MIAMI- La teoría disfuncional socialista, más que probada durante el siglo XX y lo que va de XXI, de quitarle cada vez más dinero a los ricos para entregar a los pobres ha sido uno de los objetivos fundamentales del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris.
Tan pronto como en abril de 2021, la Casa Blanca expuso aumentos radicales en impuestos a las medianas y grandes empresas entre el 21% y el 28%, con posibilidades de que aumentaran al 34%. El propósito: captar fondos para proyectos sociales, cambio climático, donaciones a gobiernos y entidades internacionales, etc… todos irrentables y apartados de las verdaderas necesidades de la nación.
A pesar de ser aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, bajo el control de los demócratas en ese momento, el Proyecto de Ley fue rechazado de inmediato en el Senado, con mayoría republicana.
La propuesta tuvo críticas contundentes de senadores demócratas como Joe Manchin y kyrsten Sinema, junto a representantes del mismo partido.
Esta fue la primera vez que el gobierno Biden-Harris intentaba pasar en el Congreso esta resolución dentro del plan de presupuesto. En el resto de su mandato hubo otros tres intentos. El último ocurrió en marzo de este año.
Peores consecuencias
Por recomendaciones políticas de asesores y el gran muro que levantaron los conservadores, la izquierda se vio obligada a “renunciar” en 2021 al ambicioso y destructivo plan fiscal, en medio de una escalada de precios que recién comenzaba, por causa del ataque frontal de Joe Biden a la industria petrolera estadounidense.
De aprobarse el plan, las consecuencias hubiesen sido aún más desastrosas de lo que ha experimentado la economía norteamericana con las desacertadas políticas de cambio climático de la actual administración. La inflación, por ejemplo, hubiese superado posiblemente hasta un 16% o 18%, quizás más; de acuerdo con economistas.
A escasas semanas de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Biden impone desde el escritorio de la Oficina Oval un aumento obligatorio fiscal y adicional de 15%, bajo el pretexto de la evasión fiscal de grandes empresas estadounidenses.
Más de 100 de las mayores empresas de Estados Unidos deberán pagar ahora un impuesto adicional de 15% para financiar el «plan climático» de Joe Biden y Kamala Harris que forma parte -de forma edulcorada y en la versión norteamericana- de la famosa y altamente cuestionada Agenda Globalista 2030, del denominado Foro Económico Mundial de Davos.
El Departamento del Tesoro publicó un texto preliminar de aplicación de la normativa de la actual administración.
Apple, Microsoft, Walmart, Target, SpaceX, Tesla, Meta, Ford, General Motors, Stellantis, Boeing y muchas otras serán obligadas a pagar el nuevo impuesto adicional del 15%.
Lo anterior forma parte del «plan económico y presupuestario» de la candidata demócrata a la Presidencia Kamala Harris en sus reales intentos de controlar y atacar las grandes empresas privadas en EEUU con el fin de repartir más dinero con fines políticos y de campañas de tendencia socialista en proyectos sociales irrentables: mantener al pobre, que continuará siendo pobre con el dinero de los ricos. En síntesis… el odio a la riqueza, pero a la «ajena»…
Agenda 2030
Esta misma camisa de fuerza fiscal contra las grandes empresas ha hecho añicos el otrora poder económico de California y de Nueva York, entre otros estados, además de provocar un éxodo masivo de residentes y valiosas firmas.
Solo en California más de 265 grandes y medianas compañías decidieron irse por leyes tributarias más estrictas y con carácter progresivo, firmadas por el gobernador de extrema izquierda Gavin Newsom.
La normativa fiscal está estipulada en la denominada Agenda 2030, un plan elaborado y aprobado por los miembros del Foro Económico Mundial que consta de 17 objetivos fundamentales y 169 metas. Esta agenda remarca el control de estados y gobiernos en las economías y su intromisión directa en el proceso natural autorregulador del sistema occidental capitalista de propiedad y empresa privadas; y oferta-demanda.
Parte de esa iniciativa fue diseñada primero por el llamado Foro de Sao Paulo, impulsado por la extrema izquierda o grupos que impulsan los lineamientos del «socialismo del siglo XXI» con una definida intención de un Nuevo Orden Mundial.
