Caracas, 24 ene (EFE).- En Venezuela se registraron 524 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en 2023, un aumento de 32 % con respecto a 2022, cuando se documentaron 396, denunció este miércoles la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) en su informe anual.
Del total, 394 agresiones fueron contra organizaciones y las 130 restantes contra “personas defensoras de derechos humanos”, indicó la ONG.
Según el informe, el año pasado estuvo marcado por una “profundización de la política de criminalización” y un “aumento de las acciones represivas y de control a las organizaciones y personas defensoras”.
En este sentido, señaló que aumentaron las “vulneraciones a los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa” de DD.HH.
Fue un “año de amenazas, hostigamiento, intimidación y uso de la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar a la sociedad civil”, subrayó la ONG.
Según estos registros, 298 fueron hechos de “estigmatización”, 133 de intimidación y hostigamiento, 67 amenazas, 10 ataques digitales, 8 de judicialización, 4 detenciones “arbitrarias” y otros cuatro no especificados.
Sobre los responsables, el CDJ señaló a funcionarios públicos en 223 casos, medios de comunicación estatales en 109, personas o agrupaciones “afectas a los intereses políticos del Estado” y “afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)” en 93, a instituciones públicas o entes gubernamentales en 75 y a “organismos de seguridad” en 24 de los hechos.
La organización advirtió que en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año, aún sin fecha definida, aumentarán “las restricciones al espacio cívico y democrático”, así como la “criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil”.
Además, alertó de la elaboración, por parte de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, de un proyecto de ley para fiscalizar a las ONG, que tiene el objetivo, según el CDJ, de “limitar y obstaculizar el trabajo” de la “sociedad civil en general”.