Si hay un inhóspito, indomable y peligroso lugar ese es el mar. El mar ha estado presente en la historia de la humanidad y muy especialmente en la de los grandes imperios. No existe imperio que no haya encontrado un poderío difícil de debilitar como aquel que se basaba en la conquista de los mares. De hecho, existe un término para el dominio político y económico basado en el mar y es la Talasocracia. Sin embargo, así como es de poderoso, el mar es igualmente peligroso. La cuna de los mayores crímenes internacionales suele darse en el mar; piratería, prisiones flotantes —e indetectables— narcotráfico, tráfico humano, tráfico de armas. Cualquier término que pueda venir a la cabeza en cuanto a temas delictivos, seguramente encontrará un marco dentro del mar.
Es por eso que cuando se toca el tema de los balseros venezolanos y los últimos acontecimientos que involucran a Trinidad y Tobago lamentablemente uno no tiene por dónde comenzar. Pero comencemos por el final. De acuerdo con la última nota, la cifra de muertos —al menos oficial— asciende a 23 pero se espera que vaya en ascenso; otros hablan de 29. La verdad es que probablemente nunca lo sabremos porque así se comporta el mar; engulla a sus víctimas o las mueve de un lado a otro hasta que la única prueba de vida que puede quedar es aquella que te relatan que de hecho esta persona existió.
Ahora, volviendo a lo que nos atañe. Quedan hilos sueltos que hay que comenzar a entretejer para que a partir de allí se puedan responder a las siguientes interrogantes: ¿Cómo están saliendo de manera indiscriminada tantos ciudadanos venezolanos en unas balsas claramente sobrecargadas? La razón es más que evidente y no tiene lugar a discusión; sí, la crisis humanitaria es la que está llevando al venezolano a preferir correr el riesgo de perder la vida en el mar que seguir viviendo una situación deplorable de hambre, de peligro, de miseria y de falta de calidad de vida en el país pero ¿por qué luego de tantas alertas con relación a lo que está sucediendo cuando llegan a Trinidad y Tobago —con estas últimas alarmantes noticias— no ha habido un proceso de control, de vigilancia y supervisión? Estos casos tienen todos los elementos propios de tráfico de personas y sin lugar a dudas existe un grupo importante lucrándose de venezolanos que son capaces de pagar el precio que sea a cambio de salir del país.
Ya en su primer momento Trinidad y Tobago de hecho se abanderó del tema del tráfico humano para justificar las acciones que había ejercido, pero esto sucede porque también existe un desconocimiento claro y preciso de los principios humanitarios que se deben cumplir cuando se dan casos de migraciones irregulares como las que se están dando. Es más, existe un debate internacional con respecto a este tema y a las conclusiones a las que se ha llegado es que no existe una legislación clara y homogénea en cuanto a la inmigración irregular.
De hecho, la ley migratoria trinitense tiene un espacio específico de personas no admitidas en su artículo 8 —es bastante discriminatoria— incluso a quienes no permiten ingresar en su territorio. En su apartado 2do. y 3ro. se apoyan para no admitir a quienes sean posibles narcotraficantes y sufran de enfermedades infecciosas, cuan conveniente en tiempos de COVID-19. A su vez, el primer ministro cuenta con plenos poderes para decidir quién entra y quién permanece, por lo cual, sabiendo que es un aliado estratégico de Venezuela no permitirá acciones que perjudiquen sus relaciones bilaterales.
El caso es que, en materia migratoria, se le otorga al Estado el derecho a decidir cuáles son los criterios de “admisión” y también cómo va a aplicar en caso de que considere pertinente la “política de retorno”. Igualmente sucede en el Continente Europeo con los refugiados provenientes de África y las víctimas del conflicto sirio, así que no se trata de un tema exclusivo del caso venezolano.
Sin embargo, existen principios básicos establecidos en los instrumentos internacionales y propios de las relaciones internacionales que no se pueden dejar a un lado, especialmente como el caso de la población venezolana que ya se encuentra dentro de la categoría de emergencia migratoria y ya es reconocida como una emergencia humanitaria. Algunos invocan el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados sobre la prohibición de expulsión y de devolución donde se establece que se prohíbe la expulsión o devolución o la puesta en peligro a un refugiado; y es aquí donde volvemos al punto de partida, ya que las medidas tomadas por Trinidad y Tobago han sido estratégicamente todas previas a la declaración de esta condición.
