La principal fiscal de la Corte Penal Internacional dijo el miércoles que Bolivia le ha solicitado investigar si el expresidente Evo Morales y sus simpatizantes cometieron crímenes de lesa humanidad al bloquear carreteras para impedir que algunos habitantes de una de las naciones más pobres de América Latina tuvieran acceso a atención médica vital durante la pandemia del coronavirus.
En un escrito presentado el viernes ante la CPI, Bolivia alega que Morales y sus partidarios incitaron bloqueos en agosto que tuvieron “la consecuencia directa de provocar la muerte de diversas personas y ansiedad en el resto de la población” porque no podía acceder a atención médica ni a oxígeno medicinal, indicó la corte en un comunicado.
El país sudamericano presentó su solicitud en medio de la crispación política suscitada después de que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia pospusiera las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre debido a advertencias de expertos médicos de que sería inseguro llevarlas a cabo mientras la pandemia no estuviera bajo control. Es la tercera ocasión en que se aplazan los comicios, lo cual hizo enfurecer a manifestantes afines a Morales que acusan al gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez de intentar aferrarse al poder.
Después de 14 años al frente del gobierno, Morales renunció el 10 de noviembre por presiones de las fuerzas armadas y la policía durante protestas y disturbios generalizados en medio de acusaciones de que intentaba reelegirse en forma fraudulenta. Entonces se exilió en México y después en Argentina.
Morales fue el primer presidente indígena del país y mantiene una poderosa influencia en Bolivia. Su partido, el Movimiento Hacia el Socialismo, controla el Congreso.
En su documento entregado a la corte, Bolivia afirma que “durante más de 10 días” los cercos a diferentes ciudades y bloqueos de carreteras “impidieron el paso de suministro de alimentos, oxígeno medicinal, circulación de ambulancias, médicos y paramédicos”, y “esta situación provocó el sufrimiento de las poblaciones afectadas y derivó en la muerte de al menos 40 pacientes”.
En la denuncia se afirma que Morales y sus principales colaboradores cometieron crímenes de lesa humanidad y actos inhumanos “causando intencionalmente gran sufrimiento, o daños graves al organismo o a la salud mental o física”.
En Bolivia, un miembro del partido de Morales dijo que la CPI decidirá si acepta o rechaza la denuncia.
“Sólo se está admitiendo la denuncia, que puede declararse probada o improbada. Además, el gobierno también es responsable de la masacre en las protestas de noviembre del año pasado y no dice nada”, dijo el legislador Sergio Choque.
La entrega de la denuncia por parte de las autoridades de Bolivia no deriva automáticamente en una investigación por parte de la CPI, con sede en La Haya, pero significa que si la fiscal Fatou Bensouda decide abrir una pesquisa formal, no necesita autorización de los jueces de la corte.
Los fiscales sopesarán si tienen jurisdicción y si el caso es admisible de acuerdo con las reglas de la corte antes de decidir si emprenden una investigación.
La Corte Penal Internacional fue establecida en 2002 para someter a la justicia a responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y el crimen internacional de agresión cuando otros países carecen de la capacidad o la disposición para juzgarlos.
Fuente: Diario las Américas
Después de 14 años al frente del gobierno, Morales renunció el 10 de noviembre por presiones de las fuerzas armadas y la policía durante protestas y disturbios generalizados en medio de acusaciones de que intentaba reelegirse en forma fraudulenta. Entonces se exilió en México y después en Argentina.
Morales fue el primer presidente indígena del país y mantiene una poderosa influencia en Bolivia. Su partido, el Movimiento Hacia el Socialismo, controla el Congreso.
En su documento entregado a la corte, Bolivia afirma que “durante más de 10 días” los cercos a diferentes ciudades y bloqueos de carreteras “impidieron el paso de suministro de alimentos, oxígeno medicinal, circulación de ambulancias, médicos y paramédicos”, y “esta situación provocó el sufrimiento de las poblaciones afectadas y derivó en la muerte de al menos 40 pacientes”.
En la denuncia se afirma que Morales y sus principales colaboradores cometieron crímenes de lesa humanidad y actos inhumanos “causando intencionalmente gran sufrimiento, o daños graves al organismo o a la salud mental o física”.
En Bolivia, un miembro del partido de Morales dijo que la CPI decidirá si acepta o rechaza la denuncia.
“Sólo se está admitiendo la denuncia, que puede declararse probada o improbada. Además, el gobierno también es responsable de la masacre en las protestas de noviembre del año pasado y no dice nada”, dijo el legislador Sergio Choque.
La entrega de la denuncia por parte de las autoridades de Bolivia no deriva automáticamente en una investigación por parte de la CPI, con sede en La Haya, pero significa que si la fiscal Fatou Bensouda decide abrir una pesquisa formal, no necesita autorización de los jueces de la corte.
Los fiscales sopesarán si tienen jurisdicción y si el caso es admisible de acuerdo con las reglas de la corte antes de decidir si emprenden una investigación.
La Corte Penal Internacional fue establecida en 2002 para someter a la justicia a responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y el crimen internacional de agresión cuando otros países carecen de la capacidad o la disposición para juzgarlos.
Fuente: Diario las Américas