La Asamblea Nacional venezolana está a contrarreloj para definir el plan de acciones a ejecutar ante un escenario que se muestra turbio para los partidos que se aglutinan en la coalición opositora. Mientras que la dictadura de Nicolás Maduro abona el terreno para llevar a cabo un fraude electoral, los quiebres en la disidencia entre los que quieren participar y los que todavía se resisten a la idea han terminado por dañar la «fuerza monolítica» que buscó en un primer momento el presidente Juan Guaidó.
A pesar de que restan pocas semanas, el Gobierno interino ha activado una serie de pasos para dar mayor legitimidad, no solo a su peso como institución, sino también a todos los movimientos que vaya a ejecutar para respaldar, entre otras cosas, la decisión de no presentarse en el fraude electoral y continuar en funciones hasta la materialización de elecciones libres y transparentes en Venezuela.
Al respecto, el presidente del legítimo Tribunal Supremo de Justicia que hoy se encuentra en el exilio, Miguel Ángel Martín, le explicó al PanAm Post sobre la repercusión de cada uno de estos mecanismos que buscan sostener la legalidad de la Asamblea Nacional tanto en el país, así como también ante la mirada internacional de una coalición democrática de al menos 50 países que respalda el accionar de Guaidó frente a las tretas de la tiranía de Maduro señalada como un poder de facto que busca el enfrentamiento con poderes que sí tienen una legitimidad de origen, como es el caso del Parlamento.
«Están haciendo consultas públicas. Dentro de las facultades de la AN está hacer consultas a los integrantes de la sociedad civil, pero la consulta está muy limitada porque no está todo el espectro nacional involucrado y creo que hay que comprometer a todos los venezolanos a enfocarnos en la salida del régimen», aseveró el jurista.
No obstante, las reservas frente a la consulta que pretende ejecutar el Gobierno interino de Guaidó han estado a la orden del día. Entre las polémicas que se han suscitado en torno a este objetivo, más allá de las críticas que ha ganado el también presidente de la Asamblea Nacional por repetir un acto de esta naturaleza —semejante al de 2017—, figura que la llamada «consulta popular» se hará en persona, un requisito que debido a la situación mundial por el coronavirus causó inquietud entre la ciudadanía.
Al respecto, Guaidó justificó recientemente la ejecución de esta estrategia al indicar que «La consulta no es en el fin en sí mismo, como no lo es una marcha, como no lo es una protesta. Es un vehículo, es un medio de expresión de sostenimiento de la protesta, de organización, de comunicación».
Sobre el financiamiento de un acto de tal magnitud, que precisa una seria maquinaria y logística, Guaidó aseveró que «tendremos que buscar apoyo para poder ejecutarla y que se exprese el pueblo de Venezuela», al igual que 2017.
¿De dónde saldrían los recursos para la consulta de Guaidó?
Sin embargo, en abril la Asamblea Nacional venezolana anunció la aprobación de un acuerdo que autoriza la transferencia del saldo en dólares de una cuenta bancaria del Citibank perteneciente al BCV chavista a otra cuenta bancaria del banco de la Reserva Federal de Nueva York. En su oportunidad los medios locales informaron que el monto de esta operación asciende a 342 millones de dólares y el dinero es producto de operaciones relacionadas con las reservas de oro venezolano.
Sobre las gestiones para el uso de estos fondos, la coalición opositora en el Parlamento aprobó parte del presupuesto especial enmarcado en «la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Riesgo Vital», un reglamento que regula el uso del dinero que ha sido recuperado.
En primera instancia, se acordó un presupuesto de 80 millones de dólares que servirían para la ejecución de proyectos dentro de dicha normativa y se distribuirán de la siguiente forma: 5 millones irá para la «seguridad y defensa de la democracia»; 35 millones destinarán para «gastos sociales con atención prioritaria para la emergencia humanitaria»; 5 millones más serán para el «fortalecimiento de las comunicaciones» y 8 millones para el «fortalecimiento de las relaciones internacionales».
A su vez, en el mismo presupuesto se cuentan con 14 millones de dólares para el proyecto de defensa y fortalecimiento del Poder Legislativo, un monto cercano a los 2 millones para el funcionamiento de la Contraloría, así como para el Poder Judicial y 9 millones «para los costos de implementación del presupuesto especial».
Se desconoce si alguna porción de los fondos totales regulados por la Asamblea Nacional será usada para la ejecución de la consulta popular que impulsa el Gobierno interino.
La encrucijada que se presenta ante el 6-D
Existe una incógnita que a diario toma mayor solidez mientras se acerca la fecha impuesta por el régimen de Maduro para llevar a cabo el fraude electoral, luego de que el excandidato Henrique Capriles Radonski anunciara su participación en este evento pautado para el 6 de diciembre: ¿qué pasará con los «candidatos opositores» que sean votados ese día?
Las desventajas de medirse en un evento de esta magnitud bajo estas condiciones son claras: la convocatoria a participar forma parte de un fraude que nace desde la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Esto obedece a que el nuevo reglamento que dicta el Consejo Nacional Electoral (CNE), proclamado por este organismo hecho a la medida de Maduro, precisamente cambia los circuitos y sus diputados.
Es desde allí donde se establece una población que no es real en Venezuela, hecho que aumenta la cantidad de curules y resulta en la creación de una figura de diputado nacional, así como estatal. Esta estrategia da una impresión de que existen legisladores con mayor y menor jerarquía dentro del propio Parlamento y esto podría jugar en contra al momento de la aprobación de cualquier moción que pueda discutirse y necesite cierta mayoría.