Esto pareciera que le otorga una justificación al Gobierno trinitense para no permitir siquiera que estos ciudadanos toquen tierra o si bien tocan tierra no tardan en ser expulsados y en este caso sí, violando todas las normas migratorias posibles y colocando en situación de peligro a grupos humanos indistintamente si se trata de hombres, de mujeres o de menores. Pero no es así, porque existen principios básicos que han de cumplirse cuando se trata de Centros de Internamiento de Extranjeros que se encuentran en situación irregular y que se enlazan directamente con esos derechos primarios civiles.
Por ejemplo, los centros de internamiento deben observar el respeto a la vida, integridad física y salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra, y a que sea preservada su dignidad y su intimidad; también el ejercicio de sus derechos básicos como es el nombramiento de un funcionario que le asista, conocer su condición jurídica, el derecho a comunicarse con algún familiar, recibir asistencia médica y sanitaria adecuada, ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro, el derecho de entrar en contacto con los organismos no gubernamentales y, en caso de que no se hable el mismo idioma, el derecho a contar con un intérprete. Mas aún, en la actualidad con el tema del COVID -19 las autoridades trinitenses deben tomar las medidas necesarias también para procurar que aquellos que lleguen a su territorio reciban al menos información o la práctica de pruebas para determinar si se encuentran contagiados o no para aplicar el protocolo respectivo.
El caso es que Trinidad y Tobago se encuentra tratando al migrante irregular peor de lo que se puede tratar a un delincuente común, criminalizando el flujo migratorio y de alguna manera criminalizando a los ciudadanos venezolanos.
Las expulsiones han estado a la orden del día sin obedecer a ningún mecanismo humanitario. De hecho, quedan aún temas en el tintero que habrá que responder, ya que muchos de los que se encuentran trabajando directamente con los casos han encontrado puntos qué esclarecer. Entre ellos ¿Verificó Trinidad que los vehículos que iban a transportar de regreso a los venezolanos se encontraban en las condiciones óptimas para poder llegar de nuevo a Venezuela? ¿Recogió Trinidad una base de datos para determinar quiénes se encontraban en esas balsas a fin de informar al Gobierno venezolano y a sus autoridades? Porque alguien tiene que proteger a esta población de alguna manera. ¿Se les informó a estos venezolanos de su condición?
Hay rumores que hablan de que probablemente muchos no murieron por naufragio sino por heridas de bala, aunque esto queda por comprobarse, pero no por ello dejar de aplicar las medidas jurídicas y periciales pertinentes porque estos ciudadanos no son víctimas fortuitas, sino que existe una responsabilidad y es una responsabilidad internacional. Para ello habrá que determinar qué sucedió con los balseros estando en aguas territoriales trinitenses y qué sucedió en aguas territoriales venezolanas. Si acaso hubo actuación directa por parte del Estado trinitense y sus funcionarios en colocar en situación de peligro a estos venezolanos, mas allá de las condiciones en las cuales se encontraban, existe una clara responsabilidad que debe ser asumida y el Estado venezolano debería solicitar la investigación respectiva. Hay que también llevar un registro de sus actuaciones, si ha tomado alguna medida para defender la vida y la integridad de sus ciudadanos y si ha ejercido alguna acción para que estos casos no queden sin respuesta.
Finalmente, no debemos dejar de mirar el panorama en macro que es mucho más grave. Primeramente, que estamos ante un caso donde hay personas que están siendo irregularmente transportadas y colocadas en situación de peligro y que muy probablemente detrás de ello haya un grupo organizado criminal; tampoco se debe descartar que haya casos de ajusticiamientos en el mar. De acuerdo con ambas administraciones, se encuentran trabajando en cooperación para tratar de determinar quiénes están detrás de esta situación.
Mas allá de esto, sino se estuviera viviendo una crisis humanitaria de tal nivel, nadie tendría que salir huyendo, nadie estaría en peligro y no tendríamos que ser testigos de tan lamentables hechos a semanas de terminar este 2020.
«Llegó el momento en que el sufrimiento de los demás ya no les bastó: tuvieron que convertirlo en espectáculo». Amélie Nothomb