La ley establece porcentajes graduales para el pago de la alícuota: 1,4% para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos (de 4,3 a 5,7 millones de dólares); 1,9% de 40 millones a 50 millones (de 5,7 millones a 7,2 millones de dólares) y 2,4% para fortunas mayores.
El impuesto será anual y permanente para todas las personas que vivan en Bolivia, incluso los extranjeros, y con bienes, depósitos y valores que tengan en el territorio nacional y en el exterior. Para ello, deberán hacer una declaración jurada.
La medida se aplica a personas naturales residentes en Bolivia, que tengan una permanencia en el país por más de 183 días durante los últimos 12 meses.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que «las tasas efectivas se enmarcan en los parámetros promedio de otras economías de la región que aplican un impuesto similar y se guarda la plena confidencialidad de quienes son alcanzados con este impuesto.
Anteriormente, la autoridad del área económica estimó que por con la nueva norma se recaudaría unos 100 millones de bolivianos, unos 14,3 millones de dólares.
Los partidos de la oposición y los empresarios habían manifestado sus observaciones a la norma, porque consideraron que es un desincentivo a las inversiones.
Los opositores propusieron incluso que lo recaudado por el impuesto sea destinado exclusivamente para la lucha contra el coronavirus que de marzo a la fecha causó más de 154.800 contagiados y más de 9.090 muertos y que se encuentra en fase de alza.
Fuente: Diario las Américas