Su propósito básico es exprimir a esa gran empresa privada con altas tarifas fiscales para llenar las arcas de los gobiernos y que cada vez más personas y entidades sean dependientes de subsidios estatales y federales.
Esta agenda ha sido definida por economistas honestos y renombrados en el mundo como el gatillo para la debacle de la economía capitalista mundial.
La medida le quitará -en principio- a las empresas estadounidenses más de 250.000 millones de dólares en unos 10 años, de los cuales 20.000 millones se recaudarían en 2025.
El acuerdo en el marco también de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 38 países y fundada en 1961 en París, introduce una tasa mínima mundial de impuestos sobre las ganancias de las multinacionales del 15%, con el objetivo de “terminar con los incentivos fiscales para captar inversiones”.
En Estados Unidos el Congreso se opuso a este pacto, pero ahora se impone en EEUU como «algo diferente», cuando en realidad es lo mismo.
A partir del anuncio se abrió un período de comentarios públicos hasta el 12 de diciembre, y está prevista una audiencia pública sobre la nueva legislación estadounidense el 16 de enero.
La normativa afecta a empresas que ganan 1.000 millones de dólares al año o más.
Efecto dominó
Pero, el dinero que estas corporaciones paguen adicional en impuestos, lo trasladarán al costo de producción y de venta de muchos productos de alto valor como automóviles, equipos electrodomésticos, teléfonos, computadoras, etc.
Las propuestas fiscales de la actual administración en Washington causaron un fuerte rechazo de la Cámara de Comercio de EEUU.
“Las políticas de Biden en realidad conllevan a un menor crecimiento económico, menos creación de empleos, menos creación de nuevas empresas y menos opciones para las familias estadounidenses”, dijo Neil Bradley, director de políticas de esa prestigiosa institución.
Según el gobierno de Biden-Harris, se trata de impedir que las empresas utilicen estratagemas fiscales que le permiten pagar mucho menos que la tasa estándar. Pero en realidad es un ataque a las ganancias de las grandes empresas estadounidenses para financiar objetivos partidistas de la izquierda y de la extrema izquierda, no sólo en EEUU sino en el mundo.
La medida elevaría los precios, pero lo peor es que atenta contra los incentivos auténticos de crecimiento de las pequeñas y medianas compañías en busca convertirse en grandes corporaciones, además de obligarlas a buscar alternativas urgentes y radicales.
Sin embargo, la errática secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, considera que es «una etapa importante hacia la concreción de esfuerzos para luchar contra la evasión fiscal de las empresas estadounidenses y garantizar que se evite que las firmas más grandes y rentables del país paguen pocos impuestos».
La narrativa suena bien a los oídos de asalariados, pero las consecuencias van directamente a sus bolsillos y atacan la capacidad adquisitiva cada vez menor de la mayoría de los estadounidenses, tras la peor inflación en casi cinco décadas.
Por más de tres años, los altos precios de viviendas, seguros, servicios, vehículos, préstamos, alimentos, gasolina, productos y materiales de construcción, electrodomésticos y prácticamente todos los enseres de consumo, ha desgastado el nivel de vida de los estadounidenses.
Los resultados económicos obtenidos por el gobierno de Donald Trump se debieron en parte al gran impulso de las grandes corporaciones después de un recorte fiscal del 35% al 21%, y esa motivación también estuvo presente en la sorprendente recuperación después de la pandemia de COVID-19.
Entre el 2018 y 2019, período de gobierno del republicano y antes de la crisis sanitaria, la economía estadounidense creó como promedio unos 185.000 empleos mensuales, más de 2,2 millones de puestos por año. En los tres primeros años, casi 7 millones de vacantes se sumaron a la economía estadounidense. ¿Los protagonistas? Las medianas y grandes empresas del país.
Este ataque resulta familiar y característico del gobierno Biden-Harris, y muy similar y con los mismos pronósticos nefastos del que ejecutó contra las petroleras estadounidenses por sus políticas de cambio climático. ¿Las consecuencias? Todavía la sufren los consumidores estadounidenses, las empresas y hasta los bancos: la mayor inflación en las últimas cinco décadas.