La dirigencia política en Colombia no está en contra de la Constituyente. Los que estamos en contra somos los ciudadanos comunes, los independientes o libres pensadores, pero no a clase política”, señaló Vargas, presidente y cofundador de la organización Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla en Colombia.
A pesar de que el Senado recientemente cuestionó la pretensión de usar el mecanismo, a través de los partidos opositores Centro Democrático y Cambio Radical, de las bancadas independientes de los partidos Liberal, Conservador y La U, Vargas asegura que “Petro va a ganar la Constituyente”, la segunda promovida por el miembro del grupo guerrillero M-19 y ahora presidente. La primera se aprobó en 1990, durante el largo conflicto armado en ese país.
“¿Por qué Petro la va a ganar? Porque tocó intereses que suman mucha plata y muchos votos en las regiones. Y porque es fácil hacerla: van repartiendo cupos para los indígenas, los guerrilleros de las FARC que están en el Congreso, y para tantos otros, y ¿cómo puede haber oposición con 31 partidos políticos que lo apoyan? Este es un pueblo que no tiene dirigencia política independiente y estable, no la hay”, aseveró.
El presidente de Colombia planteó públicamente en Cali, el 16 de marzo pasado, una asamblea nacional constituyente ante el rechazo a sus controvertidas propuestas de reformas de salud y pensiones en el Congreso que las considera inconvenientes.
Sin embargo, encerraría otros propósitos, según el abogado, también escritor y catedrático.
Asamblea Constituyente, hacia la fuerza pública
“Esta nueva constituyente busca blindar legalmente la prohibición de extradición de guerrilleros, como de 1990; hay unos pactos hechos del gobierno con la fuerza socialista ‘narca’ para que no la extraditen; y segundo, van a legalizar los cultivos ilícitos en Colombia”.
Vargas dijo basar su afirmación en nuevas señales.
“Recientemente, salió una norma que prohíbe perseguir a consumidores de drogas en las calles y parques, y todo ese menudeo de la droga que sumándola son toneladas, representan millones de pesos y los jíbaros están haciendo fiesta”.
Se refirió también a los planes con respecto a los irregulares, un tema que Vargas conoce bien desde el conflicto armado en la década de los 90. En 1993, su organización a favor de las víctimas de la guerrilla fue la primera del país en denunciar en Naciones Unidas y en la CIDH los crímenes cometidos por la guerrilla, lo que provocó la persecución de esos grupos violentos, dos amenazas de muerte en su contra y el asesinato de los directivos del Comité, según dijo.
“Van a hacer que la desmovilización de grupos armados ilegales no se haga como en las anteriores ocasiones, sino que ahora el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la gente de FARC (Fuerzas Armadas de Colombia) y las llamadas disidencia que son los mismos, podrían incorporarse en las fuerzas públicas en las regiones. Algo similar a lo que ocurrió durante el proceso de paz de Nicaragua. Aquí van detrás de eso, el ELN e Iván Mordisco quieren ser fuerza pública en las regiones”.
La desmovilización que se planteó durante las conversaciones de paz lideradas por el presidente Juan Manuel Santos en La Habana, en 2016 y que concluyó con la incorporación de jefes guerrilleros en los foros políticos tendría ahora otro objetivo, según el abogado.
“La incorporación de la fuerza pública la quieren gradual, primero la fuerza pública en las regiones y luego en las fuerzas militares, aun cuando –y hay que decirlo- los mandos militares están plegados al gobierno, como en Venezuela, en cuyo socialismo militar los generales mandan y se enriquecen”.
Vargas recordó que estructuras similares con grupos violentos a favor del presidente ya existen. Y señaló que Petro, como senador durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) convocó a los jóvenes, con el apoyo de la juventud comunista, a hacer revueltas.
También mencionó a la Unidad Nacional de Protección, adscrita al ministerio del Interior de Colombia desde 2011 y creada después de las conversaciones de paz para dar protección con escoltas a personas en peligro. “Ahora está conformada por desmovilizados de las FARC”, dijo.
“En una subdirección hay 5.000 guerrilleros armados por el Estado en este momento para que sean escoltas de jefes guerrilleros”, apuntó el abogado. “Si se suman los dos grupos y el dinero del microtráfico abruma al resto”.
Prueba para los oposición
En opinión de Vargas, “Petro quiere llevar a Colombia gradual pero aceleradamente hacia la hegemonía venezolana” con la Constituyente.
“Nos va a someter energética y políticamente a la dictadura venezolana. Nuestra energía y nuestra vida dependen del petróleo venezolano”, afirmó.
Sin embargo, no hay un bloque político que se le oponga. Dijo que de los 32 partidos políticos que hay en Colombia “31 y medio son de izquierda” y aunque existe alguna dirigencia crítica y a favor de las libertades en el Parlamento, no tienen la vocería para hacerlo.
La falta de un firme bloque político tiene un hito en el pasado, dijo. Se evidenció durante la constituyente que el grupo guerrillero M19 del cual Petro formaba parte planteó en 1990, a cambio de la desmovilización, y que el Partido Liberal, presidido entonces por Cesar Gaviria, aceptó.
El país no quería la constituyente y tampoco la permitía la Constitución vigente, pero se impuso en nombre de la paz. La incluyeron en la elección del Congreso de 1990, como una suerte de consulta popular, rememoró el abogado.
Aunque esa papeleta, la séptima de la votación, no estaba autorizada por la Registraduría, el gobierno la aprobó. Al día siguiente, según relató, dijeron que la constituyente había ganado, lo que la Corte avaló “en una sentencia sorprendente”, destacó el abogado. “Sostuvieron que, si bien la constituyente era inconstitucional, no podían negarse a la paz”.
“Desde el Comité nos opusimos y se nos negó el derecho de la participación democrática, y cuando preguntamos a la Registraduría cuántos votos había sacado la constituyente, oh sorpresa, nos dijeron que esa papeleta aún no la habían escrutado. Finalmente, la constituyente se eligió con 2,5 millones de votos contra los 8 millones que sacó el Congreso. Sin embargo, esta institución guardó silencio, no peleó su espacio político y la primera decisión de la constituyente, al día siguiente, fue cerrarlo”.
Vargas sospecha que se repetirá el pasado.
“Petro quiere hacer la nueva constituyente con el apoyo de estos sectores políticos, y lo va a lograr. Y el asunto es que en el país hay unos grupos ilegales riquísimos con salidas a Europa, Venezuela, a EEUU desde Centroamérica, es decir, marcan las rutas del narcotráfico que han copado a Estados Unidos y Europa. Con esa gente, creo, Petro va a negociar”.
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