El gobierno del presidente Joe Biden anunció que no puede renovar la moratoria nacional a los desalojos, luego de que la Corte Suprema indicó que solamente podía ser extendida hasta el final del mes de julio.
La moratoria, de 11 meses de duración, debía permanecer en vigor hasta septiembre, pero una reciente sentencia de la Suprema Corte señaló que no puede continuar más allá del 31 de julio sin la autorización del Congreso, informó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
La moratoria fue decretada por el expresidente Donald Trump en marzo del 2020 como parte de las medidas de emergencia ante el recrudecimiento de la pandemia en EEUU y fue extendida en tres ocasiones (cada una de ellas durante tres meses). Luego la administración Biden lo hizo en dos ocasiones más, la última solo hasta el 31 de julio, como anticipó el máximo tribunal del país.
La Casa Blanca señaló que Biden hubiera preferido extender la moratoria federal a los desalojos debido a la «diseminación de la variante delta» del coronavirus, la cual es altamente contagiosa. En lugar de ello, el mandatario exhortó al Congreso “a extender la moratoria a los desahucios para proteger a los inquilinos vulnerables y sus familias”.
«A la luz de la sentencia de la Suprema Corte, el Presidente pide al Congreso que prorrogue la moratoria de desahucios para proteger sin demora a los inquilinos vulnerables y a sus familias», añadió.
Florida, uno de los estados más impactados por la pandemia de coronavirus y con miles de casos pendientes en las cortes del estado, se enfrenta ahora a una compleja situación que comienza en agosto con los desalojos y las ejecuciones hipotecarias, si el Congreso no aprueba una autorización.
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro lanzó esta semana una campaña para dar a conocer el programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler, que proporciona fondos para ayudar a pagar los gastos de vivienda y servicios públicos.
El Tesoro dijo que envió 25.000 millones de dólares a los estados y localidades en el marco del programa en febrero, y que hay otros 21.500 millones disponibles.
Sin embargo, hasta junio, menos de 3.000 millones habían llegado hasta los inquilinos, por lo que varios republicanos del Congreso acusaron al gobierno demócrata de gestionar mal el programa, lo que fue rechazado por la Casa Blanca.
Asesores de Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, y del senador Sherrod Brown, presidente de la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos de la cámara alta, dijeron que ambos están trabajando en un proyecto de ley para extender la moratoria. Los demócratas intentarán aprobar una ley lo más pronto posible y están exhortando a los republicanos a que no la bloqueen.
Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) decretaron la moratoria en septiembre del año pasado.
El máximo tribunal logró apenas una apretada mayoría de 5-4 el mes pasado para permitir que la prohibición a los desalojos continuara hasta fin de julio. Uno de los que emitieron los votos mayoritarios, el magistrado Brett Kavanaugh, especificó claramente que bloquearía cualquier extensión adicional a menos que hubiese una “autorización clara y específica por parte del Congreso”.
Para el fin de marzo, 6,4 millones de hogares estadounidenses estaban retrasados en el pago de alquileres, de acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano. Para el 5 de julio, unos 3,6 millones de personas en el país dijeron que enfrentaban la posibilidad de un desalojo en los siguientes dos meses, según una encuesta realizada por la Oficina del Censo.
La doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo en junio que esta sería la última ocasión en que se extendería la moratoria cuando determinó que el plazo vencía el 31 de julio. En un principio se estableció para impedir que las personas echadas a las calles y a albergues agudizaran la propagación del COVID-19.
Los defensores del derecho a la vivienda y algunos legisladores han pedido que se amplíe la moratoria debido al aumento de los casos de coronavirus y al hecho de que se han distribuido muy pocas ayudas para el alquiler.
El Congreso ha asignado casi 47.000 millones de dólares en asistencia que se supone debe destinarse a ayudar a los inquilinos a pagar los meses de alquiler atrasados. Pero hasta ahora, los estados y las localidades sólo han distribuido hasta junio unos 3.000 millones de dólares de una primera partida de 25.000 millones. Algunos estados como Nueva York no han distribuido casi nada, mientras que varios sólo han aprobado unos pocos millones de dólares.
Fuente: Diario las Américas
La Casa Blanca señaló que Biden hubiera preferido extender la moratoria federal a los desalojos debido a la «diseminación de la variante delta» del coronavirus, la cual es altamente contagiosa. En lugar de ello, el mandatario exhortó al Congreso “a extender la moratoria a los desahucios para proteger a los inquilinos vulnerables y sus familias”.
«A la luz de la sentencia de la Suprema Corte, el Presidente pide al Congreso que prorrogue la moratoria de desahucios para proteger sin demora a los inquilinos vulnerables y a sus familias», añadió.
Florida, uno de los estados más impactados por la pandemia de coronavirus y con miles de casos pendientes en las cortes del estado, se enfrenta ahora a una compleja situación que comienza en agosto con los desalojos y las ejecuciones hipotecarias, si el Congreso no aprueba una autorización.
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro lanzó esta semana una campaña para dar a conocer el programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler, que proporciona fondos para ayudar a pagar los gastos de vivienda y servicios públicos.
El Tesoro dijo que envió 25.000 millones de dólares a los estados y localidades en el marco del programa en febrero, y que hay otros 21.500 millones disponibles.
Sin embargo, hasta junio, menos de 3.000 millones habían llegado hasta los inquilinos, por lo que varios republicanos del Congreso acusaron al gobierno demócrata de gestionar mal el programa, lo que fue rechazado por la Casa Blanca.
Asesores de Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, y del senador Sherrod Brown, presidente de la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos de la cámara alta, dijeron que ambos están trabajando en un proyecto de ley para extender la moratoria. Los demócratas intentarán aprobar una ley lo más pronto posible y están exhortando a los republicanos a que no la bloqueen.
Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) decretaron la moratoria en septiembre del año pasado.
El máximo tribunal logró apenas una apretada mayoría de 5-4 el mes pasado para permitir que la prohibición a los desalojos continuara hasta fin de julio. Uno de los que emitieron los votos mayoritarios, el magistrado Brett Kavanaugh, especificó claramente que bloquearía cualquier extensión adicional a menos que hubiese una “autorización clara y específica por parte del Congreso”.
Para el fin de marzo, 6,4 millones de hogares estadounidenses estaban retrasados en el pago de alquileres, de acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano. Para el 5 de julio, unos 3,6 millones de personas en el país dijeron que enfrentaban la posibilidad de un desalojo en los siguientes dos meses, según una encuesta realizada por la Oficina del Censo.
La doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo en junio que esta sería la última ocasión en que se extendería la moratoria cuando determinó que el plazo vencía el 31 de julio. En un principio se estableció para impedir que las personas echadas a las calles y a albergues agudizaran la propagación del COVID-19.
Los defensores del derecho a la vivienda y algunos legisladores han pedido que se amplíe la moratoria debido al aumento de los casos de coronavirus y al hecho de que se han distribuido muy pocas ayudas para el alquiler.
El Congreso ha asignado casi 47.000 millones de dólares en asistencia que se supone debe destinarse a ayudar a los inquilinos a pagar los meses de alquiler atrasados. Pero hasta ahora, los estados y las localidades sólo han distribuido hasta junio unos 3.000 millones de dólares de una primera partida de 25.000 millones. Algunos estados como Nueva York no han distribuido casi nada, mientras que varios sólo han aprobado unos pocos millones de dólares.
Fuente: Diario las Américas