El bloque masivos de las big tech al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando aún estaba en el cargo, desató una polémica que ahora llega hasta el máximo tribunal del país. El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, entró este lunes en el debate que contempla los límites entre lo público y lo privado, la libertad de expresión y las garantías constitucionales, fijando posición a favor del reclamo de Trump e insinuando que el Congreso podría despojar a empresas como Twitter y Facebook de las protecciones de la Primera Enmienda en la que se amparan para regular varias formas de expresión en estas plataformas.
Cuando la Corte Suprema emitió este lunes una orden declarando “discutible” una demanda por el bloqueo de Trump a algunos usuarios de Twitter para que no comentaran en sus publicaciones, el juez Clarence Thomas aprovechó para expresar en un escrito de 12 páginas su preocupación por el hecho de que espacios de debate público como las redes sociales estén en manos de muy pocas personas, según reseñó Politico.
“Las plataformas digitales actuales facilitan vías para una cantidad de discursos sin precedentes en la historia, incluidos los discursos de actores gubernamentales. Sin embargo, también es algo sin precedentes el control de tantos discursos en manos de unas pocas partes privadas”.
Las redes sociales como feudos personales
En este sentido, Thomas criticó que los propietarios de Google y Facebook, por ejemplo, manejen como feudos personales a estos gigantes tecnológicos con tanto poder. A su juicio, ambas empresas son públicas, y a Facebook la controla una sola persona (Mark Zuckerberg), mientras que a Google la manejan dos personas (Larry Page y Sergey Brin).
El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos comparó a las empresas de redes sociales con “alojamientos públicos”, según reseña de The Daily Wire. “Incluso si las plataformas digitales no se parecen lo suficiente a los operadores comunes, las legislaturas sí podrían tratarlas como lugares de alojamiento público. Aunque las definiciones entre las jurisdicciones varían, una empresa normalmente es un lugar de alojamiento púbico si brinda ‘alojamiento, comida, entretenimiento u otros servicios al público… en general’ (…) Twitter y otras plataformas digitales se parecen a esta definición”.
Regulación para restringir el derecho a exclusión
Su propuesta para corregir esta situación apunta a una regulación desde el Congreso, la cual sugirió sin complejos. “Las similitudes entre algunas plataformas digitales y los operadores comunes o lugares de alojamiento público pueden dar a los legisladores argumentos sólidos para regular de manera similar las plataformas digitales (…) Es lógico pensar que si el Congreso puede exigir que las compañías telefónicas operen como operadores comunes, pueda pedir lo mismos a las plataformas digitales”.
Para el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, las limitaciones de espacio en las plataformas digitales son prácticamente inexistentes (a diferencia de las empresas operadoras de cable) y, por lo tanto, una regulación que restrinja el derecho de exclusión de una plataforma digital no estaría limitando el alcance de los mensajes en la plataforma.
Las big tech contra Trump
Las redes sociales habían comenzado a clasificar como “información engañosa” los mensajes de Donald Trump durante la campaña. Luego de la elección del 3 de noviembre la censura arreció frente a las denuncias de fraude que hizo el republicano. Y la irrupción en el Capitolio ocurrida el 6 de enero fue la excusa perfecta para el bloque total.
Twitter eliminó de forma permanente la cuenta de Donald Trump. Facebook e Instagram prohibieron de forma indefinida la propagación de sus mensajes. Snapchat siguió los mismos pasos. Y YouTube, propiedad de Google, aplicó la misma medida a la cuenta del exmandatario.
Fuente: PanamPost