Bruno Fornillo, uno de los tantos aduladores de Evo Morales, en su libro: Debatir Bolivia, relata que durante los años 90 se fundaron más de 450 ONGS en el país. Muchas de estas instituciones, por no decir todas, estaban imbuidas por corrientes de izquierda. Sus objetos de investigación eran el indigenismo, el feminismo, el ecologismo y la defensa de la hoja de coca. Pero en honor a la verdad, todas eran simples fachadas para su verdadero objetivo: Desestabilizar la democracia boliviana desde adentro.
Las ONG, junto con la «Diplomacia de los pueblos» de Hugo Chávez, fueron una invasión tipo proxie. Es decir, la agresión a la seguridad nacional por parte de otro Estado usando métodos no militares. La ventaja de esta modalidad de ataque es su capacidad de pasar desapercibida. Pues nadie pensaría mal de una institución que busca, por ejemplo, promover reivindicaciones de los pueblos indígenas y productores de coca.
Como podemos apreciar, la lucha entre los cocaleros y el Estado boliviano fue artificialmente ideologizada por activistas de Derechos Humanos, Sancha llorenti, entre ellos, operadores mediáticos, Amalia Pando y Carlos Mesa, por citar un par de casos, y agitadores extranjeros, Kathryn Ledebur, por ejemplo.
Las ONG también estuvieron detrás de los procesos subversivos que sufrió Bolivia los primeros años del siglo XXI. Pero fue con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, 17 de octubre 2003, que culminaron su plan.
La gestión de Carlos Mesa (2003 – 2005) fue un intento de cogobierno con Evo Morales. Pero el cocalero, después de haber conseguido la convocatoria a una Asamblea Constituyente, le bajó el pulgar al historiador. El traidor había sido traicionado.
La elección del 2005 y la convocatoria a la constituyente del 2006 dinamitaron las bases de la institucionalidad democrática, y nos condujeron a convertirnos en un Estado fallido.
El Dr. Steven Metz y el Teniente Coronel Raymond Millen, en su ensayo: La relación entre la insurgencia y las pandillas, definen un Estado fallido como:
Un Estado fallido es un gobierno que se ha vuelto incapaz de proporcionar las funciones y responsabilidades básicas de una nación soberana, como la defensa militar, la aplicación de la ley, la justicia, la educación o la estabilidad económica. Las características comunes de los Estados fallidos incluyen la violencia civil, la corrupción, el crimen, la pobreza, el analfabetismo y la infraestructura en ruinas.
¿Podemos aplicar esta definición a Bolivia?
Claro que sí. Veamos las razones.
El año 2015, la empresa estadounidense Bloomberg ―con datos proporcionados por el Banco Mundial y la OMS― elaboró un informe sobre los sistemas de salud de 108 naciones del mundo. ¿Qué creen? Pues que ocupamos el último lugar a nivel Sudamérica.
De igual manera, la OMS determinó que Bolivia ocupa el primer lugar en muertes por Cáncer en Cuello Uterino y el segundo lugar con mayor índice de mortalidad por Cáncer en América del Sur.
En el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce) Bolivia ocupa uno de los últimos lugares en desempeño educativo. Lenguaje y ciencias naturales son las materias en las cuales los estudiantes bolivianos de primaria tienen los peores desempeños.
En cuanto al álgido tema de la justicia, la Organización para la transparencia Internacional, en su índice de percepción de la corrupción 2021, muestra que los ciudadanos bolivianos ven a la justicia como uno de los sectores más corruptos del país.
Además, Global Human Rights Leage certifica 164 presos políticos en Bolivia y la existencia de más de 8000 bolivianos solicitando asilo o refugio. Todo debido a la situación de indefensión en la que se encuentran los opositores al régimen.
¿Y la economía de la que tanto presumen Arce Catacora y sus ministros?
Ya nadie, con excepción de los militantes más fanáticos de la pandilla azul, cree que Bolivia sea un oasis económico. Sucede que a partir de la caída del precio de las materias primas en 2014 no se recortó el gasto público, que hubiese sido ideal, sino que se intentó solventar el modelo por medio del incremento de la deuda pública. Pero hoy, ni eso ya está funcionando.
La tendencia decreciente de la Reservas Internacionales nos muestra una muy baja capacidad exportadora. Pero también un nivel tan bajo de divisas incrementa la presión sobre el tipo de cambio. Es decir, que la estabilidad económica del país depende de un pilar cada vez más dinamitado por el propio gobierno.
A modo de cierre, La Carta Democrática Interamericana establece que una democracia saludable debe contener los siguientes elementos: 1) Respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; 2) Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; 3) La celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; 4) El régimen plural de partidos y organizaciones políticas; 5) La separación e independencia de los poderes públicos.
Ninguno de esos elementos está presente en el país. Bolivia no es una democracia en crisis, es un Estado fallido.