La falta de reconocimiento por parte del Gobierno nicaragüense de asumir la responsabilidad estatal en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas sociales hace casi tres años ha perpetuado la impunidad y ha favorecido su repetición, sostiene el último informe* de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
El documento que presentará Michelle Bachelet este 25 de febrero ante el Consejo de Derechos Humanos estudia el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y expone “las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades” que padecen los nicaragüenses a la hora de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos.
El informe indica que “fundamentalmente, la persistencia de la crisis sigue enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años, mientras las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más”.
Del mismo modo, afirma que durante el último año y medio continuaron “los ataques, el acoso y la persecución” de los cuerpos de seguridad y de elementos progubernamentales contra opositores, políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, medios de comunicación y las personas que el Gobierno percibe que tienen opiniones discrepantes.
Además, detalla las intimidaciones que sufrieron las organizaciones de derechos humanos, los grupos de mujeres y las asociaciones de familiares de víctimas por parte de agentes de policía y elementos progubernamentales. La Oficina de Bachelet documentó 83 casos de persecución, acoso y amenazas, entre ellas represalias contra personas que cooperaron con la ONU.
Intimidación a periodistas y limitaciones a la libertad de expresión
Los medios de comunicación y sus profesionales sufrieron 34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio, así como allanamientos de sus oficinas, destrucción de equipos e imposición de sanciones administrativas por su labor periodística.
También se impidieron las manifestaciones pacíficas y las que llegaron a celebrarse sufrieron ataques por parte de las fuerzas del orden o de elementos progubernamentales.
Conforme a los datos recabados por la sociedad civil, a fecha 7 de diciembre de 2020 se contabilizaban al menos 110 personas detenidas arbitrariamente tras participar en protestas o por colaborar con grupos de la oposición. Entre ellas, 13 continúan arrestadas desde 2018.
El informe también especifica que algunas de las personas detenidas fueron presuntamente sometidas a torturas o malos tratos. Bachelet llamó a las autoridades nicaragüenses a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad dentro del marco de las protestas o por manifestar opiniones disidentes.
Tres leyes que generan preocupación y falta de reformas electorales
Otra de las inquietudes a la que alude el informe es la aprobación de tres leyes (una sobre agentes extranjeros, otra acerca de ciberdelitos, y la tercera relacionada con la defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación) que podrían acarrear consecuencias negativas “para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones”.
Con relación a los comicios del próximo noviembre se indica que, “a pesar del anuncio del Gobierno de que incluiría algunas reformas electorales en la agenda legislativa de 2020, esto no ha sucedido”.
En el ámbito legislativo también califica como “preocupante” la reforma constitucional que prevé castigar con pena de cadena perpetua los llamados “delitos de odio”, junto a la “reciente reforma del Código de Procedimiento Penal que retrasa hasta 90 días la revisión judicial efectiva de una detención”.
El informe indica que hay un “riesgo significativo” de que la aplicación selectiva de estas leyes conduzca a una mayor represión de las voces disidentes, a causa del “debilitamiento del Estado de derecho y el deterioro de la separación de poderes”.
Bachelet mostró su satisfacción por “algunas señales recientes de apertura” en la colaboración entre el Gobierno y las agencias de la ONU en la respuesta a la pandemia del coronavirus y con la destrucción que causaron los huracanes Eta e Iota, pero lamentó que no aceptasen las “reiteradas ofertas de acceso al país” que se hicieron por parte de su Oficina “y de asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos”.
“El Gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”, subrayó Bachelet.
Recomendaciones finales
La Alta Comisionada insta a Nicaragua a:
a) Adoptar un plan de acción con plazos concretos y responsabilidades claras para implementar todas las recomendaciones incluidas en su primer informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019, incluidas la liberación inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de la crisis en curso; la protección de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, y de los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación; y la plena vigencia de los derechos a interponer recursos y obtener reparación (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos
b) Adoptar urgentemente reformas electorales efectivas que garanticen elecciones libres, justas y transparentes, a ser identificadas a través de un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la oposición
c) Poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas, o que expresan opiniones que difieren de las del Gobierno
d) Modificar la Ley 1040 de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial 1042 sobre Ciberdelitos y la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil y con expertos
e) Asegurar la participación efectiva de las personas afectadas, incluyendo a las mujeres, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas relacionados con la recuperación de la COVID-19 y de los huracanes Eta e Iota
f) Reanudar una comunicación constructiva con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para discutir la cooperación técnica y otorgar acceso a la Oficina a Nicaragua
*El informe se compone de la información recopilada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y otros países, incluidas entrevistas personales y a distancia.
Durante el período que se reporta, la Oficina realizó 208 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y con otras fuentes, incluyendo abogados, periodistas y profesionales de la salud (121 hombres y 87 mujeres).
También realizó 232 reuniones con una amplia gama de actores, entre ellos el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, integrantes de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional.
La Oficina analizó documentos, vídeos, fotografías e informes de fuentes abiertas, tanto gubernamentales como no gubernamentales.
Fuente: News