CARACAS.- Este martes se lleva a cabo el segundo día de la audiencia del empresario colombiano, Álex Saab, presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, en la que se evalúa la evidencia sobre si realmente cuenta con estatus diplomático, tal y como insiste en asegurar.
En esta segunda jornada, el tema que se ha abordado es el de presuntos pagos de sobornos por parte de Saab a altos funcionarios venezolanos por contratos vinculados a un programa de alimentos y otro de viviendas subsidiadas durante el periodo que colaboró con la DEA.
El periodista Joshua Goodman afirmó en Twitter que fiscales estadounidenses dijeron que Saab discutió durante seis reuniones celebradas entre 2016 y 2019 «pagos de sobornos a altos funcionarios venezolanos por contratos de alimentos y vivienda». Goodman agregó que los fiscales dijeron que Saab nunca dijo que era un diplomático venezolano ni sus contactos de la DEA se lo preguntaron.
«Un experto del FBI tomó posición para testificar sobre los metadatos que muestran que el Boletín Oficial #6373, donde Saab fue supuestamente nombrado diplomático por decreto fue alterado 4 veces después de su publicación el 13 de abril de 2018. Pero no pudo decir qué cambios se hicieron, ni por quién ni bajo qué autoridad», añadió Goodman en Twitter.
Goodman también indicó que los fiscales dijeron en audiencia que Saab envió $12.6 millones a la DEA cuando estaba cooperando «proactivamente» con esta institución. El abogado de Saab objetó que ese hecho no es relevante para la discusión de su supuesto estatus diplomático.
Saab, de 50 años, fue sacado de un avión privado en el verano de 2020 durante una parada de combustible en Cabo Verde cuando se dirigía a Irán, donde iba a negociar acuerdos petroleros para el régimen socialista del dictador Nicolás Maduro. Fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con un caso de sobornos que supuestamente desviaron 350 millones de dólares por vía de contratos públicos para construir viviendas asequibles para el régimen venezolano.
Pero el caso penal se ha convertido en un tema controversial.
La disputa gira en torno a la inmunidad diplomática y sobre si Saab, bajo las leyes estadounidenses, puede aducir que era “enviado especial” en una misión humanitaria y secreta para negociar con el gobierno iraní en representación de Maduro.
Los abogados de Saab presentaron como evidencia lo que, según dijeron, eran notas diplomáticas entre Irán y Venezuela sobre lo que iba a ser el tercer viaje de Saab a Irán en cuestión de semanas. Al momento de ser arrestado, según dicen, Saab llevaba una carta sellada de Maduro al líder supremo iraní pidiéndole su apoyo para un acuerdo planeado para importar combustible, en momentos en que se formaban largas colas de vehículos en las gasolineras de Venezuela.
«Este es en realidad uno de esos casos donde si algo se parece a un pato, camina como un pato y suena como un pato, pues entonces es un pato”, declaró Jonathan New, uno de los abogados de Saab, en la presentación de argumentos. “El señor Saab era y sigue siendo un enviado especial”, dijo.
Pero el fiscal estadounidense Alex Kramer sostuvo que algunos de los documentos fueron falsificados “para darle algo de credibilidad a este argumento de que era algún tipo de enviado especial”.
Entre dichos documentos está un pasaporte diplomático, que Saab no llevaba consigo cuando fue arrestado y que tiene la misma foto y firma que otro pasaporte, no diplomático, emitido dos años antes.
Los fiscales cuestionan además la autenticidad de la edición de la Gaceta Oficial de Venezuela fechada el 26 de abril de 2018 en que supuestamente Saab fue designado enviado especial por decreto presidencial. El ejemplar de esa misma edición -número 6.373- en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la versión digital en el sitio web del Tribunal Supremo de Venezuela no contienen esa supuesta designación.