Bernardo Henao Jaramillo,
El artículo 69 de la Carta Política colombiana reconoce y garantiza la autonomía universitaria y establece que “las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. La Ley 30 de 1992 reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional (artículos 28 y 29).
Esa capacidad de autoregulación, que encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de los educandos tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público, ha tenido un atropello inadmisible, ha sido violentada, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, a través de una clara vía de hecho, fue “destituido”, en un actuar presuntamente delictivo teniendo en cuenta que se desconoce la decisión de una tutela por él instaurada que le protegía sus derechos, esto es, su nombramiento como rector.
En efecto, el pasado jueves 30 de mayo, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá falló a favor del profesor José Ismael Peña, validó su nombramiento como rector de la Universidad Nacional y anuló la resolución del Ministerio de Educación Nacional que designaba un rector interino.
Al ampararse los derechos del señor rector, se dejó sin efecto la resolución 7480 del 15 de mayo de 2024, que designaba un rector encargado.
Ahora, ante esta abrupta y abusiva decisión, el rector José Ismael Peña emitió un comunicado en el que consignó: “Emprendí una férrea defensa de la autonomía universitaria, principio y derecho constitucional. Hoy, en contravía de los reiterados llamados de la Procuraduría General de la Nación, de las decisiones del Consejo de Estado, ante quienes se ha demandado la nulidad de la elección y, en ningún caso, ha considerado oportuno o urgente la solicitud de suspenderme o dejar sin efectos la decisión del CSU de elegirme rector, (…) las reconfiguradas mayorías de este cuerpo colegiado han decidido emitir la Resolución No. 067 de 2024, por la cual dejan sin efectos la designación de rector realizada el 21 de marzo y con la cual ‘habilitan’ una nueva designación que realizarán en las próximas horas”.
Minutos después se escogió con cinco votos como rector a Leopoldo Múnera, lo que produjo la complacencia del indigno Gustavo Petro, quien lo consignó en su cuenta de X, señalando “felicitaciones a Leopoldo, un gran intelectual colombiano”. Válgame si ser marxista le convierte en intelectual.
No hay duda de la injerencia del Ejecutivo en este proceso, lo que a todas luces resulta inadmisible, contrario a la Constitución y a la ley, precedente preocupante y signo de autoritarismo del gobierno, máxime cuando utilizó cuantas trabas tuvo a su alcance para obstaculizar la decisión del Consejo Superior Universitario y coadyuvó en el desconocimiento a resolución judicial, conducta nada ejemplarizante, más aún cuando tal, al parecer, tipifica ilícitos consagrados en la ley penal.
Esta acción merece un análisis detallado y una respuesta contundente por parte de las comunidades universitaria y judicial. La autonomía universitaria es un principio fundamental que debe respetarse para garantizar la independencia y el correcto funcionamiento de las instituciones educativas. Resulta contradictoria al proyecto democrático que ventila a los cuatro vientos y discordante totalmente con un gobierno que se tilda de progresista y que da duro golpe a la autonomía universitaria.
Llamamos a la ciudadanía y especialmente a la comunidad universitaria a pronunciarse contra este atropello. La “destitución” del rector Peña implica despreciar la facultad de las universidades para autogobernarse y va en contravía de derechos constitucionales y legales.
Sabemos que la autonomía universitaria resulta esencial para el libre desarrollo de la educación superior. Permite a las universidades funcionar sin interferencias indebidas. Violentar esta autonomía socava la democracia y el futuro de la educación.
Exigimos entonces a las autoridades competentes investigar esta acción y tomar las medidas necesarias para restablecer el orden y la justicia. Todos a protestar y denunciar en solidaridad con el exrector Peña.
Todo lo que acontece con la Universidad Nacional y su Consejo Directivo deja pensar que lo es también para conseguir facilitar el ingreso de esas movilizaciones de indígenas, campesinos, negritudes y jóvenes que se anuncian estarán allá reunidos desde el 18 al 20 de julio. Incluso se conoce que en los predios del claustro universitario ya se encuentra instalado un campamento pro palestino.
Toda esa lucha con las directivas y ahora con un nombramiento de un marxista consumado que defiende su mal denominado proceso constituyente y que en sus voces dijo que: “No para. Hay que organizarlo, hay que impulsarlo, hay que darle el apoyo institucional”, deja un amargo sabor.
Es por supuesto lógico inferir que seguro abrirá las puertas de la Universidad Nacional a todo ese grupo poblacional que se instalará como “Congreso del Pueblo” lo que seguro, por respeto al campus universitario, no era posible en la rectoría de José Ismael Peña, hecho por el cual se requería removerlo con la máxima celeridad.