De acuerdo con Martín, en caso de presentarse el escenario de una participación en este evento, por correlación de fuerzas y basándose en ciertas estadísticas, de las 277 diputaciones que ahora se pretenden instaurar, la oposición —en teoría— podría lograr como mínimo 50 legisladores de los que participan en este proceso y que también serían proclamados. Esto genera una posible nueva coalición adversa al régimen de Maduro, pero dentro del terreno que quiere tener la tiranía como nuevo Parlamento.
Nos vamos a encontrar con un escenario jurídico internacional complejo, porque vamos a tener diputados elegidos en un proceso fraudulento, pero votados por la ciudadanía y nos encontraremos con unos diputados que no participaron en ese proceso y que en teoría debería continuar con el ejercicio de su poder como diputados a la Asamblea Nacional. Habrá una guerra numérica interesante, además del quiebre institucional.
Sobre el cuestionamiento acerca de la crisis de institucionalidad en Venezuela que podría darse después de esta fecha, producto de la continuidad en funciones de la Asamblea Nacional una vez caducado su tiempo, el representante del TSJ habló sobre la lectura que se da a este proceder que van más cercano al tinte político que jurídico:
«Hay una vertiente importante que sostiene que tiene que haber una suspensión de los procesos constitucionales, porque no se ha producido el cese de la usurpación y tiene que haber como efecto la continuidad de los diputados de la Asamblea Nacional. Ya eso es una decisión más política que jurídica, pero continuarían todos los diputados —incluso los del chavismo— que la oposición los ha aceptado después de regresar de la Constituyente. Entonces, se genera una restricción con unas limitantes legales frente a otra situación que es el derecho de participación ciudadana».
Las propuestas sobre la mesa emitidas desde el TSJ
Desde el inicio de esta cruzada para enfrentar la ejecución de las elecciones parlamentarias o en su defecto llevarlas a cabo desde un terreno democrático, el TSJ ha esgrimido una serie de propuestas para evitar la inminente crisis de institucionalidad que se avecina en Venezuela luego del 6-D. Sin embargo, estos pronunciamientos han sido omitidos por parte del poder Legislativo venezolano.
Tales acciones pudieron haber llevado a la Asamblea Nacional, así como al Gobierno interino, por un camino mucho menos complejo que el atravesado actualmente, donde, al parecer, el régimen de Maduro les ha sitiado en varios aspectos.
Al respecto, Martín aclaró: «Existe algunas restricciones legales que han podido, en mi opinión, ser atacadas a tiempo. Cuando iban a elegir al presidente Guaidó estábamos proponiendo que se designara un presidente provisional hasta que haya elecciones libres, democráticas y se mantuviera la Asamblea Nacional con una separación de poderes, para crear la triada de poderes que hay en Venezuela. No compartieron nuestra opinión y ahora nos encontramos con un tema constitucional de qué va a pasar del 6 de enero, cuando vence el periodo constitucional de los diputados de la AN».
Ahora, a pocas semanas de materializarse este evento electoral, el TSJ maneja una posición que va en la misma línea del Gobierno interino: continúa señalando la existencia de un fraude y hace las exhortaciones en el marco jurídico a la no participación ciudadana, al aludir a la ilegitimidad de estas elecciones, al igual que le califica como una estafa a la nación venezolana.
«Si el 6 de diciembre se da una elección, nos vamos a encontrar con un proceso fraudulento frente al voto ejercido por los ciudadanos que es un derecho. Ahí la coyuntura será tremenda, por eso hacemos la exhortación a una alianza para que tengamos un propósito común que es el cese de la usurpación. Mientras tanto, todo tiene que quedar suspendido para que continúe la Asamblea Nacional, a pesar de estas elecciones que se están organizando de forma fraudulenta», dijo.
Asimismo, también existen interrogantes dentro del TSJ en caso de materializarse este fraude, para saber cómo abordar la coyuntura de poderes en el país, ante cualquier escenario que se presente en la pugna que hoy día se da en Venezuela.
«Tendríamos que evaluar cuál sería nuestra posición frente a una realidad que se presentaría que en Venezuela. No sabemos cuántos diputados se irán a las elecciones (…) Para nosotros los procesos constitucionales están suspendidos hasta que haya una elección presidencial. Apostamos a una elección presidencial y al cese de la usurpación», estimó Martín.
Las otras investigaciones que están sobre la mesa
Para cerrar, el magistrado Martín también indicó que a pesar de que el TSJ se encuentra en el exilio, se ha mantenido estratégicamente bajo la dignidad y pensando en función de la transparencia jurídica en Venezuela.
Aseveró que desde las salas del Supremo se trabaja para emitir todas las decisiones que correspondan a casos que atañen al país, tales como la participación de varios políticos venezolanos en el caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, donde se habla del pago 173 millones de dólares en coimas y financiación ilegal de campaña entre 2006 y 2014.
«Cuando se presenta una acción de esta naturaleza ante un tribunal, la obligación es exhortar al Ministerio Público a que haga esas investigaciones. La fiscal está en deuda en hacer la investigación», una acción que se continuará pronto, una vez que cesen las ataduras de la tiranía que se empeñan en bloquear las facultades de los demás poderes venezolanos.
«Estamos en el exilio, pero no podemos permitir que se restrinja la institución internamente. Así como ha sido afectada la Asamblea Nacional con un paralelo que originó el diputado Parra ha ocurrido con nosotros, pero nos hemos mantenido con nivel y dignidad», puntualizó.
Fuente: PanamPost